El PP acepta retocar el peso de las provincias en su reforma electoral

Si mantiene su intención de llevarlo a cabo, el PP deberá sacar adelante en solitario su plan para reducir diputados. Los grupos parlamentarios de PSdeG y Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) acudieron ayer "por cortesía" al encuentro que propició el portavoz popular en la Cámara, Pedro Puy, pero no colaborarán en la reforma. Y aunque el propio Puy admitió tras la reunión que será la ejecutiva de su partido la que fije a partir de ahora los pasos a seguir, todo parece indicar que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tirará hacia adelante sin el concurso de los otros partidos, como ya ha advertido en múltiples ocasiones.

Tras la reunión semanal de su Gobierno, Feijóo aseguró que la decisión la tomó la sociedad gallega “en referéndum” el pasado 21 de octubre. Dio a entender que la línea del programa electoral que su partido dedicó el pasado otoño a la reducción de escaños decantó la mayoría absoluta en las últimas autonómicas y por eso, a diferencia de lo que ocurre con otros de sus compromisos, no cabe incumplir este. Con ese hilo argumental, Feijóo se siente “validado por las urnas” para cambiar la ley electoral gallega, es decir, las reglas del juego, las normas sobre el número de escaños y su reparto entre provincias, aunque no cuente con el consenso de la oposición. Preguntado sobre si también él considera que los comicios gallegos pueden considerarse un referéndum sobre el recorte de escaños, Puy prefirió no pronunciarse argumentando que desconocía el contexto de las palabras pronunciadas unos minutos antes por el presidente.

En le reunión celebrada en el Parlamento y posteriormente ante la prensa, los representantes de la oposición repitieron los argumentos que vienen esgrimiendo desde que Feijóo retomó, hace unas semanas, su propuesta del final de la legislatura pasada para suprimir 14 escaños (de 75 a 61) en el Parlamento gallego. Xosé Manuel Beiras calificó la operación de “pantomima”, recordó que varios dirigentes del PP —empezando por Feijóo y su número dos, Alfonso Rueda— ya advirtieron que llevarán a cabo la reforma con o sin el concurso del resto de formaciones y advirtió que en democracia “las reglas del juego” se pactan entre todos. “La corrupción está por todos los lados y nadie dimite; se habla de ahorrar en unos cuantos escaños, pero se multiplica por 10 la dotación estatal para material antidisturbios”, se quejó el veterano líder poniendo en duda que el verdadero motivo de la reforma que propone el PP sea el ahorro. Beiras explicó que su coalición presentará su propia propuesta de reforma de la institución y avanzó que si el PP sigue adelante con su plan, AGE votará en contra porque supone una merma en la pluralidad de la Cámara.

Argumentos similares fueron esbozados por el portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada, quien aseguró que la supresión de diputados es “una línea roja” que su partido no está dispuesto a traspasar. Losada avanzó que los socialistas también manejan una propuesta de “mejora de la vida parlamentaria”, calificó el ahorro de testimonial y lamentó que Feijóo, “un experto en incumplir su propio programa” tenga tanta prisa en recortar el Parlamento “en su propio beneficio”. De paso, recordó que lo que la sociedad está exigiendo “indudablemente es más participación y su derecho a estar representada en la casa de todos que es el Parlamento”. El BNG ni siquiera se presentó a la cita y ya ha registrado su propia hoja de ruta, que pasa por eliminar las circunscripciones provinciales para optar por una única que compute los votos de toda la comunidad.

Oídos los reparos del resto del arco parlamentario, Puy agradeció la presencia de socialistas y AGE en la reunión y anunció que su partido está dispuesto a considerar el peso mínimo de cada provincia en el reparto de escaños de forma que el recorte no acabe primando los territorios que más votan al PP, Ourense y Lugo. No se extendió en la explicación. Tal y como dejó claro, el tema está ahora en manos de sus superiores en el partido. Según las cuentas que ha defendido el PP desde que lanzó este anuncio, el ahorro que supone rebajar en 14 escaños el hemiciclo alcanza el millón de euros anual.