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Expertos de la Generalitat proponen prescindir de la mayoría de funcionarios

Solo policías, inspectores y figuras de autoridad mantendrían el estatus

El resto de empleados públicos serían laborales

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Joana Ortega.

La Comisión de Expertos designada por el Gobierno catalán para elaborar un informe sobre la reforma de la Administración pública y su sector ya ha finalizado su trabajo y ha entregado el informe a la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega. El grupo que preside el catedrático Guillem López-Casasnovas aboga por una Administración más “eficaz, eficiente, transparente y que rinda más cuentas”, que considere al ciudadano su cliente y que esté mucho más profesionalizada que ahora. Entre otras propuestas, el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS reclama que solo haya funcionarios en puestos que requieren del ejercicio de la autoridad, como la policía, los inspectores o quienes otorgan licencias. El resto, que se encargue a personal laboral, esto es, contratos indefinidos pero no de por vida como los de los funcionarios. Hoy la Generalitat tiene 160.000 empleados, de los cuales 122.000 son funcionarios; 26.000, interinos, y 12.000, laborales.

El informe, con una extensión de 36 páginas, indica que “cabría limitar los puestos de trabajo reservados a personas que tengan la condición de funcionario a aquellas funciones directamente conectadas con el ejercicio de la autoridad administrativa”. Una idea que surge de la apuesta por “internalizar la inteligencia, externalizar el trámite” en el capítulo de propuestas en materia de recursos humanos. “Los puestos de trabajo de plantilla se deben reservar, en general, a tareas cualificadas de valor añadido y a aquellas funciones necesarias para contratar, supervisar y gestionar servicios públicos a través del mercado. Los trabajos de puro trámite o apoyo logístico y las de estricta ejecución deben tender a externalizarse”, sostiene el documento.

El texto pide una reforma liderada “políticamente al más alto nivel”

El trabajo que también firman Francisco Longo, Carles Ramió, Joan-Ramon Rovira y Josep Valor, apuesta por una gestión de los recursos humanos que varíe ya desde la selección, huyendo de la clásica “oposición memorística, ascensos por antigüedad o uniformidad salarial” e incorporar variables “que garanticen el mérito y la flexibilidad”. Los expertos hablan de “introducir mecanismos ágiles de movilidad funcional y geográfica”, de “instrumentos de selección basados en competencias”, de no remunerar más solo por antigüedad, de evaluar el trabajo o de velar por generalizar las remuneraciones variables.

Las propuestas también incluyen “códigos de conducta de los empleados públicos” y “códigos deontológicos de valores y ética pública”. Además, abogan por “rediseñar la administración nuclear de la Generalitat”, reduciendo el número de departamentos y compactando en “una única área funcional las responsabilidades presupuestarias y de recursos humanos”, además de crear “un espacio de alta dirección pública”.

Los expertos admiten que las propuestas suponen “cambios profundos en el statu quo, que previsiblemente generarán resistencias”

Todas estas sugerencias parten de un diagnóstico de la Administración del que los expertos cuestionan que esté suficientemente orientada “a los resultados, la transparencia y la evaluación”, constatan “carencias significativas en las capacidades de gestión implícitas en un sistema que debe implementar políticas públicas de alta complejidad y proveer un conjunto de servicios públicos de gran trascendencia social, en un contexto de escasez de recursos”.

El documento reconoce que el informe “obliga a diseñar una estrategia de reforma institucional”, un plan que debe apoyarse en un grupo de trabajo de “alto nivel” liderado “políticamente al más alto nivel”. Los expertos admiten que las propuestas suponen “cambios profundos en el statu quo, que previsiblemente generarán resistencias”. Sobre los tiempos, el texto habla de calendarios más rápidos y otros “que aconsejarán procedimientos más participativos, selectivos y graduales”. Unos tiempos “incompatibles” con los ciclos electorales, cuyo éxito, advierten, será proporcional al “al grado de consenso político”.