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El Tribunal Superior anula la legalización masiva de viviendas en Barreiros

El Tribunal Superior tumba el plan aprobado por el Consello de la Xunta

Edificios en el municipio de Barreiros Ampliar foto
Edificios en el municipio de Barreiros

Una de las más controvertidas actuaciones urbanísticas del Gobierno de Feijóo, la legalización de cientos de viviendas en el municipio de Barreiros, en la costa de Lugo, ha recibido un severo correctivo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La más alta instancia judicial de la comunidad autónoma ha aceptado un recurso de la agrupación ecologista Adega y ha anulado el llamado plan sectorial de Barreiros que aprobó el Consello de la Xunta en marzo de 2012. Con ese plan el Ejecutivo autónomo pretendía dar cobertura legal a la mayor actuación urbanística de los últimos años en el litoral gallego —el Ayuntamiento había concedido licencias para 5.800 pisos, una buena parte de ellas declaradas ilegales— y a la vez aportar dinero público para dotar de infraestructuras a unas urbanizaciones edificadas sin apenas servicios para las viviendas.

 El TSXG acepta los argumentos de Adega, que sostenía que la Xunta incurrió en “desviación de poder” al dar carta de naturaleza jurídica a unas urbanizaciones que en su mayor parte se construyeron sin cumplir los requisitos legales. El Gobierno gallego se había acogido a una fórmula prevista en la ley de ordenación del territorio y declaró el plan de Barreiros de interés supramunicipal, pese a que su ámbito de actuación se limitaba a ese Ayuntamiento.

Ningún caso simboliza mejor el desenfreno de los años de euforia del ladrillo en Galicia que el de este municipio lucense. En 2006, el alcalde, Alfonso Fuente, del PP, concedió licencias para construir 5.800 viviendas en una localidad de 3.200 habitantes, pese a la advertencia expresa de ilegalidad que formuló la secretaria municipal. Un año después, los socialistas paralizaron desde el Gobierno bipartito de la Xunta las autorizaciones de 3.174 pisos y entablaron una batalla judicial contra el Ayuntamiento. Algunos cientos de viviendas ya estaban en construcción, pese a que se trataba de suelo urbano no consolidado y no contaba con calles de acceso ni con conexión a las redes de abastecimiento públicas.

La llegada del PP a la Xunta supuso la retirada de los recursos judiciales contra el Ayuntamiento y, finalmente, la elaboración de un plan sectorial que legalizaba lo construido y garantizaba la dotación de servicios a las viviendas. El plan fue pactado con el municipio, los promotores urbanísticos y la Diputación de Lugo, presidida por un socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quien rompió con la línea beligerante que había mantenido en este asunto su partido bajo el Gobierno de Emilio Pérez Touriño. Los servicios para las urbanizaciones costarían 14 millones de euros, de los que la Xunta aportaría el 40%, la Diputación el 10%, el Ministerio de Fomento 1,2 millones y el resto los propios promotores.

Con la llegada de la crisis, el plan no llegó nunca a ponerse en marcha. Pero, mientras tanto, Adega planteaba una nueva batalla judicial, que ha terminado con victoria ante el TSXG. Los firmantes del plan todavía podrían presentar un recurso de casación ante el Supremo.

En su sentencia, el tribunal gallego desmonta los argumentos que empleó la Xunta para declarar el convenio de interés supramunicipal. El Gobierno gallego había apelado a que la suspensión de las licencias en Barreiros producía un quebranto económico en la comarca de A Mariña y en el sector inmobiliario de toda la provincia. Los magistrados del TSXG replican que la dotación de infraestructuras a las viviendas “no tiene una incidencia que trascienda del término municipal ni por su magnitud e importancia ni por la demanda social”. Los argumentos de la Xunta, advierte el tribunal, permitirían que “cualquier actividad con efectos beneficiosos, aunque tuviese un ámbito territorial muy concreto” pudiera ser declarada de interés supramunicipal ya que “algunos de esos efectos, por escaso que fuese, se extendería a otros ámbitos próximos”. El fallo también explica que el origen del problema no es la “falta de previsión legal” sino una actuación del Ayuntamiento que la misma sala del TSXG ya declaró en otras sentencias “no conforme a la legalidad”.