Convergència Democràtica, a juicio
CDC ocultó dolosamente al TCU y, sobre todo, a la ciudadanía, datos económicos relevantes
Malos tiempos para soberanismos. Dentro de unos meses, se sentarán en el banquillo 17 acusados, conspicuos representantes de la burguesía catalana y altos cargos de su principal representación política, Convergència. Pero, previamente, debe describirse el marco histórico en el que situar este acontecimiento.
En los días pasados, han saltado a los medios dos noticias. Ester Quintana, que perdió un ojo por una pelota de goma disparada por un mosso d'esquadra, ha dicho: “Las balas de goma son antidemocráticas”. Y, tan grave como lo anterior, nadie ha respondido de esa agresión gravísima y Ester no ha percibido ninguna indemnización. En otro orden de cosas, los partidos mayoritarios de Cataluña, incluido el PSC, han impedido que Agustí Colom, economista de prestigio, vuelva a la Sindicatura de Comptes porque, en su día, destapó la corrupción en la sanidad catalana. Una vez más, los partidos amparan a sus corruptos y rechazan a quienes pueden denunciarla. Aquí no ha habido “España contra Cataluña”, simplemente Cataluña se devora a si misma.
No hace mucho, el presidente Artur Mas arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción por haber impulsado el proceso penal sobre el saqueo del Palau de la Música Catalana y describir cómo se financió ilegalmente Convergència. Pero su intemperante intervención ha tenido una doble y contundente respuesta.
Este panorama de desprecio a las leyes y enriquecimiento injusto, de evidente origen delictivo, no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento y conformidad de CDC
El pasado 27 de Junio, el Tribunal de Cuentas (TCU) presentó, con su ya habitual demora, el Informe de Fiscalización de los partidos correspondiente al ejercicio de 2008. En el mismo, y respecto a las cuentas de CDC, el TCU hace una especial referencia a dicho proceso judicial ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona en cuanto “dirigido”, dice, “a dilucidar una supuesta financiación ilegal de CDC”, que, añade, permitirá comprobar si los “ingresos” declarados por el partido “corresponden a servicios realmente prestados”. Respecto de las donaciones, afirma que “la memoria \[de CDC\] no contiene relación de las donaciones privadas recibidas”. Ciertamente, la investigación penal ha esclarecido los datos económicos, muy relevantes, que CDC ocultó dolosamente al TCU y, sobre todo, a la ciudadanía, a la que tiene permanentemente engañada. Entre los ingresos, cabe destacar el epígrafe “ingresos por servicios a terceros” que, según el TCU, está formado “por los importes cargados por diversos servicios prestados por el partido” a CiU y “sus grupos institucionales” (¿) y a las fundaciones CatDem (la antigua Trías Fargas), por importe de 754.152 euros y Fòrum Barcelona, por importe de 426.924 euros. Y se añade que la justificación aportada por CDC de dichos ingresos “se considera insuficiente”. No, no era solo insuficiente, era espuria. Además, los dirigentes del partido tendrán que aclarar cómo se amortizó la deuda con entidades de crédito que, en 2008, se elevaba a 3.158.306 euros, la mayor parte con garantía hipotecaria. ¿Con qué entidades? ¿Con qué intereses? ¿Sobre qué inmuebles?
En cuanto al control de la Fundación CatDem, el TCU se limita constatar que percibió donativos por valor de 1.379.695,50 euros, remitiéndose también a los resultados del proceso penal.
El auto judicial ya citado, por el que se abre paso a las acusaciones y al juicio oral, ya afirma que, en esta fase, es una “imputación formal” que representa “un juicio de probabilidad de naturaleza incriminatoria” basado en “indicios sólidos y plurales”. Y su primera consecuencia es que desvela la completa mendacidad de la información que CDC envió al TCU. Más fundamental es la constatación de que CDC es responsable civil —como lo fue Unió Democrática en el caso Pallerols — por haberse beneficiado ilícitamente de las conductas delictivas descritas en la resolución. Concretamente, percibió cinco millones de euros a partir, principalmente, de esta conducta: “el flujo de fondos durante los años 2000 a 2009, de la empresa privada Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música Catalana, que obedecían al pago de comisiones por adjudicación de obra pública por parte del Gobierno de la Generalitat”. Pagos que revistieron diversas formas, como en efectivo, mediante facturas falsas y a través de “aparentes convenios de colaboración cultural” entre la Fundación del Orfeó Catalá- Palau de la Música y las referidas fundaciones, operaciones en las que destacaron las intervenciones del tesorero del partido Daniel Osácar y el exdiputado Jaume Camps.
Pero, finalmente, no puede desconocerse la colaboración objetiva con el “expolio” del Palau de la Música de entidades como, en su día, Bancaja, Caixa Manresa y Catalunya Caixa, al hacer desaparecer u ocultar información relevante sobre operaciones de retiradas masivas de efectivo o pagos sistemáticos de cheques al portador, lo que ha llevado al juez instructor a denunciar a estas entidades por incumplimiento flagrante de la Ley de Blanqueo de Capitales. Lo que ha impedido “averiguar el destino de una gran parte de los fondos expoliados…”.
Este panorama, ejecutado durante diez años con un permanente abuso de poder, desprecio a las leyes y enriquecimiento injusto, de evidente origen delictivo, no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento y conformidad de la dirección de CDC. Y expresa la total ausencia de legitimidad ética y democrática de este partido para regir el futuro de Cataluña. Los ciudadanos tienen la palabra y, sobre todo, el voto.
Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal Anticorrupción
