Díaz cree que “lo lógico” es pagar solo la defensa a los cargos absueltos

La Junta de Andalucía abrió ayer la puerta a costear la defensa de los cargos y funcionarios imputados por la juez Mercedes Alaya la semana pasada, una posibilidad que se recoge en una normativa autonómica que data de 2000. Pero la consejera de la Presidencia, la socialista Susana Díaz, ha entornado esa puerta hoy al manifestar que "lo razonable y lo lógico" sería que el Gobierno regional costee la minutas de los abogados de los altos cargos que "resultaran inocentes" al final del proceso judicial por los ERE fraudulentos. Diego Valderas (IU), vicepresidente de la Junta, ha ido un paso más allá al afirmar que el Gobierno regional "no se va a hacer cargo de ninguna defensa" de altos los cargos imputados, ni directa ni indirectamente. En su opinión, "la coherencia del propio Consejo de Gobierno le lleva a no tener ninguna previsión de actuar con fondos públicos en la defensa de nadie".

El martes fue el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, el que planteó esta posibilidad tras ser interrogado por los periodistas sobre la posibilidad de que el Gobierno andaluz asuma la defensa de los últimos imputados por Alaya. Vázquez circunscribió este asunto a "una cuestión normativa". Y se refirió al reglamento de organización del Gabinete Jurídico de la Junta, en el que se señala la posibilidad de que "las autoridades y personal al servicio" de la Administración regional sean defendidos por los servicios jurídicos del Gobierno andaluz. El portavoz aseguró que se deben cumplir dos requisitos: que los imputados sigan dentro de la Administración y que soliciten acogerse a esta cláusula. Además, para que la Junta pague su defensa sería necesario un informe previo del Gabinete Jurídico.

Díaz ha añadido este miércoles una cuarta condición al apuntar que "esa defensa jurídica solo sería entendible en aquellos casos, en aquellos supuestos, que sean declarados inocentes" los cargos y funcionarios de la Administración. La consejera también ha recordado que son los servicios jurídicos "los que tienen que responder individualmente en cada caso", informa Europa Press.

La consejera ha entrado en este asunto tras la polémica que se ha generado. Lo paradójico en este asunto es que los letrados del Gobierno regional ya están personados en la instrucción, pero como acusación.

Otras comunidades autónomas tienen reglamentos parecidos al andaluz. Es el caso de Galicia. En Santiago también se produjo una fuerte polémica ante la posibilidad de que el Ayuntamiento costeara la defensa de un concejal imputado en el caso Pokémon. El Consistorio, que también había puesto como condición que fuera declarado inocente, había aceptado sufragar las minutas. Pero, ante la polémica, el edil finalmente anunció que renunciaba a esta posibilidad.

En el caso de los ERE fraudulentos no hay constancia de que alguno de los 20 cargos y funcionarios imputados por Alaya haya pedido acogerse a esta posibilidad. Al menos cuatro de ellos siguen en la Administración: el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano; el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; el director de Idea, Antonio Valverde; y Juan Alonso Luque, interventor delegado de Empleo. La juez imputó a estas 20 personas al apreciar indicios delictivos en el procedimiento administrativo que amparaba el fondo de los ERE.