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PATRIMONIO

Punto final para el Palacio de Sueca

Gallardón abandonó durante años este monumento histórico, que ahora Urbanismo se ve obligado a demoler por el riesgo inmediato que supone su deterioro irreversible

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La Casa de la Duquesa de Sueca antes del inicio de la demolición.

Quizá haya intentado aparcar alguna vez en un hueco muy justo, conjurándose para meter el coche cueste lo que cueste. Y, sudando ante el volante, lo ha logrado, con infinitas maniobras a cuál más sutil y milimétrica, para darse cuenta luego de que sacarlo de allí resultaría imposible. Con una mezcla parecida de audacia y cabezonería se pueden resumir algunas peripecias urbanísticas del anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). En el caso del Palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio con la máxima protección histórico-artística, el resultado ha sido, siguiendo la metáfora, que el Ayuntamiento, incapaz de sacarlo del hueco en el que lo había metido, lo dejó herrumbrarse durante una década para verse ahora obligado a tirarlo abajo urgentemente antes de que se derrumbe debido al abandono. Y todo ello con un riesgo “inmediato” para vecinos, viandantes y niños.

Las tres denuncias de David Ortega

El líder municipal de UPyD, David Ortega, está muy preocupado por la seguridadde los madrileños, ante el riesgo de derrumbe inminente.

Llama la atención además sobre “cómo el Ayuntamiento descuida parte del patrimonio histórico de la ciudad”.

]Y se pregunta “cuánto ha costado a los madrileños este desastre en la última década”.

El 29 de abril, el área municipal de Urbanismo emitió un informe urgente sobre el inmueble ubicado en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, “tras sucesivas visitas” y un prolijo análisis del estado de conservación. En dicho informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan medidas de seguridad “de actuación inmediata” para “evitar riesgos a personas y bienes en los espacios públicos colindantes”, es decir, la propia plaza, varios edificios y el instituto San Isidro, con más de un millar de alumnos que juegan en un patio vallado para evitar los cascotes que se desprenden del palacio.

El informe recalca el “agravamiento continuo de los daños”, cuya “evolución es impredecible a corto plazo”. “La situación es especialmente grave y supone un riesgo continuo de nuevos hundimientos” en varias zonas, entre ellas las adyacentes al instituto. “Se ha producido el hundimiento del cuerpo colindante con la capilla, y existe la amenaza de nuevos derrumbes”, lo que “obliga a la clausura parcial del patio” del centro. La conclusión del análisis es que los daños tienen “carácter irreversible, al haberse producido hundimientos, el reventamiento de muros de cargas…”. Tanto es así que “el peligro impide adoptar medidas de seguridad sin grave riesgo para los operarios”. “No es posible demorar el trabajo de aseguramiento o demolición ante el peligro de derrumbe incontrolado sobre el mismo edificio y sobre el patio del instituto”, añade.

Vallado del patio del instituto San Isidro, el pasado viernes.

Urbanismo “estima necesario declarar el estado de ruina física inminente parcial del edificio” y “proceder a la demolición” “en un plazo máximo de cinco días”. Esas obras ya han comenzado. Además, insta a “revisar las medidas de seguridad existentes, dado que algunas tienen más de 15 años”. Solo después podrá intentarse la rehabilitación de lo que quede en pie, aunque teniendo en cuenta “el elevado grado de deterioro de los elementos constructivos”.

El informe insta a informar a la dirección regional de Patrimonio, puesto que el edificio tiene la máxima protección. Data del siglo XVIII, ocupa 7.200 metros cuadrados y fue expropiado en 1998 por el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), para convertirlo en sede de Asuntos Sociales. Gallardón aparcó ese plan tras ganar las elecciones, en 2003, y encargó al arquitecto Álvaro de Siza que lo convirtiera en 205 viviendas de alquiler para jóvenes. En la planta baja se ubicaría una escuela infantil o de música, o una biblioteca. El proyecto costaría 12,5 millones y estaría listo en 2006.

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Fachada exterior del edificio.

El alto grado de protección obligó a rebajar los planes a 60 viviendas. El uso del suelo, dotacional, llevó a Gallardón a retorcer el lenguaje y convertir pisos en “alojamientos municipales”. En 2007, aún no había ni proyecto. Fue entonces cuando un juez dio la razón a la constructora a la que se le había expropiado el edificio, y dictó que se le devolviera, puesto que la justificación alegada por el Ayuntamiento fue usarlo para dotaciones y, en realidad, allí lo que se iba a hacer era viviendas. Ayuntamiento y constructora mantienen ahora un sinfín de litigios judiciales para acordar una salida: deben pactar el precio de la reversión, pero, además, el Ayuntamiento ha de cambiar el uso del suelo para permitir que pueda usarse para, tal y como desean los antiguos dueños, levantar un hotel.

El líder municipal de IU, Ángel Pérez, denunció “el afán del PP por ganar titulares con grandes planes aun costa de perder credibilidad al no cumplirlos”.