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Los partidos taponan la crisis del Defensor con la elección de Maeztu

El sustituto de Chamizo es excura y comisionado del Polígono Sur de Sevilla

Lourdes Lucio
Jesús Maeztu con la exconsejera Micaela Navarro.
Jesús Maeztu con la exconsejera Micaela Navarro. GARCÍA CORDERO

La crisis de la elección del Defensor del Pueblo no ha llegado a estallar. En menos de 24 horas, los partidos taponaron la grieta del relevo pactado de José Chamizo, que empezó a hacerse más grande desde el mismo momento en que el sacerdote gaditano se revolvió contra el PSOE y el PP con duras declaraciones.

Un excura, casado, con una amplia experiencia de trabajo social —“reconocido y reconocible”, como avanzó el socialista Mario Jiménez—, y profesor del Derecho del Trabajo, lo sustituirá: Jesús Maeztu, de 70 años.

Desde 2003 ha estado al frente del Comisionado del Polígono Sur de Sevilla, una de las zonas más deprimidas de la capital andaluza. En esta zona actúan tres administraciones: Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno central. El actual líder del PP y alcalde sevillano, Juan Ignacio Zoido, participó como delegado del Gobierno en su elección como comisionado. Contaba, pues, con el visto bueno del presidente del PP, una baza que el PSOE ha jugado con acierto, aunque era consciente que al PP le interesaba más quitar a Chamizo que nombrar a su relevo. También Izquierda Unida, que no tenia ninguna prisa por relevar al defensor, mostró su conformidad con Maeztu, considerado en su juventud un cura obrero con un fuerte compromiso social,cuando fue párroco de la barriada gaditana del Cerro del Moro, castigada por la pobreza y la droga.

La elección del nuevo Defensor del Pueblo andaluz se precipitó a las pocas horas de que se hiciera público el pasado miércoles el acuerdo de los tres grupos parlamentarios de poner fin al mandato de 17 años de Chamizo. Lo acordado era esperar hasta el próximo lunes, pero cuando las declaraciones del sacerdote gaditano empezaron a inundar las redes sociales y los pronunciamientos a favor y en contra hacían presagiar una enorme tormenta, desde el PSOE se decidió precipitar los plazos. Chamizo en declaraciones a los periodistas culpó de su salida a la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, “a la que llamó la chica que está en Presidencia” y “a una especie de psicópata del Partido Popular”, que no identificó pero que aludía a Francisco Gutiérrez, que fue adjunto al defensor por el PP. También mostró su decepción con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. “Me ha defraudado lo mismo que lo admiré”, dijo.

Los socialistas tenían cerrado el nombre de Maeztu desde hace más de dos semanas. Lo conocían Griñán, Susana Díaz, Mario Jiménez y el secretario general de la Presidencia, Máximo Díaz Cano. Cuando vieron la riada de comentarios, la consejera de la Presidencia y el vicesecretario general del PSOE empezaron a descolgar teléfonos. Hablaron con Zoido y el secretario general del PP, José Luis Sanz, y con el vicepresidente Diego Valderas y el portavoz de IU, José Antonio Castro. A las nueve de la mañana del jueves se citaron en el Parlamento para oficializar el acuerdo que hizo público el Parlamento a través de un comunicado de prensa. Nadie quiso opinar sobre las agrias declaraciones de Chamizo.

Las valoraciones fueron todas positivas por parte de los portavoces. Maeztu comparecerá el lunes próximo ante la Comisión de Gobierno Interior del Parlamento donde se someterá al trámite de audiencia previa, como es preceptivo. Su elección por el Parlamento será posiblemente efectiva en la próxima sesión plenaria, en la primera semana de junio, y es seguro que obtendrá los tres quintos requeridos (65 votos de los 109) y muy probablemente la unanimidad. También en ese pleno se elegirán a los tres adjuntos al defensor (uno menos que ahora).

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Maeztu conoce bien la institución que va a dirigir porque ya estuvo en ella como adjunto de Cándido Conde Pumpido en 1991 y como defensor de manera interina entre 1995 y 1996.

En declaraciones a Europa Press, el futuro defensor reconoció que llega en un momento “muy crítico”, en el que pretende priorizar y anteponer determinadas cuestiones “inmediatas y lacerantes”. Entre ellas, los problemas relacionados con la dependencia o los desahucios, así como establecer una política de “vasos comunicantes” entre Parlamento y ciudadanía, de la cual quiere ser interlocutor, “un nexo de fluidez”. Aspira a mantener el “alto listón” dejado por José Chamizo.

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