La noche por un sello

Joana es una chica venezolana de 28 años. Viste pantalones ajustados y tacón medio. Está en la comisaría de Patraix, que no se encuentra en este barrio de Valencia sino en el polígono de Vara de Quart. Alrededor, naves industriales, oficinas, la Inspección Técnica de Vehículos, una gasolinera y un descampado. Bajo el techo de uralita del soportal del edificio, decenas de inmigrantes como Joana esperan en los últimos meses hasta seis horas solo para iniciar los trámites que les permitan obtener el número de identidad de extranjeros (NIE).

No tienen otra. En toda la ciudad no hay más edificios oficiales donde lo puedan hacer. La única válvula de escape a estas hordas de asistentes fue el trasvase de los extranjeros comunitarios a una comisaría en la calle Bailén, traspasada desde la de Zapadores hace poco más de tres años. Y las otras tres delegaciones de la provincia —Gandia, Alzira y Sagunto— que dependen de la central, donde más acuden según Jefatura Superior de Policía. En esta, se sigue utilizando el rudimentario sistema de repartir números mano a mano.

Nada de cita previa. El único horario lo marca un folio insertado en una carpeta de plástico donde cada uno va dictando su nombre y calculando cuántas personas tiene delante. La inscripción no se registra con ordenador. Ni siquiera en una tabla de Excell. Es con bolígrafo y la escribe el primero que llega.

Por eso, la pregunta de los asistentes es: “¿Quién apunta hoy?”. En el caso de esta madrugada el turno es de Omar, un joven de Mauritania que se ha acercado en coche. Lleva desde las cinco y media de la madrugada. Es la primera vez que realiza el trámite en esta ciudad. Para reposar, se turna con Joana (la segunda en la cola) y descansa metido en su vehículo.

Las aglomeraciones se han reducido un poco al descender los extranjeros

“Os podéis ir a tomar un café. Hasta las nueve no empezamos”, avisa el policía encargado de repartir los números a 15 minutos de la hora anunciada. Los congregados en la acera miran a su alrededor y permanecen inmóviles: no hay sitio adónde ir. Entre medias, el agente va revisando los documentos. “Yo hago la retaja”, explica, “para facilitar la recepción”. El horario es de 9 a 14 horas por la mañana y de 17 a 19.45 por la tarde, salvo los viernes. Y se efectúan todas las gestiones para la documentación de extranjeros.

El primer paso es solicitar la identificación. Esto se realiza en una unidad de atención del barrio de Orriols y la respuesta puede tardar hasta tres meses. Con este escrito ya se puede ir a elaborar el carné, imprimiendo la huella dactilar y un sello oficial. Después hay que regresar para recogerlo o modificar datos. Como Diego, un colombiano de 39 años que acude por primera vez a la fila paralela de la derecha del edificio, la de los que ya han pasado la primera tarea. Lleva dos horas. Y no sabe cuánto le queda. Compara esta experiencia con la que ha vivido otras veces en Madrid. Allí, en el centro de Aluche, ha soportado horas nocturnas junto a colegas y termos de bebida caliente. “Está al lado de la cárcel, en medio de un solar, ¡y hace un frío…!”, recuerda mientras se abrocha.

Cada jornada se reparten unos 100 números, calculan, dependiendo de la afluencia. La mayoría de los que esperan lo hace para conseguir su papeleta y volver hasta dos días más tarde. Esta estrategia ha propiciado un negocio paralelo. Algunos pagan entre 15 y 20 euros por intercambiarse los números. Otros, directamente, envían a alguien contratado. Depende de su disponibilidad. “Ahora no paga nadie", afirma Yola, boliviana de 41 años, “porque no hay dinero”. Tiene sentido: un 36,5% de los inmigrantes que viven en España está en paro, según el informe de enero del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra que también repercute en los servicios puestos a su disposición. En Valencia estaban censados en 2011 un total de 111.415 extranjeros, según el padrón del Ayuntamiento. De los cuales, 29.901 son comunitarios.

“Esto no es nada”, alerta Natalia, una mujer ucraniana que acompaña a su hijo Stanislaw, de 10 años. Ella lleva 11 años aquí. Como el resto, tuvo que acudir una vez al año hasta su segundo año de residencia. Luego la frecuencia bajó hasta los dos y, por fin, hasta los cinco. Por eso ha vivido un largo recorrido burocrático.

Ya no hay apenas contratados para coger número por la crisis y el paro

Casi todos coinciden. Hace unos meses era mucho peor. Pero no porque el sistema haya cambiado, sino porque el número de inmigrantes ha descendido. Según los datos del INE, el número de habitantes empadronados en la Comunidad Valenciana es de 5.104.365. Esto supone una bajada de 24.901 personas con respecto a 2011, de las que 23.809 son inmigrantes, y la sitúa en tercera posición de pérdida de residentes extranjeros por detrás de Madrid y de Cataluña.

Uno de los que se ha quedado a pesar de la hecatombe financiera y laboral es Sabira. Este paquistaní de 42 años sonríe a pesar de llevar dos horas de pie. Estas aglomeraciones se deben al vencimiento de permiso de residencia de los extranjeros regularizados masivamente en el año 2005.

“Tienen muchos días para venir”, relata el policía de la entrada. “Suele haber más concentración cuando ven que se acumulan en Delegación de Gobierno y empiezan a mandar los expedientes”. En Alicante, este organismo comenzó en 2008 a dar citas previas para evitar el colapso de su única oficina, la de la calle de Campo de Mirra, y a principios de este año demandó al Ministerio de Interior más ordenadores para agilizar los trámites.

Y así, cuando Omar y Joana ya están en el quicio de la puerta y el resto mira el reloj de una manera más despreocupada, llegan dos nuevos huéspedes. Se trata de una pareja china que prefiere no dar su nombre ni responder a los años que llevan aquí. Se colocan los primeros ante la sorpresa del resto. En su tique, efectivamente, la cifra es anterior a los de la fila. Entre la algazara, el agente de pelo cano que controla el tinglado se acerca y, tras un breve examen, zanja la discusión: "Sí, les toca a ellos, que vinieron ayer".