El fiscal acusa al seguro del ‘Prestige’ de urdir una estrategia para no pagar

“No es, como da la sensación, que hay toda una Administración que va contra un pobre capitán”. No. Se trata de una “técnica jurídica”, aclaró ayer la fiscalía en su alegato final en el macrojuicio de la catástrofe del Prestige: si carga toda la culpa en el septuagenario capitán, Apostolos Mangouras, para el que pide 12 años de cárcel por delitos contra el medio ambiente, no es para que sea puesto de nuevo entre rejas. “No sería sensato, razonable, ni sostenible”. No. La finalidad del fiscal es lograr que la aseguradora británica del petrolero, la única sociedad del escurridizo entramado empresarial del buque que la justicia logró llevar a juicio como responsable civil directa, asuma, al menos en parte, la multimillonaria factura de la marea negra.

 Y por qué, vino a preguntar el ministerio público ante el tribunal, no recurrir con toda legitimidad a esta estrategia jurídica en la mayor causa jamás instruida en España por un delito ambiental, cuando la naviera, la armadora y la compañía de seguros se confabularon desde el principio para no responder por los daños. Desarrollaron, acusó el fiscal, Álvaro García Ortiz, “estrategias perfectamente planificadas para eludir responsabilidades patrimoniales”. Y acusó a la mutua londinense de “comportamiento desleal con la Administración y la gestión de la catástrofe” cuando envío sus abogados a Galicia, tras el accidente, para asesorar a la armadora y recabar documentos del barco a fin de “ocultarlos” a las autoridades. The London Steam-Ship Owners’ Mutual intervino, recordó el fiscal, desde el primer momento del siniestro como representante a la vez de Mare Shipping, la naviera liberiana del viejo petrolero —que cuenta con dos abogados en el juicio— y del armador con sede en Atenas pero en paradero desconocido para la justicia española, Universe Maritime. La solvente compañía de Londres jugó deliberadamente a la “confusión patrimonial”, es decir nunca dejó claro quiénes eran los responsables legales del Prestige.

El fiscal se extendió en apoyar sus acusaciones en documentos del gigantesco sumario. ¿Por qué la mutua pagó a través del armador griego la fianza obligatoria de la naviera, a los dos días del accidente, nada menos que 22,77 millones de euros? ¿Por qué abonó los tres millones para que Mangouras saliera en libertad provisional? The London lleva una década asumiendo los elevados gastos de defensa tanto del capitán como de la naviera. “Mangouras es el último eslabón de una cadena de personas” y responsables jurídicos del petrolero, incidió García Ortiz. Consciente del embrollo jurídico que plantea el juicio, dado el tratado internacional que establece las responsabilidades en caso de derrame de crudo y al que están sometidos tanto España como la aseguradora, el fiscal propuso dos vías para que en la sentencia se superen los límites de ese convenio y se encajen con la ley española. García Ortiz acusó a la mutua de Londres de incurrir en “fraude de ley” con el convenio internacional para cubrir los daños de mareas negras “al usarlo con un fin distinto para el que fue creado”, es decir resarcir a los damnificados. Es el meollo del asunto para decidir quién paga la factura del 'Prestige'. La póliza tiene un tope de 1.000 millones de dólares (750,58 millones de euros). La fiscalía cifra en 4.438 millones los daños totales.

García Ortiz insistió en las pruebas sobre el mal estado del buque. “Tenía los permisos, pero no se correspondían con la realidad, estaba en un pésimo estado y el capitán lo sabía”. Y defendió al exdirector de Marina Mercante José Luis López-Sors, uno de los cuatro acusados: “Su tragedia fue tener que tomar una decisión dramática sobre si alejar o no el barco. Diez años después, nadie lo ve claro. Se pudo equivocar, pero no infringió ninguna norma”.