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La juez Alaya indaga sobre el papel de Gaspar Zarrías en los ERE fraudulentos

El dirigente socialista se reunió con el ‘conseguidor’ Lanzas y los Ruiz-Mateos El letrado Carlos Leal está acusado de cohecho, blanqueo y asociación ilícita, entre otros cargos

Javier Martín-Arroyo
El abogado Carlos Leal, por los juzgados de Sevilla.
El abogado Carlos Leal, por los juzgados de Sevilla.Paco Puentes

La intensidad de las diversas líneas de investigación que transcurren en paralelo en el caso de los ERE hace que estas se solapen. La misma semana en que la Mercedes Alaya ha dado un paso decisivo en la rama política por el procedimiento de pago de ayudas, con la imputación de 20 altos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, ayer declaró en el juzgado un abogado clave en el entramado de las sobrecomisiones.

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Tras la Operación Heracles del pasado marzo, la Guardia Civil acumuló indicios contra el letrado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís, por lo que se retrasó su declaración judicial. Ayer la juez le imputó siete delitos (cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita entre ellos). En el interrogatorio Alaya hizo evidente su interés por concretar el papel desempeñado por Gaspar Zarrías, secretario federal de Política Municipal del PSOE y exconsejero andaluz de la Presidencia. La juez preguntó de forma insistente al letrado para que ofreciera detalles. Y Leal relató una comida de Zarrías con el empresario José María Ruiz-Mateos y su hijo, otro consejero andaluz y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, que está encarcelado por su implicación en la trama, en la Casa Rosa, que fue sede temporal de la Presidencia de la Junta.

Lanzas, que trabajó como comercial para Leal, amasó una fortuna de 13 millones de euros por tramitar varios ERE, y la juez le encarceló por incluir 24 intrusos. Sin embargo, la Guardia Civil explicó en un informe que la relación entre Lanzas y el diputado socialista aforado es “de difícil definición” y no está clara, dado que los testimonios recabados apuntan “meras conjeturas”.

El abogado imputado precisó ayer que la misión de Zarrías en ese encuentro celebrado en 2007 fue solucionar los problemas en empresas de Jaén como Primayor, Dhul y Proasego. Un año después, la Junta de Andalucía firmó convenios por ayudas de 6,4 millones y 9 millones con estas empresas para recolocar a la plantilla de la empresa Primayor, cuyo representante sindical ante el Ejecutivo era Lanzas. Leal explicó cómo los trabajadores de Primayor acudían una y otra vez a través de Lanzas al dirigente socialista, natural de Jaén, para que solucionara sus problemas de recolocación.

Gaspar Zarrías confirmó la reunión con la familia Ruiz-Mateos y el exconsejero Martín Soler en Presidencia, pero matizó que el objetivo único de la comida fue instalar una planta de Dhul con 150 nuevos empleos, un propósito frustrado a pesar de que se levantó la nave industrial prevista. “Las reuniones con empresarios no eran habituales en Presidencia, pero yo tenía reuniones permanentes con el comité de Cárnicas Molina”, dijo Zarrías.

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Mientras, la Audiencia de Sevilla tomó una decisión inédita hasta ahora y anuló un auto de la juez Alaya para bloquear las cuentas de Lanzas por “defecto de motivación”. Es decir, por no argumentar suficientemente la medida contra el conseguidor de los ERE. Alaya solo tardó horas en reaccionar y en otra resolución argumentó más ampliamente el embargo de las cuentas de Lanzas, según fuentes judiciales.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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