El juez imputa a los dos cargos populares que controlaron la caja de la depuradora

El juez instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos, ha imputado por los supuestos delitos continuados de malversación de caudales públicos a los dos cargos del PP de Valencia que controlaban la caja de la empresa pública saqueada, dedicada a la depuración de aguas residuales. Varios testigos e imputados han declarado que Ignacio Martínez y Santos Peral, jefes de compras y de contabilidad de la sociedad pública se concedían a sí mismos sobresueldos de unos mil euros al mes que justificaban con vagas anotaciones en las cuentas de Empresa.

Peral y Martínez habrían desviado igualmente dinero al Partido Popular de Valencia, siendo su contacto en la formación su entonces presidente, Silvestre Senent, que es el concejal de Hacienda de la alcaldesa Rita Barberá. Ello ya constaba en la declaración del exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, que también fue cargo municipal del PP de Valencia. Y fue ratificado este lunes por otro testigo, José Salvador Villalba, que trabajó como conserje de la depuradora. El testigo también indicó que Martínez era "amigo íntimo" de Senent, que fue también presidente de Emarsa hasta 2002.

El juez considera que existen indicios suficientes de que Peral "realizó una dejación consciente y deliberada de sus funciones y responsabilidades, a cambio de una pequeña remuneración, permitiendo de manera ilícita que sus responsables inmediatos se apropiaren de fondos públicos que disponía Emarsa". "Asimismo", prosigue el juez, "existen indicios bastantes para pensar que, gracias a esta conducta omisiva, Peral se procuró un beneficio ilícito con cargo a estos mismos fondos públicos, mediante la disposición de ciertas cantidades en efectivo de la caja de la empresa, cuya gestión tenía encomendada".

Y señala algo muy parecido sobre Martínez: "Existen indicios bastantes" de que el incumplimiento por parte del responsable de compras de Emarsa de sus obligaciones, permitiendo la rapiña en la sociedad, "fue compensada con unas cantidades mensuales injustificadas, que fueron abonadas por caja y contabilizadas con conceptos generales, a fin de evitar que estos hechos pudieran ser descubiertos".

El magistrado recuerda que ambos se habrían asignados los sobresueldos en negro a pesar de que Perales tenía un sueldo bruto de 83.546 euros anuales, y Martínez, de 89.442 euros.