Un exabogado de la Zona Franca denuncia contrataciones irregulares
El organismo de Cádiz ha continuado con los fichajes sin convocar las plazas por oferta pública
Un exabogado de la Zona Franca de Cádiz, Javier Sánchez Quintero, ha denunciado al consorcio fiscal ante la Inspección de Trabajo por irregularidades en las contrataciones realizadas bajo la gestión del Partido Popular. El organismo público y sus sociedades han realizado nuevos fichajes a pesar de que la ley general presupuestaria impide la ampliación de personal sin oferta pública. Entre los nuevos incorporados, personas muy afines al PP como el exconcejal de Cádiz Jesús de Sobrino o el portavoz de este partido en Lebrija, Javier Monge. El actual delegado en la Zona Franca, Jorge Ramos, defiende la legalidad de los contratos frente a las acusaciones de enchufismo del PSOE.
Sánchez Quintero fue despedido en diciembre de 2012 tras 11 años en la Zona Franca. El Consorcio argumentó razones económicas aunque solo cuatro meses antes había contratado a la que terminaría siendo su sustituta, Inmaculada Velázquez, esposa de José Manuel Caballero, el que fuera jefe de prensa de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. El abogado recurrió su despido y un juzgado acaba de declararlo improcedente.
Tras ser despedido, Sánchez Quintero interpuso ante la Inspección de Trabajo una denuncia por fraude en la contratación, cesión ilegal de trabajadores y prestamismo laboral. Según él, todos los trabajadores contratados por sociedades dependientes del organismo público, como Desarrollos Empresariales —a la que él pertenecía—, Aparcamientos Zona Franca, Servicios Documentales o centros de negocios, estaban cedidos como mano de obra para la matriz del consorcio de la Zona Franca, al carecer de jefes propios. Sánchez Quintero defiende que estas sociedades deberían estar sometidas al control de los Presupuestos Generales del Estado con lo que cualquier nuevo contrato está expresamente prohibido en el artículo 23 de la ley presupuestaria.
El PSOE acusa de enchufismo al responsable del consorcio gaditano
El último en incorporarse como responsable comercial ha sido Jesús de Sobrino en la sociedad Desarrollos Empresariales. Fue edil del PP en Cádiz entre 1999 y 2004. Se suma a Inmaculada Velázquez como abogada de la oficina de captación de inversiones del polígono exterior de la Zona Franca, al portavoz del PP en Lebrija, Javier Monge, en la sociedad Servicios Documentales de Andalucía; o a Cristóbal Cantos, denunciante del caso Invercaria, como director financiero de la Zona Franca.
Para el PSOE las denuncias de Sánchez Quintero demuestran casos de enchufismo. “En la Zona Franca anida de nuevo el huevo de la corrupción”, lamentó su portavoz, Francisco González, quien ha pedido la documentación de esos contratos y la convocatoria del pleno del Consorcio.
El delegado del Estado de la Zona Franca, Jorge Ramos, desmintió cualquier irregularidad. Defiende el despido de Sánchez Quintero por razones económicas y su sustitución por Velázquez “porque es una experta en asuntos inmobiliarios”. Argumenta que los contratos de Jesús de Sobrino y Javier Monge, sin oferta pública, son legales porque son temporales. “De Sobrino está con un contrato en pruebas de seis meses y Javier Monge hizo una sustitución y ya no trabaja aquí”, aclaró. Ninguno de estos contratos está avalado por la Abogacía del Estado. “No lo requiere al ser sociedades mercantiles”, sostiene Ramos, argumento que Sánchez Quintero rechaza en su denuncia. El contrato de Cristóbal Cantos, según el delegado, sí cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Estado, al depender directamente del consorcio. “Quiero pensar que ni ahora ni antes se ha pedido ningún carnet de un partido para ser contratado en la Zona Franca”, resolvió.
Ramos ha ofrecido al PSOE entregarle cuanta información necesite. Recuerda que él no tiene competencias para convocar el pleno, decisión que depende de su presidenta, Teófila Martínez, que no reúne este órgano desde enero de este año.
