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Otros 2.000 millones de recorte

El Gobierno aspira a relajar el objetivo de déficit hasta entre el 1,7% y 1,8% Educación, sanidad y funcionarios suman 3.000 millones de ajustes desde 2011 El gasto en universidades cae un 17% y en el presupuesto de la sanidad, un 10%

Entre el alivio por la relajación del objetivo de déficit anunciada el viernes por el Gobierno español (que lo amplía del 0,7% al 1,2%) y la aspiración de conseguir que acabe fijándose en el 1,7% o hasta el 1,8%, el Gobierno catalán sabe que el recorte presupuestario de este año volverá a ser brutal: más de 2.000 millones de euros que recaerán sobre unos servicios públicos que llevan más de dos años (desde la llegada de CiU al poder) esquilmados.

No hay área de actuación que se libre del tijeretazo en unos presupuestos que Economía ha dicho hasta ahora oficialmente que trabaja sobre un tope de déficit del 1,5%. Será de hasta el 25% en Territorio y Sostenibilidad. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales recortará un 17% los gastos de personal. En el capítulo educativo la consejera Irene Rigau oculta el futuro porcentaje de caída presupuestaria, pero en Universidades el recorte alcanzará hasta el 17%, el mismo porcentaje que en los últimos dos años ha caído el global de la educación. En sanidad será de hasta el 10% y en bienestar algunas fuentes lo sitúan en torno al 15%. La función pública tampoco se librará y de nuevo perderá, que se sepa a día de hoy, por lo menos una paga, el 7% de un salario que lleva menguando desde 2009. Contra todos estos recortes los ámbitos de la sanidad, la educación y la función pública están llamados a manifestarse hoy a mediodía en Barcelona.

El gobierno de CiU se ha afanado especialmente con las tijeras en el campo educativo, y se espera que lo vuelva a hacer este año. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, prefirió no comentar los nuevos recortes con el Consejo Escolar, a pesar que sus miembros se lo reclamaron. Sí lo hizo, en cambio, el secretario de Universidades, Antoni Castellà, que admitió ante los rectores que el nuevo hachazo a los campus oscilaría entre el 10 y el 17%. Este se sumaría al hachazo del 19% (168 millones menos) que los campus han recibido desde 2009.

Las cifras son igual de elevadas en la educación no universitaria. Desde que Rigau comanda Enseñanza, el gasto educativo ha caído un 17%, pasando de los 5.539 millones de euros en 2010 a los 4.612 millones del año pasado. Los presupuestos menguantes llegan en un momento en que el alumnado no deja de crecer. Si hace dos cursos la Generalitat invertía 4.190 euros por alumno, este curso solo destina 3.370 euros, un 20% menos.

Los médicos dicen que la austeridad deja los centros en “estado de coma”

Los recortes en educación, que han dejado en la calle este curso a 3.000 profesores, han soliviantado escuelas e institutos desde hace más de un año que mantienen protestas y movilizaciones continuas. El último ejemplo, la “semana de lucha” de profesores y familias que culmina en la manifestación de hoy , pero que vivirá un nuevo episodio el 9 de mayo con una huelga convocada en todo el Estado.

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Aquí también está previsto que se sumen las universidades, que en dos años han perdido unos 1.300 profesores. Los campus también se han levantado en pie de guerra contra los recortes, pero también contra el duro encarecimiento de las matrículas (hasta un 67%) y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas, que ha dejado a muchos alumnos sin ayudas.

Los rectores ya han advertido que no podrán asumir nuevos tijeretazos y la UPC, al borde de la intervención, ya ha reconocido que con tanta tijera había “tocado hueso”. Precisamente la asfixia de la Politécnica la ha llevado a tomar la decisión de despedir a 340 trabajadores este año, lo que ha levantado en pie de guerra a un campus tradicionalmente tranquilo. Desde el jueves y hasta el martes 30 de abril, estudiantes y trabajadores han convocado una insólita huelga en el mundo universitario para impedir los despidos.

El sector sanitario se enfrenta en las próximas semanas a una tercera oleada de recortes que hurgarán en una herida que permanece abierta desde el año 2010. En los dos primeros años, la Generalitat recortó más de un 11%, un ajuste total de 1.119 millones que ha obligado a cerrar plantas y quirófanos y ha hecho recaer parte del drástico ahorro sobre los profesionales. El hachazo ha sido duro, y lo ha sido más con los hospitales que la Generalitat gestiona de forma directa a través del Instituto Catalán de la Salud (ICS). El ICS cerró el 2012 con superávit tras sufrir un recorte que asciende al 15% de su presupuesto, según fuentes del consejo de administración.

Lo peor para la sanidad es que los ajustes que vienen serán de una dureza similar, pero recaerán sobre un sistema muy mermado y deberán aplicarse cuando el año ya está avanzado, lo que obligará a recortar de golpe en los últimos meses. La Generalitat ha informado ya a los gerentes de las empresas públicas y consorcios que deberán recortar entre un 7% y un 10% “sin reducir actividad”, lo que implica que los profesionales van a soportar una buena parte del esfuerzo, más allá de que las fuentes del sector consultadas creen que no es posible un ajuste de esa magnitud que no afecte a la asistencia. La consejería todavía no ha comunicado oficialmente el ajuste a los centros del ICS, pero el sindicato Metges de Catalunya reveló esta semana que rondará el 10%. Según los médicos, el ajuste dejará a los centros en “estado de coma”.

También de nuevo los empleados públicos (160.000 de los 12 departamentos de la Generalitat y 67.000 de empresas, consorcios y fundaciones) perderán una de las pagas extras, el equivalente al 7% de su salario. El ahorro de la Administración catalana en personal será este año de 740 millones, la misma cantidad que el año pasado. Una cifra a la que se llega descontando la paga, no renovando las jubilaciones, no contratando a interinos por periodos cortos (hasta 10.000 contratos), o reduciendo un 15% jornada y sueldo a 6.800 interinos. La Administración catalana ha perdido desde que en 2010 CiU llegó al poder un total de 5.700 trabajadores (entre los que se cuentan las 243 víctimas los ERE del Incasòl o Infraestructures).

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