Solo tres municipios rechazan adherirse al programa de ayuda a la contratación
Amnistía aplaude el plan que da tres comidas a niños, pero pide más medidas
La Consejería de Salud y Bienestar Social hizo ayer públicos los datos del programa de ayuda a la contratación que contempla el decreto ley de medidas contra la exclusión social. Solo tres de los 771 municipios de la comunidad han decidido no adherirse al plan. Se trata de dos localidades de Granada y una de Almería que, según explicó Salud, han rechazado participar porque entre sus habitantes no hay candidatos que reúnan los requisitos que recoge el decreto.
El programa, dotado con 40 millones de euros, contempla ayudas a los Ayuntamientos para que contraten, por un periodo de entre 15 días y tres meses, a desempleados en riesgo de exclusión social para el desarrollo de actividades de interés para la comunidad. Las ayudas se distribuirán entre los Ayuntamientos en proporción al número de personas en paro registradas en cada municipio a 31 de diciembre de 2012. Las previsiones de la Junta pasan por que el programa sirva para emplear a alrededor de 47.000 personas.
Amnistía Internacional aplaudió ayer el plan contra la exclusión de la Junta, sobre todo el programa que garantiza tres comidas a niños en riesgo de exclusión. “Cualquier medida que haga que los niños puedan tener garantizadas tres comidas al día es positiva”, señaló en Jaén Esteban Beltrán, director de esta ONG. Ahora bien, Beltrán considera que es preciso afianzar esa medida para que no se vea como algo transitorio. “Debe consolidarse como un derecho para que así pueda reclamarse como tal en los tribunales”.
La indefensión de los ciudadanos ante la Justicia es, según Beltrán, uno de los mayores problemas de la sociedad actual. Esa indefensión está presente en el informe de Amnistía Internacional 2013 sobre los derechos humanos presentado ayer. Esta organización valoró el compromiso de la Junta de no aplicar las restricciones sobre la tarjeta sanitaria a los inmigrantes indocumentados. “Damos la bienvenida a ese compromiso”, indicó Beltrán.
Pero Amnistía Internacional, que cuenta con 6.500 socios y 13 grupos locales en Andalucía, lamentó que Andalucía no tenga reconocido el derecho a una vivienda adecuada y solo lo hace por una política pública de vivienda. También cree precisa una regulación autonómica para la inspección de los centros de menores con trastorno de conducta.
