La defensora del Pueblo pide a Educación que negocie sobre interinos

La última en llegar al debate ha sido la defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Su oficina ha remitido una carta a los sindicatos de enseñanza para comunicarles que ha pedido a la Consejería de Educación que “abra un proceso de negociación” sobre la selección del profesorado interino. La carta es del 23 de mayo, el día en el que entró en vigor el decreto que regula la lista de maestros interinos.

Educación señala que “bajo ningún concepto” volverá al sistema anterior. El departamento que dirige la consejera Lucía Figar asegura que no han recibido la petición de Becerril. Cuando llegue, responderán que “el nuevo sistema fue negociado durante un año con los sindicatos, sin posibilidad de llegar a un acuerdo”. Las centrales, que han recurrido el decreto, replican que el cambio se aplicó de forma “unilateral” y que apelarán al respaldo de Becerril en futuras negociaciones sobre profesores interinos de otros ciclos educativos.

UGT, CC OO, CSIF y ANPE remitieron una petición a Becerril en marzo, cuando la consejería difundió parte de los resultados de las oposiciones a primaria de 2011, en concreto, una prueba sobre contenidos que se realizó por primera vez ese año. Los sindicatos denunciaban que Educación había dado los datos “para contribuir a la mofa de los aspirantes” al mezclar “resultados generales con un anecdotario de respuestas incorrectas”. La consejería se ampara ahora en esos resultados para justificar un cambio en el baremo que “obligaba a contratar como maestros a interinos sin los conocimientos básicos de un alumno de Primaria”, según el texto enviado por Educación.

El nuevo decreto prima la nota del examen por encima de la experiencia y la formación. La consejería obliga a aprobar a los aspirantes al menos con un 5 en las últimas oposiciones o en las inmediatamente anteriores para formar parte de las listas. Los sindicatos replican que “la inmensa mayoría” de estos docentes “han aprobado en alguna ocasión las oposiciones y se han quedado sin plaza”. Con los nuevos criterios “quedarían excluidos docentes de experiencia acreditada”, le explicaban a la defensora en su carta. Denuncian que el cambio esconde “un nuevo recorte encubierto en la educación madrileña” porque los docentes que salgan de esas listas perderán derechos económicos y laborales. Y los futuros contratados serán fichados con procesos “extraordinarios” cuyos requisitos establecerá “discrecionalmente” la Administración.