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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

De Santillana del Mar a Granada

La novedad es la tímida apelación al federalismo como mera actualización y clarificación del sistema autonómico

Separan Santillana del Mar y Granada 822 kilómetros por el itinerario más corto. Sin embargo, el PSOE ha necesitado diez años para cubrir esa distancia y, más que un desplazamiento hacia adelante, ha dibujado en ese trayecto un decepcionante giro sobre sí mismo. Tratemos de explicar tales paradojas.

El 30 de agosto de 2003, el Consejo Territorial socialista reunido en Santillana del Mar aprobó una declaración titulada La España Plural: La España Constitucional, la España Unida, la España en Positivo. En aquel momento, el joven José Luis Rodríguez Zapatero parecía aún lejos de La Moncloa, mientras que un Pasqual Maragall lanzado hacia la Generalitat gozaba de su máximo ascendiente dentro del PSOE. Resultó de todo ello un texto que, trufado de alusiones típicamente maragallianas a “la España en red”, a “la singularidad y la particularidad que puedan hacer valer las Comunidades Autónomas”, pretendía sobre todo acotar y convertir en digerible para el PSOE la reforma del Estatuto catalán que PSC, ERC e Iniciativa tenían ya apalabrada. La historia política del período 2004-2011 muestra hasta qué punto el de Santillana del Mar fue un papel mojado.

Si ya es problemática la credibilidad del PSOE para, implementar los propósitos enunciados en Granada convierte la propuesta socialista en un mero brindis al sol

Una década más tarde, y ante una Cataluña completamente distinta a la de entonces, el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba y el PSC de Pere Navarro han escenificado un pacto de debilidades, un abrazo entre dos náufragos que intentan sostenerse mutuamente a flote. Lo formalizaron el pasado sábado durante un Consejo Territorial celebrado en Granada, bajo el título de Un nuevo pacto territorial: la España de todos.

Comencemos por subrayar que el documento granadino es una especie de versión light del aprobado en 2003 en la bella localidad cántabra: mucho más breve (176 líneas, apenas 6 folios), pero con la misma vaguedad, las mismas contradicciones (“no a los privilegios”, “solidaridad”, pero el concierto vasco o el convenio navarro, ni mentarlos…) e idéntico inmovilismo en el estricto lenguaje constitucional de 1978, en aquellas “nacionalidades y regiones” de cuando el cadáver del franquismo aún estaba políticamente tibio.

La única novedad de la declaración de Granada es la tímida apelación —cuatro elusivas referencias— al federalismo. Pero al federalismo no como un giro copernicano en la concepción del Estado y de la soberanía, no como un nuevo modelo de distribución territorial del poder a la suiza o a la canadiense, sino como una mera actualización y clarificación del sistema autonómico, sin arañar siquiera la esencia mononacional de España. Así las cosas, cabe preguntarse si existe mucha diferencia entre ese federalismo que ahora abraza el PSOE y el “federalismo simétrico” que propugna desde hace tiempo Unión Progreso y Democracia.

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En todo caso, las medidas concretas de reforma que el documento apunta resultan de lo más manido. Incorporar expresamente a la Constitución “el mapa autonómico de España” es algo que ya propugnaba varios lustros atrás Pasqual Maragall, y no parece que ese mérito de precursor le fuese muy reconocido. En cuanto a “sustituir el Senado por una auténtica Cámara de representación territorial”, tal jaculatoria era el punto número uno de la propuesta de Santillana del Mar; más aún: la Entesa Catalana de Progrés, formada en 2000 por PSC, Esquerra e Iniciativa, tuvo ese objetivo en lo más alto de su pacto de coalición desde el primer día, y bajó la persiana en 2011 sin haber avanzado un ápice en la materia. Ello, pese a los casi ocho años de gobierno de Rodríguez Zapatero.

Ahora bien, si ya es problemática la credibilidad del PSOE para, el día que vuelva al poder, implementar los propósitos enunciados en Granada, la necesidad de abordar esa reforma constitucional con “un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978” —es decir, con el PP— convierte la propuesta socialista en un mero brindis al sol.

Precario salvavidas para Rubalcaba y Navarro, incapaz siquiera de generar consenso en el PSC, lo de Granada es, de cara a la solución del pleito Cataluña-España, una pirueta inútil.

Joan B. Culla i Claràes historiador.

 

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