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La Generalitat da el paso para recusar al presidente del Constitucional

Mas rechaza que De los Cobos dirima las reclamaciones planteadas por el PP

Reunión semanal del Gobierno catalán de hoy Ampliar foto
Reunión semanal del Gobierno catalán de hoy EFE

La carrera para recusar al presidente del Tribunal Constitucional por su militancia en el Partido Popular ha comenzado. El pistoletazo de salida lo dio ayer la Generalitat de Cataluña, que entiende que la presencia de Francisco Pérez de los Cobos en las deliberaciones sobre los numerosos conflictos que mantiene con el PP y el Gobierno puede contaminar las sentencias. De entrada, el Gobierno catalán rechaza que el magistrado pueda dirimir sobre asuntos como la Ley de Educación de Cataluña, recurrida por el Partido Popular. Sin embargo, amenaza con extender la recusación a todos los conflictos competenciales en los que el PP o el Gobierno sean parte. En total el Gobierno central y la Generalitat tienen 47 litigios pendientes en el Alto tribunal. Otras comunidades como Andalucía y País Vasco se plantean también recusar al magistrado.

Nadie quiere dar pasos en falso. El Gobierno catalán se ha limitado de momento a encargar un informe a sus servicios jurídicos para determinar las posibilidades de éxito de las recusaciones. Sin embargo, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, dejó claro que es solo cuestión de tiempo que la Generalitat intente apartar a Pérez de los Cobos: “La recusación la tenemos que acabar de detallar, pero la presentaremos seguro”.

El argumento que utiliza el Gobierno catalán contra el presidente del Constitucional es que su militancia política “confirma la sensación” de que puede haber “contradicción de intereses” cuando Pérez de los Cobos deba decidir acerca de los recursos que su partido presente ante la institución. La fuerzas políticas catalanas mantienen muy vivo en la memoria el largo episodio de las recusaciones de magistrados durante la larga deliberación del recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que culminó en 2010 con un recorte del texto sustancial. El PP consiguió recusar al magistrado Pablo Pérez Tremps en 2007 porque cuatro años antes, y sin ser aún miembro del Tribunal Constitucional, elaboró un informe para la Generalitat sobre una eventual reforma del Estatuto catalán. La mayor parte de los partidos catalanes entienden que si aquello fue suficiente para recusar a un magistrado, la militancia del PP de Pérez de los Cobos también lo permitiría.

De momento la Generalitat considera factible recusarlo en las reclamaciones impulsadas por el PP. De esta forma, el presidente del Alto Tribunal podría ser apartado de la deliberación del recurso que el PP presentó contra la Ley de Educación de Cataluña. Los populares la recurrieron para acabar con el sistema de inmersión lingüística en catalán que se viene empleando en las escuelas de esa comunidad desde hace 30 años.

Sin embargo, la Generalitat entiende que la afiliación política del magistrado afecta también a su imparcialidad en otros procesos no necesariamente planteados por el PP. Lo que estudia ahora la Generalitat es si hay base para la recusación en los recursos planteados por el Gobierno o incluso los planteados por el Ejecutivo catalán.

En estos momentos el Gobierno central tiene planteados siete recursos de calado político contra la Generalitat. El más sustancioso es el referente a la Declaración Soberanista que el Parlamento catalán aprobó el pasado enero y que el Constitucional mantiene suspendido.

Este recurso ha hecho que, también ayer, el Parlamento de Cataluña decidiera comenzar los trámites para sumarse a las peticiones de recusación de Pérez de los Cobos. La Mesa de la cámara aprobó por mayoría pedir un dictamen al gabinete jurídico en el mismo sentido que el Gobierno de CiU.

Además del recurso contra la declaración soberanista, la Generalitat no quiere que Pérez de los Cobos dictamine sobre otros rcursos como el que el Gobierno presentó contra el decreto de horarios comerciales de Cataluña, más restrictivo con las aperturas en festivo que el del Gobierno central. También se encuentran pendientes de resolución los recursos del Gobierno contra la instauración de una tasa de un euro por cada receta médica, contra las nuevas tasas judiciales catalanas y para vetar el impuesto sobre depósitos bancarios que quiere aplicar el Gobierno catalán. Otra polémica ley catalana pendiente de dictamen es la de Consultas por vía de referéndum.

Pero lo que de veras preocupa a la Generalitat es el nivel de hostilidad que pueda mantener el presidente del Tribunal Constitucional en todo lo referente al proceso soberanista catalán. Después del verano el Parlamento catalán probará la nueva ley de consultas autonómica, que el Ejecutivo de CiU quiere utilizar para preguntar a los catalanes por la autodeterminación de Cataluña. Los nacionalistas dan por hecho que el Gobierno cumplirá sus advertencias y recurrirá el texto nada más ser aprobado. De ahí que la Generalitat rechace de plano que Pérez de los Cobos se mantenga en el puesto a la hora de dictaminar sobre este texto.

En Cataluña solo el Partido Popular levantó ayer la voz contra la recusación que programa la Generalitat. El portavoz del PP en la cámara autónoma, Enric Millo, lamentó que Gobierno y Parlamento quieran “generar dudas” a la opinión pública acerca del Constitucional y señaló que lo único que pretende Convergència i Unió es generar “cortinas de humo” contra cualquier cosa asociada al Estado, informa Neus Vidal. Fue precisamente en el Partido Popular de Barcelona donde Pérez de los Cobos pagó su cuota de militante como mínimo entre los años 2008 y 2011: 37,14 euros al año.

El resto de grupos coincidió en destacar que el presidente del Tribunal Constitucional no debería tener una conexión política tan directa. Así, la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Rovira, quiso remarcar que, aunque Pérez de los Cobos no es magistrado, la Constitución “establece que tiene las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial”.

Desde Iniciativa y la CUP también señalaron que la situación afectaba gravemente a la “credibilidad de la institución”. La portavoz ecosocialista Dolors Camats alegó que el problema no era militar en el partido sino “saber que la militancia influye en las decisiones que uno toma”.

 

El PP defiende que la militancia es una “cuestión privada”

neus vidal

La mayoría de los partidos catalanes han coincidido en remarcar la necesidad de estudiar la recusación ya que creen que la incompatibilidad es manifiesta. Aun así, el portavoz del PP, Enric Millo, ha querido destacar una vez más que estar afiliado no inhabilita para el cargo de presidente del Tribunal Constitucional y, además, “es una cuestión privada y estos datos no se hacen públicos”.

Esta teoría ha sido rechazada por la republicana Marta Rovira, quien ha señalado que aunque Pérez de los Cobos no sea magistrado, la Constitución establece que su puesto tiene las “incompatibilidades propias de un miembro del poder judicial”.

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