Alicante, la ciudad de los proyectos fracasados
El plan Rabassa se suma a una larga lista de iniciativas de futuro frustradas como el Medpark, la línea 2 del Tram o el Palacio de Congresos
Alicante es una ciudad del arco mediterráneo con potencial, pero sus grandes proyectos fracasan. Es la capital de la cuarta provincia de España en Producto Interior Bruto (PIB), con una economía diversificada en la que destacan los sectores exportadores (calzado, textil y mármol) y el turismo. La ciudad, de tamaño medio (350.000 habitantes), está bien comunicada, sobre todo gracias al aeropuerto de L’Altet (el cuarto en tráfico de España), y tiene un clima excepcional. Sin embargo, no acaba de despegar. La sociedad alicantina es la primera en plantear grandes iniciativas de futuro, pero al final, en la mayoría de los casos los proyectos se atascan. Quedan enredados en discusiones políticas, son tumbados en los tribunales o acaban olvidados en un cajón ante la desidia de políticos y empresarios.
La lista es larga. El último ejemplo, de momento. ha sido el plan Rabassa, la polémica urbanización de cuatro millones de metros cuadrados de suelo sobre los que el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, pretendía la construcción de 13.500 viviendas y un área comercial para albergar a Ikea. Se presentó la maqueta, hubo largas colas de familias interesadas en adquirir una vivienda social y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, convirtió la llegada de la multinacional sueca en su apuesta comercial. Sin embargo, esta semana el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el proyecto por la falta de publicidad en el proceso de adjudicación del plan y la ausencia de suficientes reservas de agua. Ahora toca volver a empezar de cero y la alcaldesa, Sonia Castedo, intentará salvar solo Ikea.
Planes y delirios
Conejos de chistera electoral. Al calor de las campañas electorales nacieron una serie de proyectos de dudosa viabilidad que solo sirvieron para generar ilusión. Entre la lista de ensoñaciones manejadas hay un teleférico desde la playa del Postiguet para subir al castillo de Santa Bárbara, el soterramiento del tráfico en Conde Vallellano, frente a la Explanada para ganar todo el paseo marítimo, una Chinatown para los negocios regentados por los asiáticos o la instalación de un buque tienda en el puerto.
Víctima de intereses políticos. Los intereses de Eduardo Zaplana por segregar facultades de la Universidad de Alicante para crear la Miguel Hernández de Elche bloquearon la iniciativa del parque científico Medpark, un área anexa al campus alicantino para empresas de avanzado valor tecnológico impulsada por el entonces rector Andrés Pedreño.
De iniciativas fracasadas como esta han corrido ríos de tinta en la prensa. El Palacio de Congresos que proyectó el exalcalde Luis Díaz Alperi, del PP, en la ladera del monte Benacantil también fue rechazado en los tribunales, ya que se pretendía construir sobre un BIC (Bien de Interés Cultural). El PP, que convirtió esta infraestructura en su principal promesa electoral, cambió entonces el emplazamiento a la Sangueta, pero la crisis ha enterrado definitivamente esta iniciativa reclamada por los hoteleros desde hace décadas.
La Universidad de Alicante, bajo el mandato del rector Andrés Pedreño en los años noventa, fue pionera en proyectar un parque científico, un área anexa al campus en el que empresas de avanzado valor tecnológico convivieran con los investigadores. Se presentaron un proyecto y la maqueta del Medpark. Sin embargo, el enfrentamiento institucional y político con la Generalitat presidida por Eduardo Zaplana, que segregó centros y facultades por la fuerza para crear la Universidad Miguel Hernández de Elche, bloqueó cualquier iniciativa que surgiera del despacho de Pedreño. El resultado una década más tarde es que el parque científico ha quedado reducido a un edificio de laboratorios y un animalario.
La Justicia ha sido otra damnificada de esta política de desaciertos y desencuentros que parece que se ha instaurado en Alicante. La Ciudad de la Justicia es una demanda crónica de jueces, fiscales y abogados, que llevan más de una década pidiendo un complejo donde unir los servicios y juzgados. Se anunció la colocación de la primera piedra en 2010, pero llegó la crisis y la Generalitat descartó por “inviable” el proyecto. “Alicante es la única de las grandes ciudades valencianas que no tiene Ciudad de la Justicia”, se ha quejado el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, en reiteradas ocasiones.
La Ciudad de la Justicia y una estación intermodal están aparcadas
Otro ejemplo. La puesta en marcha de la línea 2 del Tram, el tranvía que tiene previsto unir el centro de Alicante con Sant Vicent del Raspeig y el campus actual de la universidad, también se ha convertido en un despropósito. La Generalitat invirtió 150 millones de euros en esta línea, cuyas obras finalizaron hace dos años, y se compraron los tranvías. Pero el concurso para su explotación privada se atascó. Al final, será el personal de FGV (Ferrocarrils de la Generalitat) el que asuma la puesta en marcha de esta línea para el próximo curso escolar.
Otros proyectos que no han pasado de la maqueta son las torres y reforma integral del estadio Rico Pérez, la nueva estación de autobuses que se proyectaba sobre la antigua, la comandancia de la Guardia Civil o la estación intermodal de tren para unificar el tranvía, AVE y los trenes de cercanías.
“Política publicitaria ilusoria”
¿Por qué motivo fracasan estos proyectos? El periodista Pere Miquel Campos lo explica así: “Somos una ciudad del quiero y no puedo”. A su juicio, ni los empresarios ni la clase política son capaces de profundizar en un modelo de ciudad coherente y de largo recorrido. “Estamos encantados de nosotros mismos”, explica Campos que detecta una cierta “desidia” generalizada por parte de la clase dirigente. En la misma línea, el sociólogo Carlos Gómez Gil considera que la falta de un proyecto “estratégico y sostenido sobre la ciudad y sus habitantes ha sido sustituido por una política publicitaria ilusoria carente de cualquier anclaje con la realidad”. Para este profesor de la Universidad de Alicante, otra clave del problema es que ha existido una “voluntad clara de alimentar y engrasar el circuito de constructores y empresarios promotores de obras públicas que, como se demuestra en estos momentos, han sido un foco de corruptelas y perversión de fondos públicos”.
Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional, también insiste en que el problema de Alicante es que “carece de un modelo económico propio y definido” y que ha vivido de “la especulación o de las rentas del resto de la provincia”. José María Perea, presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), recuerda que durante los últimos años el problema es que en Alicante “la mayoría de las prácticas políticas están bajo sospecha”, y aclara que varias de estas iniciativas, como el Palacio de Congresos, se tumbaron en los tribunales porque no se ajustaban a la legalidad.
Alcaraz, que fue uno de los fundadores de la PIC, apunta otro factor: “La ignorancia de élites dominantes que solo se han preocupado, como los piratas, de ganar dinero y controlar a la clase política para que se plegara a sus intereses”.
