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El ‘pleno escoba’ no barre la corrupción

El PP rechaza comisiones de investigación sobre Tauroni, Ruralter y otros casos

El expresidente Francisco Camps entra en el hemiciclo, con Rafael Blasco (izquierda) en su escaño de diputado no adscrito.
El expresidente Francisco Camps entra en el hemiciclo, con Rafael Blasco (izquierda) en su escaño de diputado no adscrito.JOSÉ JORDÁN

Con el escaño vacío de Alicia de Miguel, que ha sido la última baja de un Grupo Popular muy agitado toda la legislatura, y los escaños azules del Consell casi tan vacíos como es costumbre (solo Serafín Castellano y Juan Carlos Moragues asistieron por obligación a la sesión), el denominado pleno escoba, que cierra el curso parlamentario, estuvo marcado este miércoles en las Cortes Valencianas por el debate sobre la corrupción. Hasta cuatro comisiones de investigación, una solicitada por partida triple y otra por partida doble, se acumularon en el orden del día.

El PP criticó a la oposición por abusar de la fórmula. “Tienen vocación de inquisidores”, acusó Rafael Maulenda a los grupos de izquierda, tras recordar que han propuesto hasta 84 comisiones esta legislatura (solo se creó una de Emarsa cerrada en falso y otra sobre la CAM cuyo calendario se amplió este mismo miércoles para el próximo período de sesiones). El también popular Rubén Ibáñez incidió en ello y dijo, de forma un tanto confusa, que la oposición “hace de la norma excepcional una norma corriente y ordinaria”.

“Es un simple ejercicio de transparencia lo que estamos proponiendo”, clamó la socialista Vicenta Crespo al defender una investigación de la gestión de las ayudas europeas de los programas Ruralter, que han ido a parar a actividades de escasa “ruralidad” o claramente vinculadas al PP y sus alcaldes. “Ha habido irregularidades de casi imposible subsanación”, la secundó Esther López, de Esquerra Unida. “Se ha producido una utilización privativa de lo público”, insistió Josep Maria Pañella, de Compromís. Fernando Giner, del PP, les acusó de basarse en “generalidades y vaguedades, cuando no falsedades”.

Los populares acusan a la oposición de “tener vocación de inquisidores”

Mònica Oltra, de Compromís, había intentado por la mañana argumentar que merecía una investigación la detención de la cúpula de la empresa Esabe y la declaración de uno de los imputados en el sentido de que habían sobornado a “un tal Eloy” para conseguir contratos de seguridad en el hospital La Fe, cuando era director general de la Consejería de Sanidad Eloy Jiménez. Más si se tiene en cuenta que la Generalitat contrató con la empresa, inhabilitada por irregularidades, hasta 47 millones desde departamentos dirigidos por Vicente Rambla, Serafín Castellano o Rafael Blasco.

Este último protagonizó el debate más caliente. Sentado en su escaño de diputado no adscrito siguió la sesión sin darse por aludido. Más inquieto parecía el expresidente del Consell, Francisco Camps, que acudió al pleno, estuvo un rato y se marchó.

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La socialista Clara Tirado y Marina Albiol, de Esquerra Unida, pidieron que se investigaran los 23 contratos por más de 32 millones de euros que Augusto César Tauroni, el único imputado del caso cooperación en prisión, firmó con las consejerías por las que fue pasando Blasco. “Sólo hemos encontrado”, dijo Tirado sobre la actitud del Grupo popular, “a 54 disciplinados secuaces del brazo político de una estructura tramada para el saqueo del dinero público”. “Igual que Tauroni no es un delincuente cualquiera, Blasco no es un simple diputado no adscrito”, apuntó Albiol, para recordar que ha sido consejero varias veces. Mireia Mollà, de Compromís, esgrimió el escrito de acusación de la Abogacía de la Generalitat que confirma “un modus operandi corrupto”.

Contratos agrarios y “estupidez parlamentaria”

A media tarde, mientras se discutía la cuarta de las comisiones de investigación, en este caso sobre la gestión de la empresa Marina Salud en el hospital de Dénia, propuesta por Compromís, socialistas y Esquerra Unida renunciaron a sus turnos de palabra para pillar por sorpresa al PP, en clara inferioridad numérica en ese momento. El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, lo impidió al retrasar de manera ostensible la votación para que los diputados populares volvieran a sus escaños.

En el pleno se leyó una declaración institucional a favor de la venta de la empresa Galmed, en Sagunto, para evitar su cierre, y se aprobó, con el apoyo del PP y el PSPV-PSOE, una ley de contratos agrarios que, según explicó la popular Maritina Hernández, dará “más seguridad” a los “usos y costumbres del sector agrario”. Serafín Castellano, consejero de Gobernación y Justicia, acudió porque el proyecto era suyo. Otro consejero, el de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, justificó la validación del decreto ley que reduce un 2,02% los sueldos de 137 altos cargos por no haber conseguido el objetivo de déficit. Tanto Moragues como el diputado del PP Ricardo Costa dijeron que supone “el cumplimiento de un compromiso con los valencianos” y enfatizaron que Fabra es el cuarto presidente autonómico que menos cobra y que los altos cargos valencianos cuestan 5,5 millones frente a 12,6 millones en Cataluña o nueve en Andalucía.

La oposición se abstuvo en la convalidación, pero se despachó a gusto. Marga Sanz, de EUPV lo calificó de “juego de niños” y Mireia Mollà, de Compromís, de “insultante y ridículo”, dada la crisis institucional que se vive y con el escándalo de los sobresueldos de los diputados del PP en danza. El socialista Rafael Rubio dijo que se trata de “una estupidez parlamentaria”. Y añadió: “Ha costado más hacer el decreto ley y los informes previos que lo que se va a ahorrar con la rebaja”. Concretamente, 155.000 euros.

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