La juez envía a prisión al dueño de Uniter por las comisiones de los ERE

La juez Mercedes Alaya ha decretado esta noche el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 600.00 euros, para el dueño de la consultora Uniter, José González Mata, a quien acusa de cobrar sobrecomisiones en los ERE que su empresa tramitaba para la Junta de Andalucía. La Fiscalía Anticorrupción había pedido, pocas horas antes, prisión incondicional sin fianza para el empresario por la gravedad de las penas que acarrean los delitos que se le imputan, superiores a cinco años de cárcel, y al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Con el ingreso en prisión del dueño de Uniter son ya 11 los imputados del caso de los ERE encarcelados por la juez. Solo cuatro continúan privados de libertad (el conseguidor Juan Lanzas, el testaferro Eduardo Leal y los directivos de la consultora Vitalia María Vaqué y Eduardo Pascual).

La fiscalía había pedido también una fianza de responsabilidad civil de 236 millones de euros (equivalente al total de la prima de las pólizas en las que medió Uniter, 177 millones, más el tercio legal), aunque Alaya decidió fijarla en 98 millones de euros. El Partido Popular se ha adherido a la petición de la fiscalía, mientras que la Junta, personada como acusación particular, ha pedido que el empresario comparezca periódicamente en sede judicial. El sindicato UGT se ha sumado a la petición de la Junta.

Según han informado fuentes del caso, el abogado de González Mata ha recordado que su cliente lleva casi dos años imputado y ha descartado el riesgo de fuga y la posibilidad de que el empresario destruya ahora pruebas. El abogado, Juan Pedro Cosano, ha alegado también que la esposa del empresario está pendiente de una grave intervención quirúrgica y que González Mata tiene las cuentas corrientes bloquedas por orden judicial. “Vive de los muchos favores que ha hecho”, ha advertido el letrado, según fuentes del caso.

La juez imputa al dueño de Uniter ocho delitos: tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita, malversación, prevaricación, delito contra la hacienda pública y apropiación indebida.

Según la juez, la Junta de Andalucía pagó 51,5 millones de euros en gastos de corretaje innecesarios a las mediadoras de las pólizas de los ERE, Uniter, Vitalia y los sindicatos. El empresario ha comparecido hoy, por segundo día, ante Alaya y las acusaciones y defensas del caso. Durante el interrogatorio, ha reiterado que casi todas las negociaciones con la Junta las hizo con el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. Cuando cambiaron las competencias y Empleo pasó a la Consejería de Innovación, el que sustituyó a Guerrero en la negociación de los ERE fue el actual viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Luis Nieto. Según González Mata, fue él quien “autorizó las pólizas” relacionadas con el parque auxiliar de Santana Motor -Linares Futuro- y con el parque auxiliar de Astilleros.

Tras conocer las declaraciones del dueño de Uniter, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo difundió una nota en la que calificó la información de “rotundamente falsa”. Según este texto, las pólizas de Astilleros de Huelva y de Santana Motor se formalizaron antes de mayo de 2012, cuando el departamento que dirige Antonio Ávila asumió las competencias de Empleo. “Por tanto, ninguna de estas dos pólizas se formalizó desde la actual Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que asumió las competencias de Empleo en mayo de 2012”, sostiene la Junta.

El dueño de Uniter indicó también que antes de las elecciones autonómicas se celebró una reunión con los trabajadores del parque auxiliar de Santana Motor a la que asistieron el actual consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Avila; la responsable de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y el exconsejero de Empleo Manuel Recio, quienes “aseguraron a los trabajadores que la Junta se iba a hacer cargo de todas las pólizas”. El departamento de Ávila admite una reunión de los tres consejeros con los principales representantes sindicales en la que se acordó poner en marcha el Plan Linares Futuro, pero niega que en ese encuentro se prometiera a los trabajadores que las Junta asumiría todas las pólizas.

La declaración de González Mata quedó pendiente el pasado mes de marzo dentro de la operación Heracles. Según la investigación, el dueño de Uniter era el encargado de la “captación del negocio” de la empresa y el que gestionaba los contactos con la Junta. La Guardia Civil cree, además, que colaboró en la inclusión de intrusos en algunos ERE, entre ellos, el de Calderinox.

La juez sostiene que Uniter cobró 20 millones de euros en sobrecomisiones por su participación en la tramitación de varios ERE, entre ellos, el de Delphi (donde la mediadora cobró más de seis millones) y el de la faja pirítica de Huelva (4,5 millones). El escrito de imputación alude también a los pagos de más de 7,6 millones de euros que cobraron los sindicatos CC OO y UGT de Uniter (3.253.000 euros) y de Vitalia (4.221.000).