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El Pacto por la Igualdad rechaza la reforma de la ley del aborto

Las críticas a las medidas impulsadas por el Gobierno del PP dominan el acto institucional

Lourdes Lucio
Griñán y Díaz, durante el acto.
Griñán y Díaz, durante el acto.JULIÁN ROJAS

El Pacto por la Igualdad de Género, elaborado por el Consejo de Participación de las Mujeres y el Gobierno andaluz, muestra su rechazo a la pretendida reforma de la ley del aborto promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y pide que la ley de plazos actual se “mantenga intacta”. Esta es una de las más de medio millar de propuestas que contiene el documento, presentado hoy por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Las críticas a las políticas del PP en varios aspectos, como la interrupción voluntaria del embarazo o la reforma de la ley local, han dominado el acto institucional. Este acuerdo forma parte de lo que el Ejecutivo autónomo denomina pacto por Andalucía, con el que se pretende llegar a consensos básicos con distintos sectores económicos y sociales de la comunidad con la intención de alcanzar un mínimo común entre todos los partidos. Hasta ahora se han firmado acuerdos en materia de turismo, agroindustria, cultura y empleo.

El Pacto por la Igualdad de Género asegura que la reforma de la ley del aborto “retrotraería a España a una época de clandestinidad e inseguridad sanitaria y jurídica”. También se rechaza la reforma de la ley local prevista por el Gobierno central ya que, según las redactoras del pacto, pone fin a la red de recursos por la igualdad de Ayuntamientos y Diputaciones.

El documento, impulsado desde la Consejería de la Presidencia, que dirige Susana Díaz, se trasladará a los agentes sociales andaluces y contiene más de un millar de propuestas entre las que destacan las siguientes:

Salud y bienestar. La Junta se compromete a mantener el sistema de salud público con enfoque de género, medida en la que se encuadra la demanda de que se mantenga intacta la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Ley de Dependencia. El Gobierno exige su mantenimiento por los beneficios directos sobre las personas más necesitadas de apoyo y porque afecta fundamentalmente a las mujeres, que han asumido tradicionalmente un trabajo no remunerado que con esta norma se veía reconocido.

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Prostitución. El documento defiende el establecimiento de medidas efectivas contra la prostitución y la penalización del proxeneta y el cliente. En la misma línea, se insta a los medios de comunicación a no anunciar este tipo de servicios.

Violencia. El Pacto por la Igualdad propone la creación de una ventanilla única para la atención y protección de mujeres y menores víctimas. También se pide que los juzgados de violencia suspendan cautelarmente el régimen de visitas en los casos en que las víctimas se encuentren acogidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida por motivos de seguridad.<CO>

Economía y empleo. El acuerdo apuesta por reconocer la contribución del trabajo doméstico no remunerado a la economía productiva, incrementar la participación de las mujeres en los programas y planes de empleo, promover medidas tendentes a eliminar la segregación horizontal y vertical y promover la permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo.

Igualdad laboral. Los firmantes abogan por fomentar la responsabilidad social de las empresas y la negociación colectiva como instrumentos impulsores de la igualdad. Entre las medidas concretas, se incluye la implantación de planes de igualdad en compañías con menos de 250 trabajadores, facilitar el acceso de las mujeres del medio rural andaluz a las tecnologías de la información e incentivar y bonificar la contratación de mujeres jóvenes y mayores de 40 años, entre otras medidas.

Conciliación y corresponsabilidad. En estos aspectos, se promoverán la aprobación del permiso de paternidad igual e intransferible y un modelo de relaciones laborales y empleo de calidad. También se reforzarán los recursos públicos para favorecer la idoneidad de cambios en la organización del trabajo y en horarios laborales.

Educación. Entre otras propuestas, se incluyen que los libros de texto aborden la lucha de las mujeres por los derechos de la ciudadanía, programas específicos de coeducación dirigidos a las familias, la edición de materiales educativos con criterios de igualdad y lenguaje incluyente, garantizar contenidos y actividades sobre el significado y alcance de la igualdad de oportunidades, fomentar la formación en género, garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos del sistema educativo andaluz y apostar por el mantenimiento de la asignatura Educación para la Ciudadanía. También en el ámbito educativo, el documento plantea campañas contra los juegos sexistas y defender la supresión de subvenciones a los colegios que segreguen por sexo.

Administración. Se exigirá el cumplimiento del Estatuto en lo que se refiere a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los órganos. También se defenderá el mantenimiento de los centros municipales de atención a las mujeres, en riesgo de desaparición con el anteproyecto de reforma de la Administración local.

Cultura y deporte. Introducción de cambios en los reglamentos federativos que generalicen la práctica en equipos mixtos, establecimiento de incentivos fiscales específicos para el patrocinio del deporte femenino de empresas y entidades privadas, divulgación de la producción y organización de iniciativas culturales y artísticas que tengan a las mujeres como protagonistas y establecimiento de políticas activas de ayuda.

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