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Liberbank ahoga al hermano y a la madre del demandante de Murgia

El banco evitó que fueran de la mano en el caso de las cláusulas suelo

Manuela Durán nunca pensó que durante su jubilación estaría luchando en los tribunales por los 8.000 euros que había depositado en un fondo garantizado en el Banco de Extremadura, hoy Liberbank tras la unión de la entidad con Cajastur y Caja Cantabria. Se imaginaba viviendo una vida plena en su Cáceres natal, adonde se mudó tras vivir en Vitoria más de cuatro décadas. A sus 68 años, clama justicia y asegura sentirse “indignada y robada” porque han tocado el dinero que había ido guardando durante años por si sus hijos lo necesitaban. Lo que tampoco se esperaba es que ese mismo banco, que le ha “colado” una obligación subordinada y un préstamo de 8.000 euros sin que ella lo supiera, esté exprimiendo la vitalidad de dos de sus tres hijos, que también litigan, por separado, contra Liberbank para que les anulen una cláusula suelo a cada uno que “ni siquiera se incluía en las escrituras que el notario nos leyó al firmar la hipoteca”, cuentan.

Se trata de un crédito que ambos hermanos adquirieron por separado para comprar sendas viviendas en Cáceres. Uno de ellos es José Manuel Rubio, el vecino de Murgia al que el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria ha anulado esta misma semana una cláusula suelo por considerarla “abusiva” al fijar el interés mínimo al 4,25%. Además, obligaba al banco a devolverle 17.000 euros. La sentencia, que ha sido recurrida por la entidad, se encuentra ahora a la espera de lo que dictamine la segunda instancia, posiblemente antes de finales de julio, según fuentes del caso.

El Supremo ya ha dictado una sentencia, pero quieren cansarnos"

Los antecedentes para que esa sentencia pueda prosperar tal y como se dictamina en el primer auto no son muy halagüeñas: su hermano Juan Carlos, el tercero en discordia en la lucha familiar contra Liberbank, ha visto como la Audiencia Provincial de Cáceres “revocaba parcialmente” en junio lo dictaminado en el primer juicio celebrado a finales en enero. Aunque mantenía la nulidad de las cláusulas suelo por “falta de transparencia”, se eliminaba la obligación de que Caja Extremadura devolviese 7.990 euros por las cantidades cobradas por las cláusulas, también al 4,25%. A pesar de que la primera denuncia fue conjunta, Liberbank “ha conseguido que vayamos por separado porque estoy empadronado en Cáceres”, cuenta Juan Carlos.

El abogado de los hermanos, Diego Zaballos, explica que la decisión de eliminar la parte en la que se exigía el pago ha estado influenciada por la sentencia que dictaminó el 9 de mayo el Tribunal Superior en contra de BBVA, Nova Galicia y la cooperativa Cajamar. En esa sentencia, se declaraban ilegales las cláusulas suelo si su inclusión en los préstamos no eran claras. “Se calca lo dicho por el Tribunal Supremo”, cuenta. Los tres temen que tras la segunda sentencia de Vitoria, Liberbank lleve el caso al Supremo y que el proceso termine alargándose hasta cuatro años, que es lo que tardaría en conocerse el fallo. “Es totalmente ilógico que recurran hasta la tercera instancia cuando el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia por un caso así. Lo único que quieren es desesperarnos y que pasemos por caja. Y si hay suerte, cansarnos y que dejemos de recurrir”, asegura un indignado José Manuel.

De hecho, hasta que se dictamine una sentencia firme que evite el pago del interés, seguirá pagando 1.300 euros de hipoteca, que bajará a los 800 al suprimir la cláusula. Su hermano, Juan Carlos, dejaría de pagar más de 200 euros. “Nos han robado y además tenemos que seguir pagando. Yo no digo que no tenga que pagar por la hipoteca, solo exijo justicia y que me devuelvan lo que me han quitado”, apostilla Juan Carlos.

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Cláusula suelo

Establecen en el contrato el tipo mínimo de interés a pagar por una hipoteca.

Están sujetas al Euríbor. Cuando este alcanza la cifra especificada en el contrato, se establece como interés a pagar. La cláusula impide que el interés baje luego, aunque el índice europeo descienda.

El Tribunal Supremo las consideró abusivas en una sentencia de mayo, a pesar de ser legales, al no ser “transparentes” con el cliente cuando este no sabe lo que está firmando.

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