El juez rastrea contratos a dedo a El Bigotes por toda la Generalitat

La sombra de Álvaro Pérez, El Bigotes, supuesto cabecilla de la trama Gürtel en Valencia, sigue recorriendo la Generalitat. El juez José Ceres, que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, dictó en una providencia conocida ayer las imputaciones de dos ex altos cargos más: María Auxiliadora Hernández, ex secretaria autonómica de Educación, y Silvia Caballer, ex directora general en la misma consejería. El magistrado requirió igualmente nueva documentación a seis entes dependientes del Consell y a la misma Presidencia de la Generalitat.

El motivo: el supuesto de fraccionamiento de contratos —se firmaron 76 para solo 15 actos— que, según concluyó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), sirvió para que ninguno de ellos superase por separado el límite de 12.000 euros que habría impedido dárselos a dedo a la trama corrupta, como ocurrió.

Presidencia de la Generalitat, y en concreto su dirección general de Promoción Institucional, contrató en uno de los casos analizados por la IGAE a dos empresas de la trama, DT Consulting y Boomerangdrive para “la adquisición de 1.200 memorias USB con fines promocionales” en el año 2005. El importe total del encargo ascendió a 22.500 euros, pero en vez de plantearlo así, Presidencia realizó dos contratos. Uno, por el “montaje, alzado, colocación, extracción de productos del blister (cartucho), manipulado, empaquetado, producción y distribución” (por 12.000 euros), y otro por “creatividad y serigrafiado, manipulado y extracción manual de disco duro y demás componentes del blister” (10.500 euros).

Se hizo así, según la Intervención General del Estado, “con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación (como el negociado), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia”. El juez Ceres reclama ahora a Presidencia de la Generalitat que le “informe o certifique las personas, su cargo, y el grado o carácter de su intervención” en dicha contratación.

El magistrado requirió a la empresa pública de medioambiente Vaersa; al Consell Valencià de l’Esport, a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana; al Proyecto Cultural Castellón, y a la sociedad de la Generalitat dedicada a promover parques industriales Sepiva “la remisión de copia auténtica de las normas internas de contratación”. Y también: “El acuerdo del órgano competente de la sociedad por el que se aprobaban dichas normas internas y, en su caso, el informe jurídico interno o de la Abogacía de la Generalitat que pudiera haberse emitido previo a su aprobación”.

Ceres reclamó la misma información a la Fundación de las Imágenes, dando al mismo tiempo cuenta de una respuesta poco satisfactoria. La fundación, señala el juez, remitió “tres facturas abonadas a Orange Market como única documentación que compone el expediente de contratación” y afirmó que no podía “concretar la persona que fue interlocutor con Orange Market”.

La imputación de Silvia Caballer, a la que el PP de Castellón retiró de forma “temporal” sus funciones en el partido “mientras dure el procedimiento”, se debió a su participación en otra contratación aparentemente troceada. Educación contrató a Orange Market para la organización del Congreso de Software Libre celebrado en Castellón en mayo de 2005. Como en el resto de contratos investigados en la quinta pieza separada de la causa, en lugar de hacer un solo contrato, la consejería hizo cuatro.

En concreto, acordó por un lado el “alquiler, transporte y montaje mobiliario” (12.000 euros); el “diseño, impresión y montaje de cartelería” (12.000 euros); el “alquiler, transporte y montaje de la moqueta” (12.000 euros), y la “coordinación y ejecución del congreso” (12.000 euros). Cuando hace unas semanas fue interrogada como testigo por el juez, Caballer defendió el hecho de haber establecido los contratos de esa forma y negó haber recibido instrucciones para contratar a El Bigotes, lo que ha llevado ahora al juez a imputarla.

Hernández contrató, por su parte, a cuatro empresas de la trama, con las que firmó seis acuerdos que tampoco superaron los 12.000 euros, para la realización del Congreso Familia y Escuela en 2006. La IGAE considera, de nuevo, que se trató de un fraccionamiento artificial.