Detenido un alto cargo de Monteseirín por cobrar comisiones ilegales

Cuatro detenidos más fruto de las investigaciones por corrupción derivadas del caso Mercasevilla, origen del caso de los ERE. La Guardia Civil ha detenido a Domingo Enrique Castaño, asesor del exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, por un supuesto cobro de comisiones ilegales derivadas de las adjudicaciones irregulares de obras. En la Operación Madeja los agentes detuvieron asimismo a la esposa de Castaño, Ana Vaquero, abogada al igual que Castaño, y a dos empresarios: el administrador de la empresa Fitonovo Rafale González Paloma y Ángel Manuel Macedo, exadministrador de la firma Fiverde. Ambas compañías fueron supuestamente beneficiadas por Castaño cuando fue director de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla entre 2003 y 2007.

La investigación patrimonial de Castaño fue autorizada por la juez Mercedes Alaya, y tras constatar que podría haber recibido hasta 300.000 euros en comisiones ilegales por parte de empresas beneficiadas por sus decisiones, Alaya desgajó la investigación para investigar el enriquecimiento “sospechoso” de Castaño en una pieza separada, que de momento permanece secreta. Además de las cuatro detenciones están imputados dos ex administradores solidarios de ambas compañías. Ayer los agentes realizaron seis registros en los domicilios de Castaño y las sedes de las empresas en Sevilla y las localidades de Guillena y Salteras. Ayer los cuatro detenidos fueron trasladados a los calabozos de la Guardia Civil para prestar declaración ante los investigadores del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO). Está previsto que mañana o pasado los detenidos pasen a disposición judicial para declarar ante el juez Alaya.

Los investigadores han intervenido 7.000 euros en efectivo durante los registros que realizaron en las casas de Castaño y Vaquero.

Fitonovo fue una de las compañías más beneficiadas por los contratos de obras públicas ofertados por el Ayuntamiento de Sevilla en la época de vacas gordas, en los que Castaño tuvo mucho que decir. Especialmente en el una de las áreas de la delegación de Vía Pública, la de Parques y Jardines, cuyos contratos gestionaba directamente Castaño.

La juez considera que Castaño tuvo “una participación decisiva” junto al resto de imputados en la rama de la venta de suelos en Mercasevilla para el “amaño” fraguado en el concurso público para la venta de terrenos municipales. El asesor fue contratado por el grupo constructor Sando un año después de que este se alzara con el concurso, pese a que no presentó la oferta más económica, un indicio que la juez considera clave para haber imputado más de 20 imputados entre políticos y técnicos responsables del área de Urbanismo, los ocho empresarios que se presentaron al concurso y otros asesores. Durante su interrogatorio en diciembre de 2009, que Castaño interrumpió ante el tono incisivo de la magistrada, Alaya le preguntó de manera insistente por su contratación por parte de Sando. El director del área de Vía Pública declaró que “no mantenía una fluida relación con Sando” y que no ofreció a dicha constructora la posibilidad de lograr el derecho de superficie que le favorecería posteriormente para ganar el concurso. Esa puerta giratoria entre la responsabilidad pública en las Administradoras y el fichaje por las empresas beneficiadas ha sido muy criticado por el PSOE en Comunidades como Madrid, gobernada por el PP.

En su declaración ante Alaya, el jefe policial de la investigación acusó a Castaño de idear el concurso de los suelos “con un resultado predeterminado para que lo ganara una licitadora concreta”, en referencia a Sando.

Alaya ya subrayó en un auto el “elevado gasto realizado por Castaño en un periodo reducido de tiempo”, por lo que estimó necesario “profundizar” en su investigación patrimonial del asesor y su entorno, “por si pudiera haberse debido dicho enriquecimiento al pago de algún tipo de comisión ilegal, ya sea dineraria o en especie”, informó Europa Press. Entre los supuestos cohechos señalados por la investigación se encuentra el regalo de un vehículo Audi. Su abogado, José Manuel García Quiles, ha lamentado que había aportado al juzgado documentación que justificaba la compra de dos casas, una plaza de garaje y un trastero. “Es un dinero procedente de las cuentas corrientes de la pareja y parte de las adquisiciones cuenta con hipotecas”, ha alegado el letrado.

Las declaraciones de los detenidos así como el levantamiento del secreto ofrecerá las claves acusatorias que soportan esta nueva vía de investigación.