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Málaga, Cádiz y Almería concentran la mayoría de multas a taxis ilegales

Las sanciones a conductores sin permiso pueden alcanzar los 4.600 euros Competencia multa al servicio del Aljarafe y el conflicto del aeropuerto de Sevilla llega al juzgado

Taxistas de Sevilla, en la parada del aeropuerto.
Taxistas de Sevilla, en la parada del aeropuerto.julián rojas

El sector del taxi es una selva. Y la proliferación de todo tipo de vehículos piratas que realizan servicios fuera de la normativa o aprovechan sus resquicios legales es todo un quebradero de cabeza para los profesionales del sector y las administraciones públicas que tratan de ponerle orden. El último ejemplo de este conflictivo hábitat es la imputación, por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, de nueve taxistas por supuestas amenazas, coacciones y agresiones a una decena de compañeros. Estos denunciaron ante el fiscal a un grupo de colegas que trataba de acaparar la parada del aeropuerto San Pablo impidiéndoles recoger a viajeros.

Si la anterior noticia demuestra el ambiente caldeado en que los propios conductores con licencia hacen a veces sus carreras, el aire se vuelve irrespirable cuando aparecen aquellos que conducen vehículos que no gozan de permiso alguno. Son los conocidos como taxis piratas, cuyo actividad irregular se concentra, sobre todo, en Cádiz, Almería y la Costa del Sol, según Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, que representa en torno al 80% del sector. “El fenómeno del intrusismo es un hecho histórico que denunciamos desde hace años”, advierte.

A lo largo de 2012 y los tres primeros meses de este año, la Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto en Andalucía 161 expedientes sancionadores por realizar servicios de transporte público de viajeros sin autorización. Cada uno está castigado con 1.501 euros de multa. Y en caso de reincidencia o especial gravedad de la infracción —por la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusión social—— la infracción puede castigarse con 4.601 euros. Esta multa máxima se aplicó en 78 expedientes abiertos y en 83 se penalizó la infracción con la sanción más leve. Por provincias, en Málaga se produjeron 48 sanciones; en Almería y Cádiz, 34, respectivamente; en Sevilla, 19; en Huelva 15; en Jaén siete, en Granada, cuatro y en Córdoba no se han tramitado expedientes por ese concepto.

Miguel Ruano se atreve a hacer una taxonomía de esta compleja fauna. “Por un lado, tenemos al pirata total, que no tiene título habilitante, como una licencia municipal o una autorización de transporte. También carece de vehículo propio homologado e incluso, en ocasiones, del permiso de conducir exigido a los profesionales del sector. Por supuesto, tampoco goza de seguro de responsabilidad civil alguno. Luego tenemos a aquellos que se ofertan a sí mismos en las recepciones de los hoteles o en Internet y las redes sociales y que trabajan con pactos previos con los clientes. Tenemos también los que están especializados en puertos y aeropuertos. En el primer caso, muchas veces son extranjeros del Norte de África que recogen a compatriotas que prefieren pagarles a ellos el servicio. En los aeropuertos también encontramos a quienes se hacen pasar por conductores de coches precontratados para viajeros. Estos piratas falsean los documentos que permiten entrar en el aeropuerto. Con este engaño, se cuelan y recogen al turista”, explica Ruano.

Una vez identificado y sancionado al infractor, la actual Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, de ámbito y competencia estatal, prevé el precinto del su vehículo, si se precisa. Pero esta medida no puede llevarse a cabo hasta la tramitación completa del expediente y debe ser ejecutada por la Subdelegación del Gobierno. Y ahí está el problema del que se quejan los taxistas. “Hasta ahora, el coche no se inmovilizaba de forma inmediata y podían seguir ejerciendo como taxistas piratas”, se queja el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi.

Para salvar este bache, la Consejería de Fomento y Vivienda está trabajando con los taxistas para aplicar en la comunidad una norma que permita la inmovilización del turismo en el mismo momento en el que se detecta el acto ilícito. No obstante, al ser la normativa que establece estas sanciones una ley estatal, el Gobierno autonómico no puede introducir cambios en su corpus legal, por ello el texto que se está redactando se incluirá como modificación de la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de carácter autonómico.

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Problemas en Algeciras y Sevilla

Cándido Romaguera

El puerto de Algeciras (Cádiz), por donde a diario pasan unas 11.000 personas, es un buen reclamo para los taxistas piratas. El problema, según denuncian los conductores autorizados, supone pérdidas del 30% para los "legales". "Son más de 40 los vehículos que, en su mayoría conducidos por ciudadanos del norte de África, operan en esta zona y causan un grave e irreparable perjuicio", afirma Antonio Ríos, presidente de una de las asociaciones de Radiotaxi en Algeciras. "A pesar de las reuniones mantenidas con el puerto y el Ayuntamiento, la situación sigue siendo la misma", lamenta.

"Lo que lamentamos es que, cualquier día, se puedan volver a producir incidentes que acaben con un altercado, tal y como ocurrió semanas atrás, cuando unos compañeros persiguieron a un taxista pirata y lo agredieron", alerta el presidente del colectivo de taxistas.

“Un taxi legal realiza un viaje entre Algeciras y Málaga por unos 140 euros, mientras el taxista pirata realiza el mismo trayecto por unos 90. Es competencia desleal”, esgrimen los responsables del sector a la hora de reclamar una actuación policial y política contundente.

En Sevilla, los conflicos son internos y algunos han llegado a los Tribunales. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla investiga a nueve taxistas por supuestas amenazas, coacciones y agresiones a una decena de compañeros. Estos denunciaron ante el fiscal a un grupo de colegas que trataba de acaparar la parada del aeropuerto San Pablo impidiéndoles recoger a viajeros.

Además, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha sancionado a la Asociación Unión del Taxi del Aljarafe (Sevilla) al considerar demostrado que esa entidad ha limitado de forma no justificada la prestación de servicios, fijando condiciones comerciales que han impedido realizar transportes que no se concierten directamente con su emisora.

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