Artur Mas: “No es posible recortar 3.500 millones, estamos al límite”
El ejecutivo catalán está a la espera del resultado de las negociaciones con el gobierno español La Cámara de Barcelona reclama un déficit del 2 % para Cataluña
El presidente catalán, Artur Mas, ha advertido de que aprobar unos presupuestos de la Generalitat con un techo de déficit del 1,2%, como ha fijado el gobierno español, supondría un recorte de 3.500 millones, lo que "no es posible, no es justo" y "pondría en riesgo el estado del bienestar". En una entrevista en la Xarxa de Comunicació Local, Mas se preguntó: "¿Cómo lo hemos de hacer para incluir en los presupuestos un recorte de 3.500 millones de euros cuando ya se ha llegado absolutamente al límite?”.
Mas explicó que el ejecutivo catalán está a la espera del resultado de las negociaciones con el gobierno español para ver "cuál es el margen que se fija para Cataluña" en el caso de que finalmente se decida poner límites distintos de déficit a las diferentes autonomías.
El presidente catalán argumentó también que "si el gasto de las autonomías representa una tercera parte de todo el gasto público del Estado, entonces a las comunidades autónomas también les debe corresponder un tercio del límite de déficit", lo que supondría que "si la Unión Europea admite un déficit del 6,3% para España, a las autonomías se les debería fijar un límite del 2,1%". Mas insistió en que en cuanto a la consulta sobre el futuro de Cataluña se tiene que hacer "tanto como se pueda" de acuerdo con el gobierno español, y si esto no fuera posible, "miraremos llevar a cabo algún tipo de consulta", en un proceso que, de cara a la comunidad internacional, debe hacerse "impecablemente".
Por otra parte, la Cámara de Barcelona ha considerado esta mañana "injusto" el reparto del déficit que hace el Gobierno entre la administración central y las comunidades, y reivindica que puedan fijarse objetivos asimétricos y que Cataluña pueda disponer de un "déficit razonable", en torno al 2 %. En un comunicado, la Cámara de Comercio de Barcelona argumenta que "no se entiende que se conceda más margen para reducir su déficit al Gobierno central que a las comunidades, dado que estas deben financiar el Estado bienestar (salud y educación)".
