El presidente del tribunal del ‘Prestige’: “Es obvio que faltan muchos implicados”
Prevé para el 11º aniversario de la catástrofe una sentencia “estándar”
El juicio de la catástrofe del Prestige quedó visto para sentencia, tras nueve meses de vista oral bastante olvidada. El presidente del tribunal, Juan Luis Pía, convocó inmediatamente a los periodistas para darles sus impresiones sobre el balance del proceso y soltarles un trallazo informativo en forma de queja: “Es obvio que hay más gente implicada en el siniestro, tanto responsables políticos como no políticos”. Pía, que será el ponente de la sentencia, considera que se deberían haber sentado en el banquillo de los acusados algunas personas más que los dos mandos del petrolero y un solo responsable político o alto cargo, el exdirector de Marina Mercante, José Luis López-Sors.
Nada más pronunciar el “visto para sentencia”, Pía acudió a la sala de prensa y, rotundo, describió las grandes lagunas que, en su opinión, arrastra la mayor causa por un delito ambiental jamás instruida en España. “Faltó mucha gente entre los acusados”, se lamentó el presidente de la sala. Entre los ausentes citó a los “responsables políticos” de la gestión de la catástrofe y a los directivos del “entorno del barco”.
José Luis López-Sors, exdirector de Marina Mercante en el Gobierno de Aznar, fue el único cargo público acusado por la gestión de la crisis. El exministro Francisco Álvarez-Cascos y otros cargos bajo su mando tan solo fueron testigos para la justicia. No es la primera vez que la Audiencia coruñesa, aunque con otros magistrados, enmienda la enrevesada instrucción de esta catástrofe, que duró nueve años.
Para Juan Luis Pía, este macrojuicio, con tres jubilados como únicos acusados, ha resultado “desmesurado, un sinsentido”, además de carísimo. El magistrado reconoce que esas ausencias entre los imputados van a influir inevitablemente en la sentencia, que prevé tener lista en la primera quincena de noviembre, cuando se cumplan 11 años de la catástrofe. “He echado de menos muchas cosas y mucha gente para poder decidir” los responsables del desastre, abundó Pía. Aunque el magistrado confía en que el fallo sea “aceptable, estándar y comprensible, huyendo del intento de sentar jurisprudencia”, vaticina que el veredicto acabará recurrido ante el Tribunal Supremo. Pía, en sus quejas, incluyó una al Estado, a la vez demandante y acusado en este proceso. Una condena de López-Sors implicará declarar a España responsable civil subsidaria de una catástrofe cuya factura la Fiscalía cifra en 4.338 millones de euros. El presidente del tribunal destacó que el fallido pleito que el Gobierno intentó en Estados Unidos contra ABS, la poderosa sociedad norteamericana que autorizó a navegar al viejo petrolero, “perjudicó enormemente”.
Pese a todo, el presidente del tribunal se congratuló de que por primera vez en un proceso de tal envergadura “nadie pidiese la nulidad”. Eso implica que todas las partes consideran que se va a impartir justicia. Prueba de ello es que el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, usó el turno de última palabra no para defenderse sino para deshacerse en agradecimientos, en especial “al pueblo gallego”. “Terminan diez años de juicio permanente”, apuntó.
Los abogados abortaron su intento cortés, al terminar el juicio, de estrechar la mano al presidente del tribunal. “Que nos dé las gracias por tenerlo aquí nueve meses, a sus casi 80 años, tratándolo todos los días de delincuente, da idea del ambiente” de este proceso, remarcó Pía. Dejó claro que el anciano capitán, en todo caso y por su edad, no volverá a estar entre rejas. El jefe de máquinas del petrolero, también acusado, se despidió pidiendo “perdón al pueblo gallego por los daños del Prestige”.
El exdirector de Marina Mercante limitó, por el contrario, sus agradecimientos a su letrada. Rocío Castro, abogada del Estado, hizo hincapié en que su defendido no actuaba por libre, “sino que formaba parte de toda una organización” administrativa. También subrayó que López Sors “no se fue de caza” cuando llegó la marea negra, como sí hicieron el exministro Álvarez-Cascos y el expresidente Manuel Fraga. López-Sors, insistió su letrada, “asumió todas las funciones de su cargo” y optó “por la única alternativa posible y legal” con el Prestige: “alejarlo de la costa hasta su desenlace más probable, su hundimiento”.
Una factura de más de 4.000 millones de euros cuyo pagador es incierto
Aparece cada vez más lejana la posibilidad de que la aseguradora británica del Prestige, la única sociedad solvente del escurridizo entramado empresarial del viejo petrolero, acabe pagando en parte la multimillonaria factura de la catástrofe. A pesar de todos los esfuerzos y las estrategias jurídicas desplegadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para intentar una sentencia del tribunal de A Coruña en ese sentido. Ambas acusaciones públicas incluso rogaron a la sala, en sus conclusiones finales, que buscará fórmulas para lograr declarar responsable civil directa de la catástrofe a esa compañía de seguros, The London P&I Club. La póliza del petrolero es de 1.000 millones de dólares.
Pero la aseguradora, que eludió personarse en el juicio aunque participó indirectamente pagando las costosas defensas de los dos marinos griegos imputados, así como de la dueña liberiana del barco, considera que ya cumplió de sobra con sus obligaciones al abonar, en 2003 y en nombre de la naviera, una fianza judicial de 22,7 millones de euros. Una cifra que corresponde al 3% del fuel que, según los dueños del Prestige, perdió el petrolero nada más recibir un golpe en su casco cuando navegaba frente a Galicia en noviembre de 2002. El resto, el 97% de la catástrofe, es cosa del Gobierno, al que el entramado del barco acusa de haber convertido "el derrame inicial en masivo".
Hay normas internacionales, sobre todo el convenio de 1992 que delimita las responsabilidades en caso de derrame de hidrocarburos y al que están sometidos tanto España como los propietarios del barco, que no se pueden obviar, según recordó ayer el presidente de la sala de A Coruña, Juan Luis Pía. “Esto es al fin y al cabo una cuestión penal, determinar si cometieron o no delito” los tres hombres sentados en el banquillo de los acusados, destacó el magistrado. Por mucho, abundó, que el derecho español haya permitido unir, en un mismo proceso judicial, las responsabilidades penales y las civiles.
“Es una barbaridad”, opinó Pía, y dio pie a ese formidable embrollo jurídico que deja, más que nunca, en el aire el pago de una factura que la Fiscalía elevó en total a 4.338 millones de euros. Es cada vez más improbable su abono. El presidente del tribunal hizo hincapié en que la sentencia, cuyas deliberaciones con los otros dos magistrados de la sala espera resolver en solo 15 días, deberá determinar “hechos probados” sobre las causas del accidente del petrolero y, sobre todo, los responsables de la errática travesía del barco que acabó tiñendo de fuel 1.600 kilómetros de costas españolas y francesas.
