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La Agencia Tributaria ahonda en la financiación ilegal del PP de Camps

Orange Market defraudó a Hacienda 2,28 millones de euros en cuatro años

Ignacio Zafra
Un momento del XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Feria Valencia en 2008. En la imagen se ve, entre otros, Luis Bárcenas, Ricardo Costa, Ángel Acebes, Francisco Camps y David Serra.
Un momento del XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Feria Valencia en 2008. En la imagen se ve, entre otros, Luis Bárcenas, Ricardo Costa, Ángel Acebes, Francisco Camps y David Serra. CARLES FRANCESC

La Agencia Tributaria ha aportado al juez que instruye el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, nuevas evidencias de la supuesta financiación ilegal del PP regional en la etapa en que Francisco Camps presidía el partido en la Comunidad Valenciana y la Generalitat. Hacienda ha entregado cuatro informes sobre “contingencias fiscales” de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, relativos a los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Aunque no era el objeto principal del análisis, los inspectores constatan que la contabilidad interna de Orange Market refleja cómo la deuda que el Partido Popular tenía con la empresa de la trama “se va minorando” a medida que la firma de El Bigotes recibía pagos de constructoras.

A lo largo de 2008, por ejemplo, la “deuda viva” del PP valenciano con la empresa de la trama había ido creciendo por la organización de multitud de actos. Entre ellos, varios relacionados con el XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Valencia, en el que el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se afianzó al frente del partido. Es el caso de los servicios Fiesta del PP congreso (20.358 euros) o Catering congreso (51.681 euros). En noviembre de 2008 la deuda total de los populares con Orange Market ascendía a 560.367. Hacienda comprueba, analizando las contabilidades A y B de la empresa, que ese importe se ve reducido en 180.000 euros gracias a las aportaciones de Sedesa y Lubasa, dos de las empresas investigadas por financiar ilegalmente al PP.

La dependencia que el partido tenía respecto a Orange Market en esa época queda patente en el hecho de que el siguiente recuento de deuda del PP analizado por la Agencia Tributaria, poco más de un mes después, había vuelto a ascender a 915.288 euros. La mayor parte de la misma provenía, a su vez, del XII Congreso del Partido Popular valenciano, recogido en dos asientos contables con idéntica fecha y abultados importes: 12º Congreso regional (382.676 euros) y Ampliación de congreso (168.000 euros). El cónclave popular por sí solo generó, por tanto, una deuda de 550.676 euros con Orange Market. Los inspectores vuelven a detectar que esta se ve reducida por un pago de 116.000 euros de otra constructora, Enrique Ortiz e Hijos.

La Agencia Tributaria detecta numerosas irregularidades fiscales y concluye que entre 2005 y 2008 la sociedad eludió el pago de 2,28 millones de euros a Hacienda por IVA e Impuesto de Sociedades.

La rama valenciana del caso Gürtel investiga también el fraccionamiento de la contratación con de Orange Market, realizada por multitud de departamentos de la Generalitat para eludir los procedimientos administrativos y poder adjudicársela a dedo a la firma de El Bigotes.

Una testigo, Rosa María Marín, que fue jefa de área en la dirección general de la Mujer, declaró ayer que a partir de 2006 su departamento perdió la competencia para organizar actos, que pasó a estar centralizada en la Consejería de Bienestar Social. Poco después, se celebró el acto Violencia de género. Tolerancia 0, que la consejería, dirigida por Alicia de Miguel encargó a Orange Market. El acto fue dividido en dos, de forma que ninguna de las dos facturas superase los 12.000 euros, lo que hubiera impedido concederlas directamente. Una factura fue por “Iluminación, sonido, fabricación e impresión de lonas, artes finales, tarima y enmoquetado” (11.560 euros). Y la otra, por “Organización del acto, personal, trabajo artístico y coordinación” (9.392 euros).

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La testigo aseguró que, dado que no se encargó de organizar el acto, no se detuvo a repasar el objeto que figuraba en las facturas. Si se hubiera fijado, añadió, no las hubiera firmado.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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