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OPINIÓN

Referéndum permanente

Negarse a negociar sobre una consulta con el Parlament y la Generalitat no es una opción

¿No se le ha ocurrido a nadie en el Gobierno de la nación que Cataluña puede hacer inviable el funcionamiento del sistema político español? ¿Y que puede hacerlo de manera constitucionalmente- inobjetable, sin necesidad de “accidentes insurreccionales” (Joaquim Coll, EL PAÍS, 11 de julio 2013) que puedan acabar siendo residenciados ante el Tribunal Constitucional?

Cuando escribo Cataluña me refiero a la mayoría parlamentaria extraordinariamente amplia que se ha ido configurando en torno a la exigencia de un referéndum sobre el llamado “derecho a decidir”. Dicha mayoría se ha hecho visible en las elecciones celebradas desde otoño de 2010 y, según indican diversos estudios de opinión, no deja de crecer.

Esta mayoría parlamentaria dispone en el ordenamiento jurídico español de instrumentos para imponer su propia agenda política y acabar ganando la batalla de la opinión pública con consecuencias potencialmente irreversibles para la integridad territorial del Estado. La negación del Gobierno de la nación a tomar en consideración siquiera la posibilidad de negociar la celebración de un referéndum va a conducir a que la vida política en Cataluña se convierta en una suerte de referéndum permanente en los dos próximos años.

El concierto celebrado recientemente en el Camp Nou es un buen botón de muestra de lo que se avecina. A continuación viene la Diada, que seguirá el modelo de las de los dos últimos años así como el de la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de autonomía, que fue el punto de partida de todo lo que está ocurriendo.

Los dos próximos años van a ser los decisivos. En 2014 van a confluir las elecciones europeas en mayo y la Diada del tricentenario en septiembre, que se celebrará siete días antes del referéndum sobre la independencia en Escocia. Las elecciones europeas van a ser materialmente un referéndum en torno a la identidad de Cataluña como nación en el seno de la Unión Europea. No creo que sea descartable una candidatura nacionalista única con figuras relevantes de la sociedad catalana con un solo punto programático: Som Una Nació. Aunque el Tribunal Constitucional diga que Cataluña no es una nación, aquí estamos. Ante un planteamiento de esta naturaleza, los partidos con vínculos con los partidos de gobierno de España, PP y PSC-PSOE, quedarían marginados. En la estela del resultado electoral europeo, la celebración de la Diada del tricentenario no podría dejar de tener una naturaleza referendaria.

2015 podría empezar con la celebración de elecciones parlamentarias, en las que se solicitara un mandato claro e inequívoco para que el Parlamento solicite al Gobierno de la nación la convocatoria del referéndum. Como es fácil entender, se mantendría la marginación del PP y PSC-PSOE, y el mandato se aprobaría con una mayoría aplastante. ¿Puede el Gobierno de la nación en estas circunstancias no atender la solicitud? En el caso de que no la atendiera, ¿hay alguna duda de lo que ocurriría en mayo en las elecciones municipales? ¿Hay alguna duda del ambiente en que se celebraría la Diada en septiembre, dos meses antes de que se celebren las elecciones generales? ¿Podría descartarse que se plantearan dichas elecciones como un referéndum negativo, como un referéndum de rechazo, negándose los partidos que integran esa mayoría aplastante en Cataluña a presentar candidaturas al Congreso y al Senado? ¿Quién gestiona el sistema político español en esas condiciones?

Este es el escenario al que nos conduce o, mejor dicho, nos puede conducir, la posición del Gobierno de la nación en torno a no tomar en consideración siquiera la convocatoria del referéndum. Ni uno solo de los pasos que puede dar la mayoría parlamentaria catalana es objetable en términos constitucionales. Todos son resultado del ejercicio de derechos constitucionales. En consecuencia, el Gobierno se vería privado de su único instrumento de respuesta: el Tribunal Constitucional. Supondría el ejercicio de derechos constitucionales para hacer imposible la aplicación de la Constitución como Constitución española en Cataluña. Pero todo de manera constitucional y sin posibilidad de recurso.

Quiero decir que la no negociación con el Gobierno y el Parlamento de la Generalitat en torno a la celebración de un referéndum no es una opción para quienes pretendan mantener la unidad política del Estado. Espero y deseo que todavía estemos a tiempo de que la negociación pueda entablarse. Pero tengo la impresión de que estamos al límite.