La Junta pedirá 100 millones al Estado para pagar a proveedores de los campus

El Gobierno andaluz acudirá al plan contra la morosidad del Ministerio de Hacienda

Alumnos en la facultad de Económicas de la universidad de Sevilla. / Julián Rojas

La Junta de Andalucía se acogerá al real decreto ley de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones públicas, que el Gobierno central aprobó el 28 de junio. Este mecanismo es parecido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA): las comunidades, ante las dificultades para acceder al crédito en el mercado, reciben del Estado un préstamo para pagar parte de las deudas acumuladas con entidades bancarias y proveedores. Pero las universidades públicas se han quedado fuera hasta ahora del FLA. Varios de los campus tienen importantes deudas con sus proveedores y reclamaron al Ministerio de Hacienda una solución a principios de año.

Finalmente, el departamento de Cristóbal Montoro ha influido en este último real decreto a los proveedores de las universidades. Las discrepancias han surgido con el cálculo que ha realizado el ministerio de la deuda acumulada. Varias autonomías han rechazado las cifras que Hacienda incluye en la "memoria del análisis de impacto normativo" del decreto. Así ocurre también en el caso de Andalucía, a la que el ministerio achaca casi la mitad de toda la deuda con proveedores universitarios de España. Hacienda ha estimado en algo más de 500 millones los pagos pendientes a 31 de mayo de 2013. Antonio Ávila, consejero de Economía, ha indicado este martes que no se llegará a esa cantidad, que se quedará "bastante" por debajo. De hecho, fuentes de su departamento han apuntado a que la previsión es reclamar al Estado unos 100 millones de euros, 400 menos que lo señalado por Hacienda.

Fuentes del ministerio admiten que lo recogido en la memoria era solo "una estimación" y que el proceso está abierto. Las comunidades son las que deben reunir las facturas de proveedores pendientes de pago y enviarlas al ministerio. Ese proceso concluye en breve. Luego, los proveedores tendrán hasta el 6 de septiembre para comprobar si sus deudas están incluidas. La previsión es que el 20 de septiembre se sepa ya la cantidad definitiva.

No todas las universidades andaluzas tienen previsto acogerse a este plan. Según Adelaida de la Calle, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, Málaga y Jaén es probable que no tengan que recurrir a este instrumento. Tampoco, según de la Calle, la Universidad Internacional de Andalucía. Otras, sin embargo, aguardan ansiosas este plan. La Universidad de Sevilla espera poder pagar facturas pendientes por valor de 60 millones de euros.

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