Espectros kosovares

Hace algún tiempo que, desde las filas del unionismo local y desde los poderes madrileños que lo nutren, se puso en circulación la especie según la cual el soberanismo catalán estaría acariciando el “modelo kosovar”. El supuesto modelo en cuestión alude a una hipotética declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento, declaración como las que —verbigracia— hicieron en su día Estonia, Letonia o Lituania mucho antes de que el Moscú de Yeltsin reconociese tales secesiones.

Pero, asociando esa fórmula exclusivamente con Kosovo, el españolismo alimenta la idea de que una Cataluña independiente sería tan mísera y tan mafiosa como el territorio balcánico. Por resumirlo con palabras recientes de un internauta anónimo, “Kosovo es un territorio corrupto y no es de extrañar que ese escenario es el deseado por los señores del 3%”.

Sin embargo, y mientras nadie significativo entre los partidarios del derecho a decidir ha hecho en el último semestre alusión alguna a Kosovo, quienes sí llevan varios años obsesionados con la situación kosovar, atribuyéndole una importancia desmedida y convirtiéndola en pieza crucial de su política exterior, son los gobernantes españoles, desde Rodríguez Zapatero a Rajoy y desde Moratinos a García Margallo.

Como es sabido, la antigua región autónoma serbia de Kosovo proclamó de forma unilateral su independencia el 17 de febrero de 2008, y España invocó la falta de acuerdo con Belgrado para negar validez jurídica a ese acto y no reconocer el nuevo Estado. En julio de 2010 el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, instado por la Asamblea General de la ONU, dictaminó que la declaración de independencia kosovar no vulneraba “ninguna norma aplicable del derecho internacional”; pero España siguió empecinada en no admitir a Pristina dentro de la comunidad internacional.

Rajoy reiteró hace tres días que “España no va a reconocer a Kosovo porque no cree en las declaraciones unilaterales de independencia”

El día 18 de abril de este año, el pleno del Parlamento Europeo aprobó por rotunda mayoría (404 votos a favor, 131 en contra y 59 abstenciones) un emplazamiento a España —y a los otros cuatro miembros de la UE que todavía no lo han hecho, a saber, Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía— a reconocer a Kosovo. En fin, el pasado viernes se formalizó en Bruselas, bajo los auspicios de la Unión, un pacto de normalización de relaciones entre los Gobiernos serbio y kosovar que, de facto, supone la aceptación por parte de Belgrado de la independencia de su exprovincia meridional. Y que abre la puerta a negociar un Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de Kosovo. Ello no obstante, el ministro García Margallo insistió en no ver motivos para un cambio de la actitud española; y el propio presidente Rajoy reiteró hace tres días que “España no va a reconocer a Kosovo porque España no cree en las declaraciones unilaterales de independencia”.

Cuando la soberanía de Kosovo ha sido ya reconocida por más de un centenar de países (entre ellos, casi todos los regímenes parlamentarios de Occidente), mientras la rechazan Estados tan poco modélicos como Bielorrusia, China, Cuba, Irán, Rusia, Venezuela o Kazajistán, es evidente que la posición de Madrid no responde a un prurito democrático ni a una sobredosis de juridicidad. Ni siquiera atiende a preocupaciones domésticas razonables: ¿o acaso Francia, Canadá, Bélgica, Reino Unido… quieren, estableciendo relaciones con Pristina, espolear las pulsiones secesionistas de corsos, quebequeses, flamencos o escoceses? Está claro que no, como lo está que París, Ottawa, Bruselas y Londres saben abordar sus tensiones territoriales internas desde el diálogo, la transacción, la reforma de la ley y, en último término, desde la expresión libre del voto.

España, no. Y esa es, en realidad, la clave de su obsesión enfermiza con un insignificante enclave balcánico de menos de dos millones de habitantes. Kosovo se ha convertido para la España oficial en el espejo de sus inseguridades, de su miedo a la ruptura interna; en la metáfora de su fracaso como nación moderna, inclusiva e integradora; en el fantasma que recorre La Moncloa repitiendo “¡podría ocurrir aquí!”, y al que hay que conjurar con exorcismos baratos.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.