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El plan de urbanismo de A Estrada fue avalado por la archivera

La Xunta aprueba el plan al que dio luz verde la funcionaria, militante del PP, mientras sustituía en vacaciones al secretario municipal

Vista general del casco urbano de A Estrada.
Vista general del casco urbano de A Estrada. ÓSCAR CORRAL

El alcalde de A Estrada y ex diputado autonómico del PP, José López Campos, logró eludir el preceptivo informe del secretario municipal del Ayuntamiento, José Naveira, sobre el Plan General aprovechando sus vacaciones para que ese dictamen lo avalase la archivera municipal, María Jesús Fernández Bascuas, compañera del regidor en el comité local del PP estradense. La documentación que obra en poder de este diario demuestra que el plan para evitar los posibles reparos del secretario titular del Ayuntamiento al documento urbanístico no fue casual.

 El 2 de octubre de 2012, el regidor remitió una carta en la que emplazaba al funcionario a solicitar las vacaciones pendientes de aquel ejercicio en menos de 24 horas. El secretario municipal fijó entre el 19 de noviembre y el 12 de diciembre sus días pendientes de disfrutar pero, en vísperas de la aprobación provisional del Plan General, comprometió su “más completa disposición a variar el calendario propuesto”. Previendo lo que podía pasar, el funcionario avisó de que “dada la trascendencia del asunto, lo idóneo es que la aprobación del expediente se produzca actuando como secretario de la Corporación su titular y no ningún otro”. Al no recibir respuesta del alcalde, el funcionario le envió una segunda comunicación recomendando que durante sus vacaciones le sustituyera el jefe del servicio jurídico de Urbanismo en ese Ayuntamiento, la misma persona que otras veces había cubierto sus libranzas. Y justificaba su consejo puesto él mismo debería “retomar” a la vuelta de vacaciones la gestión del plan general.

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Ninguna de esas cautelas fue tomada en cuenta por el regidor, que designó como secretaria accidental del Ayuntamiento a una persona de su confianza, la archivera y compañera en la dirección del PP estradense, María Jesús Fernández Bascuas. Fue ella quien dio su bendición al planeamiento urbanístico con un dictamen, firmado el 26 de noviembre, en plenas vacaciones del secretario titular, y la que avaló una por una todas las variaciones introducidas por el gobierno municipal. Pero la víspera de que se celebrase el pleno para aprobar provisionalmente el plan general, el secretario titular presentó un segundo informe que enmendaba el de su sustituta y repleto de reproches al documento del gobierno. El dictamen realizado en solo cinco días por el técnico a su vuelta de vacaciones defendía que la propuesta de planemiento no presta “la mínima atención” a la Lei do Solo de 2010 pese a que la adaptación a esta debía ser “uno de sus principales objetivos”. El dictamen, con fecha de 17 de diciembre de 2012, critica la clasificación de varios terrenos como suelo urbano no consolidado pese a que no estaban urbanizados.

Las salvedades al documento no se paran ahí: el dictamen del secretario también argumenta que los cambios introducidos en el plan desde que este había sido expuesto a información pública, durante el otoño e invierno de 2009 (con el anterior gobierno municipal socialista) obligan a repetir ese trámite para volver a exhibirlo a los vecinos.

Todas esas pegas jurídicas llevaron a la oposición a exigir, en la sesión plenaria del pasado 18 de diciembre, que el polémico plan quedase sobre la mesa. Pero el regidor decidió tirar hacia adelante, su mayoría absoluta lo refrendó y el documento salió camino de la Xunta, que ha empleado los últimos meses en analizarlo. Finalmente, el planeamiento ha obtenido el sí de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que preside Agustín Hernández, compañero de escaño del alcalde hasta 2011, cuando López Campos dimitió tras vencer en las municipales. El pasado lunes, Hernández anunció que la Xunta da luz verde al polémico ordenamiento urbanístico para llenar un vacío normativo de 35 años y dejar sin validez las vetustas normas subsidiarias de los años setenta.

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Desde que estalló el conflicto, el secretario municipal, erigido en enemigo público número uno del alcalde, no ha vuelto a ejercer. Primero se tomó un permiso para casarse y cuando le tocaba reincorporarse presentó una baja laboral. Como sustituta, sigue ejerciendo la archivera del Ayuntamiento, abogada de formación, que ya percibe un complemento por sustituir al técnico titular. Los tres sindicatos con representación en el Ayuntamiento (UGT, CC OO y CIG) han denunciado su situación y la de otros funcionarios que también han asumido tareas que no le competen, señalados por el dedo del alcalde.

Entretanto, la Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano amenaza con pleitear contra el futuro plan. No será la primera vez: la asociación vecinal ya llevó hasta el final —y con victoria— su pelea por la supresión de una normativa urbanística provisional que acabó tumbando el Tribunal Supremo.

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