“Estamos atrapados”
Los habitantes de una urbanización de El Pla de Santa Maria explican con resignación sus estrecheces ante la falta de luz, agua y alcantarillado
Una cuarentena de personas vive desde hace más de dos décadas sin luz, agua ni alcantarillado público en la urbanización El Vedat, a las afueras del municipio El Pla de Santa Maria (Alt Camp). Tampoco hay asfalto en sus calles, sino tierra o hierba. Para acceder a la urbanización hay que cruzar un pequeño riachuelo, que se ha desbordado debido a las últimas lluvias. Así, entre solares cubiertos de matorrales y amapolas, se alzan unas 50 viviendas: se divisa alguna casa aparentemente lujosa, chalets unifamiliares, pero también parcelas a medio construir con ladrillos esparcidos a su alrededor, cabañas o caravanas.
Los primeros habitantes de El Vedat llegaron en la década de los años 80, en su mayoría procedentes del área metropolitana de Barcelona. Todos se sentían atraídos por la idea de cambiar la ciudad por un entorno tranquilo con todas las comodidades, y a un precio mucho más económico. Sin embargo, tras comprar las parcelas, las promesas del promotor, un hombre ya fallecido apodado El Andorrano según cuentan los vecinos, nunca se cumplieron. “Les dijo que urbanizaría las calles cuando estuviesen todas las parcelas compradas, pero después no lo hizo y así quedó”, explica Mateu Montserrat (CiU), alcalde de El Pla de Sant Maria.
Unas 2.000 urbanizaciones irregulares
En Cataluña hay unas 2.000 urbanizaciones levantadas entre 1960 y 1970, alejadas de los núcleos urbanos. Suman 300.000 parcelas con casas unifamiliares que en origen fueron segundas residencias, pero que en muchos casos se han convertido en vivienda habitual. Son barrios donde a veces falla la pavimentación de los accesos, los suministros básicos de agua, luz, gas o teléfono, donde a menudo no hay sistema de alcantarillado y donde faltan servicios públicos. Además, debido a su origen ilegal, hay casos en los que las familias no pueden registrar o acreditar la propiedad de sus viviendas.
De todo ello alertó el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quien destacó que la situación de las familias se agrava en el momento en que estas urbanizaciones se convierten en núcleos habitados permanentemente. Ribó entiende que se está vulnerando el artículo 47 de la Constitución, el que habla del “derecho a una vivienda digna y adecuada”. Por ello, convocó a un grupo de expertos que han elaborado una serie de propuestas, como la necesidad de flexibilizar la normativa para adaptarla a cada asentamiento.
El Gobierno tripartito (PSC-ICV, ERC) aprobó en 2009 la Ley de mejora de las Urbanizaciones con déficits urbanísticos. Esta ley (que estimaba los habitantes potenciales en 625.000 personas) cerraba, teóricamente, un triángulo de problemas urbanísticos: primero se había aprobado la ley de barrios y luego la creación de 50 nuevos ensanches de vivienda. La Ley de las Urbanizaciones contemplaba la creación de un fondo económico para regularizarlas (para que los Ayuntamientos pudieran redactar planes para adecuarlas). El Tripartito llegó a hacer dos convocatorias de ayudas para redactar planes (2009 y 2010) y una para obras (2010). Pero la crisis avanzó y la falta de presupuesto congeló las ayudas y con ellas la ley.
Juan Carrillo y Margarita Silva fueron los primeros en llegar a este páramo. El matrimonio, ambos de 64 años, dejó L’Hospitalet hace 25 años, harto de vivir entre estrecheces. “Los propietarios de los solares cogían a los vecinos del barrio, nos montaban en un autobús y nos llevaban hasta aquí para vendernos los terrenos. Me fui haciendo yo mismo la casa durante los fines de semana, sin permisos. Y como hace más de 20 años, no nos la tirarán abajo”, narra Carrillo, que fue lampista. Con el paso del tiempo, la pareja se las ha ingeniado para proveerse de energía. En una de las cocheras del patio sobresale un gran generador y del tejado cuelgan dos placas solares. “En invierno a las cinco de la tarde ya es de noche y las placas no cargan, por eso hemos tenido que alquilar un piso en una ciudad, Valls (Alt Camp)”, cuenta Carrillo. A escasos metros de su vivienda sobresale otra repleta de carteles donde se lee: “Se vende”. Allí vive un matrimonio con sus hijos y nietos, llegados del Prat de Llobregat (Baix Llobregat). “Vendimos el piso de 50 metros cuadrados para comprar este de 300. Como poco me he gastado 150.000 euros y ahora estamos perdidos de la mano de Dios. Nos han engañado a todos”, esgrime Josep Montalván, de 59 años, que se dedicaba a la construcción.
La comunidad se nutre del agua de un pozo cercano. Desde este depósito están conectadas tuberías bajo llave hasta cada parcela. De manera rotatoria un vecino administra el agua, por la que cada vivienda paga siete euros por hora de suministro. Además, un camión se acerca un par de veces por semana para recoger la basura. “Pagamos este servicio al Ayuntamiento”, dice Antonio Montalván, hijo de Josep. Tiene 36 años y está en paro. Se las arregla como puede para hacer frente a costes como el de la gasolina; cada día debe recorrer decenas de kilómetros para llevar a sus hijos al colegio. El cartero tampoco llega a El Vedat. Tener teléfono fijo es un lujo imposible de hacerse realidad. En lugar de alcantarillado, hay fosa séptica. “Estamos atrapados aquí”, resume Antonio. En internet proliferan los anuncios de venta de casas de esta urbanización. Un chalet de 150 metros cuadrados, por ejemplo, cuesta 220.000 euros.
El alcalde de El Pla de Santa Maria explica que, aunque lo intentan, no pueden urbanizar las calles por el elevado coste de las obras. El Consistorio no deja construir más casas en El Vedat y a las ya alzadas les tramita un permiso como vivienda “agrícola interurbana”. “La urbanización es propiedad privada y la ley no permite disgregar fincas de menos de tres hectáreas, no tienen escrituras solo un papel de compraventa”, dice Montserrat. ¿Llegarán algún día los servicios públicos? “Imposible”, concluye el alcalde.
