El juez de Invercaria estudia imputar al exdirectivo que hizo las grabaciones
Cantos sostiene que Pérez Sauquillo hizo una “política de regalos” en la empresa
“Una política de regalos”. Fue la inculpatoria frase utilizada este miércoles por Cristóbal Cantos para definir las inversiones de Invercaria, su antigua empresa pública de la Junta. El exdirectivo ha declarado como testigo ante el juez instructor Juan Gutiérrez y ha cargado contra su exjefe Tomás Pérez Sauquillo y su sucesora Laura Gómiz. Cantos ha relatado al magistrado que en una ocasión Gómiz le comentó que su antecesor Pérez Sauquillo, “había hecho una política de regalos”, en referencia a las inversiones generadas en diferentes proyectos por la empresa de capital riesgo. “Se habían realizado inversiones con informes negativos”, ha añadido Cantos, actual director financiero de la Zona Franca de Cádiz, un puesto para el que fue fichado por el PP ya que se trata de un consorcio que depende del Gobierno central.
La guerra entre Cantos e Invercaria viene de lejos. Recientemente, Pérez Sauquillo avanzó que denunciaría a Cantos por “desaparición de expedientes y documentación” de la empresa pública, ya que le acusa de sustraer expedientes de manera ilegal para así denunciar la supuesta reconstrucción de expedientes por parte de Invercaria.
Esta mañana el exdirectivo ha acusado a Gómiz de haberle comentado que en Invercaria se produjo “una falta de procedimiento” y que ella pensaba “que nadie había robado nada”. Desde hace más de un año Cantos ha denunciado la supuesta falta de normativa en Invercaria. En su declaración ha admitido que Gómiz le reprochó “la falta de seguimiento de los proyectos”. Asimismo, ha relatado que la expresidenta le achacó un cierto favoritismo porque “se había tratado demasiado bien a algunos empresarios y que se había creído demasiado los documentos que estos le habían entregado”.
Después de tres horas de testimonio, el juez ha suspendido la declaración de Cantos al anunciar el abogado de Gómiz —imputada en este procedimiento al igual que Pérez Sauquillo— que disponía de documentación con “contenido incriminatorio” respecto a Cantos. Es decir, que tras aportarse nuevos datos a la causa, Cantos podría pasar de testigo a imputado.
Al comienzo de la declaración el magistrado ha avisado a las partes de que no permitiría “preguntas incriminatorias” contra Cantos, ya que este acudía como testigo. Cuando el letrado de Gómiz ha avisado al juez de que poseía correos electrónicos y documentación de la que podía deducirse su imputación, el juez ha suspendido su declaración hasta el próximo octubre para garantizar “la pureza del procedimiento” y “los derechos de Cantos”. Hace un año y medio el exdirectivo aportó al juez las polémicas grabaciones realizadas de manera oculta en las que Gómiz admitía que si se “hubiera comprometido con la ética no trabajaría en esta organización [en referencia a Invercaria]”. Además, en paralelo demandó a la empresa para lograr su despido nulo, pero el TSJA tumbó su demanda.
En esta última vía, el alto tribunal ya avanzó en su sentencia de la posible imputación de Cantos: “Es fácil inferir que el propio recurrente colaboró en la adopción de un acuerdo de inversión que puede llegar a ser objeto de investigación penal por el juzgado antes citado, por carecer de todo procedimiento reglado”. En otro pasaje, el fallo incidía: “El recurrente ha colaborado activamente en lo que enuncia como indicio, no puede calificarse como tal”.
La decisión del juez sobre la condición de Cantos —testigo o imputado— se retrasará hasta octubre porque antes deben pronunciarse la fiscalía y el resto de partes personadas. Entre otras razones, Cantos denunció a Gómiz en su demanda por despido nulo por presionarle para elaborar informes falsos sobre las empresas en las que invertía Invercaria.
La oficina Antifraude de la UE rechaza investigar el caso
En su testimonio ante el juez instructor del caso Invercaria,Cristóbal Cantos incluyó ejemplos de inversiones supuestamente impropias por parte de la empresa pública, y citó la realizada en Fumapa. "Gómiz quiso utilizar un informe del declarante [Cantos] que no era una propuesta de inversión". Cantos matizó que el informe estaba sujeto a tres condiciones que debían cumplirse para salir adelante. Ante esta inversión prevista en Fumapa, Gómiz le dijo a Cantos que "no iba a echar mierda sobre el consejo de administración de Invercaria".
El testigo aseguró que posteriormente Gómiz matizó sus palabras y aclaró que quería decir que se había producido una falta de procedimiento sin que "nadie haya robado nada". Cantos acudió ante el juez por la pieza separada del caso sobre la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), donde Invercaria invirtió 1,6 millones y que según la policía se produjo pese a que "el producto ha sido reconocido como absolutamente fallido por todos los implicados". Sobre FIVA, Cantos aclaró que en 2008 esta firma le remitió un correo electrónico "en el que ponía que tenía un plan de negocio", pero este mensaje "se trataba de un texto extenso sin el contenido propio de un plan de negocios".
Por otra parte, el envío de los hechos probados de su sentencia por parte de los jueces de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) a la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) no se traducirá en una investigación paralela. El alto tribunal apreció la relevancia de indicios penales en el caso Invercaria y por ello remitieron su fallo a la OLAF, para que esta dilucidara si se habían malversado fondos europeos a través de la empresa pública andaluza. Pero Bruselas rechaza ahora la apertura de otra investigación dado que "está siendo investigado por las autoridades nacionales", según confirmó un portavoz de OLAF. La oficina ya rechazó investigar en 2012 un caso relacionado con Invercaria dado que un juez ya investigaba el caso en España.
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