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La fiscalía lleva al alcalde de Paterna al juzgado por prevaricación

Los socialistas denunciaron que la adjudicación del proyecto del auditorio Fue anulado tras un recurso del Gobierno porque se hizo de forma directa y al margen de la ley

El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, del PP.
El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, del PP.SANTIAGO CARREGUÍ

“Una cosa es ganar un concurso de ideas y otra muy distinta resultar adjudicatario”. La secretaria del Ayuntamiento de Paterna y el oficial mayor ya lo advirtieron en un informe conjunto en 2010, que coincidía con otro emitido en el mismo sentido por el interventor municipal, a los que hizo caso omiso el equipo de gobierno. La adjudicación directa del proyecto del auditorio de la localidad, sin un procedimiento con publicidad y concurrencia, fue anulada por ello en junio de 2012 por un juzgado de lo contencioso-administrativo. Ahora, el caso llevará al alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, del PP, al juzgado acusado por la fiscalía de un posible delito de prevaricación.

En respuesta a una denuncia presentada el pasado 7 de junio por el portavoz socialista en Paterna, Juan Antonio Sagredo, la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, ha remitido al juzgado decano de Paterna las diligencias de investigación incoadas para que abra un procedimiento penal dado que “de lo actuado se desprende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación”. El juzgado decano, conforme a las normas de reparto, tendrá que remitir el caso al juzgado que corresponda para que inicie la instrucción.

La resolución de la fiscalía, que tiene fecha del pasado 8 de julio, abre un nuevo escenario en la política de Paterna, cuyo alcalde argumentó desde el principio, pese a todas las advertencias en sentido contrario, que el proyecto se encargó tras la decisión tomada ante notario por los socios del Centro Musical Paternense como conclusión de un concurso de ideas para la construcción del auditorio y la escuela de música. Con un coste de cinco millones de euros, el complejo del auditorio Antonio Cabeza, inaugurado en enero de 2011, se financió con fondos del denominado Plan E, también conocido como plan Zapatero, pero la Delegación del Gobierno se negó a aceptar el procedimiento de adjudicación del proyecto y acabó interponiendo, en octubre de 2010, un recurso que llevó a su anulación en 2012.

Lorenzo Agustí ignoró informes del interventor y la secretaria municipal

La empresa pública Sociedad Urbanística Municipal de Paterna (Sumpa) invitó en abril de 2008 a varios estudios a un concurso restringido de ideas que ganó el Estudio de Arquitectura de Paterna. En enero de 2009, el alcalde ordenó por decreto a Sumpa que encargara el proyecto de ejecución y la empresa pública lo adjudicó directamente por 456.470 euros al estudio que había ganado el concurso de ideas. Dicha adjudicación directa obviaba los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. En marzo de 2010, y sin atender a los informes del interventor y de la secretaria y el oficial mayor, el pleno del Ayuntamiento de Paterna aprobó, solo con los votos del PP, anular la encomienda a Sumpa, convalidó la falta de expediente de contratación, dio luz verde al expediente de aprobación de gasto y ordenó que se procediera a abonar a la mercantil Estudio de Arquitectura de Paterna el importe cuando se entregara el proyecto.

El edificio, dentro del Plan E, costó cinco millones. El proyecto, 465.000 euros
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El interventor advirtió de que “el contrato por su cuantía está sujeto a regulación armonizada”. La secretaria municipal y el oficial mayor, a su vez, indicaron que efectuar un “procedimiento de concurrencia competitiva” no solo era lo legal sino que “presumiblemente habría conllevado mejoras económicas para el Ayuntamiento que debe afrontar el pago”. Por su parte, el portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, en la denuncia que ha llevado a la fiscalía a pedir la apertura de un procedimiento penal, advertía de que “una cosa es ganar un proyecto de arquitectura y otra muy distinta resultar adjudicatario del mismo sin que exista un concurso público que determine qué empresa resulta ganadora”.

Lorenzo Agustí es uno de los alcaldes destacados del PP en el área metropolitana de Valencia. Esta misma semana renunció a ocupar en las Cortes Valencianas el escaño de la dimitida Alicia de Miguel porque los proyectos que impulsa en Paterna requieren su “absoluta dedicación”.

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