“Nos preocupa la deriva que está tomando el caso del Madrid Arena”

El exfiscal jefe Provincial, Eduardo Esteban, abandonó el pasado viernes su despacho en la planta 13ª del edificio de la Audiencia Provincial, en la calle de Santiago de Compostela. Tras cinco años en el cargo, vuelve a su puesto en el Tribunal Constitucional. Antes había ejercido en Barcelona y en Madrid. Reconoce que aun le quedaban fuerzas para continuar en su puesto y que siente el no haber podido concluir algunos casos importantes.

Pregunta. ¿Cómo han sido estos cinco años?

Respuesta. Para mí un orgullo, una satisfacción. Ha sido un trabajo muy duro, pero hay mucha satisfacción cuando se logran resolver los problemas.

P. ¿Son suficientes los fiscales que tiene Madrid?

R. No, en ninguna plantilla de España, pero en Madrid es más evidente. Cada vez nos aumentan más las funciones. Durante los tres primeros años de estos cinco, hemos tenido un aumento de plantilla que ha hecho posible atender más cosas, pero los dos últimos por culpa de la crisis se han congelado las plantillas y lo estamos notando de una manera importante.

P. ¿Cuántos fiscales más necesitaría la región?

R. Calculo 25 o más. Esto sin contar con la implantación de sistema de investigación por parte de la fiscalía. Si al final se produce, habrá que ver consecuencia tiene para las plantillas.

P. ¿Qué consecuencias tiene para el ciudadano?

R. Lo más habitual en este puesto es recibir quejas. Muchas veces van por la tardanza en el informe del fiscal o por su ausencia en aquellos ámbitos en que se necesita su presencia.

P. ¿De quién es la culpa?

R. No hay medios suficientes. En los últimos años se ha paralizado el incremento de plantillas. Si se hubiera seguido como en los primeros años, sí tendríamos 15 o 20 de esos fiscales que necesitamos.

P. ¿Es lógico que se tarde tanto en instruir un caso?

“Con el Código Penal no se soluciona el problema de las manifestaciones”

R. No. Hay casos como Guateque, que empezó en 2006 y en el que todavía no hay escrito de acusación. Si la investigación y la instrucción se realizan con criterios judiciales, hay que hacerla con todas las garantías y todos los actos se hacen con la presencia de todas las partes, pero realmente no es necesario hacer una declaración con todas las garantías. Esto produce una gran inflación de recursos y de impugnaciones, que hacen que los procedimientos se eternicen. Pero hay muchas más.

P. ¿Cómo cuales?

R. Por ejemplo, y esto se ha dado muy claramente en el tema de los controladores aéreos. Hasta que se decide quién es el órgano competente se han perdido ocho o diez meses. Y no estoy exagerando. Estoy hablando de cifras tristemente razonables. Eso no ocurriría nunca con un fiscal instructor, porque estamos todos bajo la misma dirección. Hay casos de cierto renombre, como la operación Bloque o la operación Puerto, que ya estaba antes de que yo llegara, todavía no ha acabado. En este último caso, no hay sentencia firme aún. Creo que esto no es de recibo. Somos el único país en el mundo que tenemos este sistema judicial y es triste.

P. ¿Qué le parece la gestión de la justicia por parte de la Comunidad de Madrid?

R. También hay un antes y un después de la crisis. No vamos a negar su esfuerzo por la modernización de la justicia. Están creando en una continua actividad instrumentos procesales. Si antes hablábamos de carencia de fiscales, de lo que más falta tenemos es de funcionarios. Esto es ancestral. La propia Comunidad nos lo ha reconocido. No llegamos a un ratio de un funcionario por cada fiscal. Hay menos funcionarios que fiscales, lo que es bastante insuficiente. Llevamos mucho tiempo con la misma plantilla y siempre insuficiente. Ahora hay determinadas actitudes que no logramos entender como el que no se nombren sustitutos cuando hay vacantes o bajas.

P. ¿Qué medidas habría que tomar?

R. Lo primera es la de prestar los medios necesarios para poder desempeñar nuestras funciones. Es verdad que es un problema en estos ámbitos donde hay ciertas interferencias. Por un lado está el Ministerio de Justicia y por otra están los medios y los funcionarios. Entre las obligaciones de la Comunidad de Madrid es dar los medios suficientes. Creo que hay buena intención, que se intenta, pero no se consigue.

P. ¿Cómo ha vivido el caso de los niños robados?

“Siento mucha frustración

R. Siento mucha frustración. Lo dijimos desde el principio a todo aquel que nos ha querido escuchar. Hemos tramitado más de 300 denuncias en la Fiscalía y todas se han agotado en las medidas de nuestras posibilidades. En todas hemos recibido al denunciante y hemos hablado con él. Siempre hemos querido transmitir una idea y era la enorme dificultad que suponía investigar hechos cuando han ocurrido hace 30 o 40 años. No es porque no haya habido colaboración, pero muchos archivos han desaparecido. En un tema que iniciamos con mucha dedicación hemos terminado sin pruebas con las que imputar a alguien en la mayoría de los casos.

P. Y después el fallecimiento de la supuesta autora.

R. Sí, ha habido circunstancias sobrevenidas, como la muerte de sor María Valbuena ha provocado que no se pueda imputar a nadie. Conclusión: frustración porque había muchos ciudadanos y sobre todo ciudadanas en nuestras investigaciones y al final no ha sido posible. Desde la fiscalía, se ha hecho un gran esfuerzo.

P. ¿Está conforme con la instrucción del Madrid Arena?

R. El trabajo que está haciendo la fiscal es muy bueno y nos mantiene informado a diario, pero hay un tema que nos preocupa y es la deriva que está tomando la investigación. Esta no es mejor porque sea ilimitada. El juez también tiene obligación de eliminar aquellas pruebas que sean innecesarias. Ahora se ha hablado de una posible falsedad documental. Hemos pedido que se haga una investigación aparte porque no creemos que tengan ninguna trascendencia sobre los hechos, sobre los resultados. Si se ha producido, se ha realizado a posteriori. En definitiva, lo que hay que determinar quién fue el responsable de esas muertes y esos son los hechos en los que hay que centrarse. Me temo que se esté ampliando demasiado el campo de imputaciones sin mucha base jurídica. Al final eso hace engrosar el volumen de la causa.

P. ¿Qué opina del uso que está haciendo la policía y la Delegación del Gobierno del derecho penal?

R. No vamos a descubrir nada diciendo que en la calle hay un problema. La crisis lo impregna todo. Si la gente está en la calle es porque tiene algo por lo que protestar. Utilizar el Código Penal para frenar los problemas que tiene la gente no me parece un buen acierto. El Código Penal debe ser utilizado en los casos más graves. Muchos asuntos se pueden resolver con criterios de orden público. No es penalizando más como se va a solucionar los problemas de las manifestaciones. Se ha pretendido calificar como hechos delictivos, como de alta traición, actos que tradicionalmente eran propias de la calle. Sí que ha habido una tendencia que no es la adecuada. No voy a decir nunca que la policía tenga que soportar que sea agredida, pero lo que no puede pretenderse es acabar con la ocupación de la calle a través del código y penalizando hechos que nunca lo han estado o que es dudosa su penalización.

P. Cuando entró en el cargo estaba sobre la mesa el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia, que ahora está en vía muerta. ¿Cómo afecta la dispersión de las sedes judiciales a su trabajo?

R. Ese proyecto nos ilusionó porque pensábamos que íbamos estar juntos, que es la mejor manera de trabajar. Se pecó de un exceso megalómano al querer hacer una Ciudad de la Justicia como un museo arquitectónico al encargar cada uno de los edificios a un autor emblemático. Sí que se han reagrupado las sedes, pero aun así tenemos nueve sedes distintas en la capital y esto no es el problema principal, sino que tenemos que ir a las sedes judiciales, que hay 13 o 14.

P. ¿Eso ocurre en otras provincias?

R. No. En otros sitios sí que se ha producido la unificación. Somos la única ciudad de España, que no ha tenido un edificio judicial propiamente dicho. Lo tiene Barcelona, Sevilla, Valencia… Esto nos afecta ya que se pierde mucha energía laboral. En noviembre, hemos tenido un serio problema del traslado a la nueva sede entre los juzgados de la plaza de Castilla y la sede de Capitán Haya. Aunque solo hay 150 metros hay que llevarlos en coches, en furgonetas y por el personal autorizado y adecuado. Los secretarios judiciales han sido reticentes en ese cambio. No sé cómo pueden sobrevivir a esta dispersión. Desde luego es el principal problema organizativo que tiene la fiscalía.