El abogado de Mangouras acusa al Estado de hacer trampas en el juicio

Arrancó sus conclusiones finales con un mea culpa: el abogado del capitán del Prestige, José María Ruiz Soroa, pidió ayer disculpas al tribunal por denunciar, al inicio de la vista oral hace ya casi ocho meses, “indefensión” y poner en duda que el principal acusado de la catástrofe tuviera derecho a un juicio justo en España. “Fue una afirmación altisonante y excesiva, lo retiro”. No obstante, mantiene que su defendido, Apostolos Mangouras, no tuvo “igualdad de armas o de trato”, sobre todo con el otro principal imputado, el exdirector de Marina Mercante José Luis López-Sors. De la decena de testigos que desfilaron en este macrojuicio, ninguno fue a propuesta de Mangouras, que se enfrenta a una condena de hasta 12 años de prisión.

Al septuagenario marino griego, que llegó a pasar 83 días en la cárcel por el siniestro y que lleva más de una década en libertad provisional, le salieron múltiples respaldos y apoyos, incluidos de excargos de Salvamento o profesionales que participaron en la gestión del siniestro. Pero el tribunal, recordó Soroa, no admitió ningún testigo, incluidos directos e importantes, que pudieran avalar su tesis: “una ola gigante averió el Prestige, pero fue la Administración la que lo hundió, y le costó mucho lograrlo, seis días”. Y luego fue a por el capitán, que “convirtió en chivo expiatorio”, acusó su abogado. El Estado español “ha hecho trampas, no respetó las garantías mínimas, jugó sucio e incluso mintió” utilizando la vía penal para, a través de Mangouras, ir a por la clasificadora estadounidense del petrolero, ABS, a la que el Código Penal español —ahora ya no— impedía llevar a juicio por esta catástrofe, afirmó el letrado.

“Todo le valió a la Administración para acusar al Prestige de ser una chatarra y a su capitán, de saberlo". Pero, subrayó Ruiz Soroa, no pudo demostrar que el viejo petrolero, “con un historial inmaculado” y todos los permisos en regla, tuviera realmente un problema estructural, o que sus tanques sufrieran “una corrosión más allá de lo admisible”.

Ruiz Soroa, en su alegato final, insistió en que la mejor prueba que tiene su defendido, acusado de un delito contra el medio ambiente con agravante y otro de desobediencia a las autoridades españolas, es que “se quedó a bordo” del barco tras su accidente “convencido de que iba aguantar”. Fue la gestión “deplorable” del Gobierno que convirtió el siniestro en catástrofe. No solo por ordenar alejar el barco. “No se le puede culpar de falta de acierto por tomar una decisión tan difícil en aquellas dificiles circunstancias”, reconoció Soroa. “Pero su terrible error, tras negarle abrigo, fue imponer el rumbo 320 noroeste, fue lo que destrozó el Prestige”. Y al igual que la naviera, insistió en la imposibilidad de que la Justicia española se salte, “como pretende Fiscalía y Abogado del Estado”, los límites del convenio internacional sobre responsabilidades en caso de mareas negras.