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La Audiencia de Lugo imputa a Cacharro Pardo por la Operación Muralla

El expresidente de la Diputación está acusado de adjudicaciones presuntamente irregulares

Francisco Cacharro Paro
Francisco Cacharro ParoXOSÉ MARRA

La Audiencia de Lugo ha decidido llamar a declarar como imputado al expresidente de la Diputación de Lugo y exsenador del PP Francisco Cacharro, investigado por supuestas adjudicaciones irregulares de contratos cuando presidía el organismo provincial. La imputación de Cacharro es consecuencia de la llamada Operación Muralla, un caso de presunta corrupción muy sonado en su momento pero que estuvo siete años paralizado por la justicia.

El caso había entrado en punto muerto desde 2006, cuando el fiscal que promovió la investigación, Jesús Izaguirre, abandonó su puesto en Lugo por un traslado profesional. Las diligencias se reactivaron el pasado marzo, pero el Juzgado de Instrucción numero 2 de la ciudad rechazó imputar a Cacharro, que ya hace tiempo abandonó la política y su militancia en el PP, enfrentado con la dirección gallega del partido. Ahora la Audiencia de Lugo ordena al juzgado tomar declaración en calidad de imputado al expresidente de la Diputación -que ya en su día prestó testimonio como testigo- después de conocer nuevos informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía y de la Intervención General del Estado que "arrojan luz sobre el sistema de contratación" en el organismo provincial, en cuyo procedimiento Cacharro "intervenía de manera directa", según una nota hecha pública esta tarde por el Tribunal Superior de Galicia.

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La investigación abierta en 2006 por el fiscal Izaguirre apuntaba a que una firma de ingeniería, a la que supuestamente estaban vinculados funcionarios de la Diputación, había acaparado de forma sistemática los contratos adjudicados por el organismo bajo la supervisión de Cacharro. Además, también se investigan los contratos de señalizaciones de las vías provinciales. En 2006 fueron detenidas diez personas, entre ellas el jefe de Vías y Obras de la Diputación, a las que se acusó de delitos como prevaricación, cochecho, malversación, tráfico de influencias y falsedad documental. Cacharro perdió al año siguiente la Diputación que presidía desde 1983.

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