La Comunidad cambia la ley del suelo para desbloquear la Operación Calderón

González desmonta la limitación a cuatro alturas de Aguirre, que sólo afectará al suelo recalificado como urbano después de 2007

El Atlético podrá mudarse a La Peineta sin depender del fallo del Supremo

Vista aérea del Calderón, con la fábrica de Mahou detrás. / RICARDO GUTIÉRREZ

El Gobierno regional, que preside Ignacio González (PP), ha introducido en el proyecto de Ley de Patrimonio Histórico un párrafo de 55 palabras que, en caso de ser refrendado por la Asamblea (en la que el PP tiene mayoría absoluta), desbloqueará la principal operación inmobiliaria en la almendra central de la capital, y permitirá que el Atlético de Madrid consiga un nuevo campo de fútbol y la ciudad un estadio olímpico.

El párrafo en cuestión es una disposición transitoria que modifica la Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización, suavizando la prohibición adoptada por la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, de construir edificios de más de cuatro plantas. El recorrido legal es complicado, así que vayamos por partes.

Aguirre introdujo en la norma de 2007 un artículo, el 13, que modificaba la Ley del Suelo de la Comunidad, aprobada en 2001 por Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Decía así: “No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático (…). No obstante, los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios singulares con una altura superior, cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas. Cuando esta autorización suponga la modificación del planeamiento vigente, será preciso el informe previo y favorable [de la Comunidad]”.

Para mitigar el impacto, Aguirre incluyó una disposición transitoria: la limitación sólo sería de aplicación en los planes urbanísticos aprobados a partir de la entrada en vigor de la norma. Es decir, todos aquellos que ya contaran con el visto bueno municipal, aunque fuera provisional, podrían seguir adelante como si nada.

La cuenta atrás de La Peineta lleva 504 días

En diciembre de 2011, el Ayuntamiento y el Atlético presentaron a todo trapo en el Palacio de Cibeles, con alfombra roja, cóctel con ostras y cava a raudales la remodelación de La Peineta, en teoría para la temporada 2014-2015. Confiados en la empresa, sobre el escenario se dejó un cronómetro, recién puesto en marcha, que solo se parará cuando se acabe la obra. Capacitado para contar hasta 9.999 días, más de 27 años, hubo quien cuestionó con ironía si se cumpliría el plazo. Desde entonces han transcurrido 504 días.

No fue el caso del presidente rojiblanco Enrique Cerezo, con el que no resulta extraño coincidir en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Cerezo, empresario del celuloide atento al futuro de Telemadrid, guarda una estrecha relación con el presidente de la Comunidad, Ignacio González, entre otras cosas madridista confeso en un hogar donde su esposa e hijas son del Atlético. La decisión de la Comunidad de retocar la ley del suelo sin duda favorece los intereses de Cerezo, y por extensión los de la familia Gil, accionista mayoritaria del club.

El desbloqueo de la Operación Calderón beneficia también a Mahou, compañera de viaje del Atlético en el rediseño urbanístico de Arganzuela. La división de demoliciones de AG inició el 30 de diciembre de 2010 el derribo de las instalaciones de la Mahou en la manzana que rodean el Paseo Imperial, el Paseo de Pontones y la calle Alejandro Dumas. Las labores de derribo le costaron de tres a cuatro millones a la cervecera y duraron un año. Desde entonces, un inmenso cráter, sin edificios, donde las malas hierbas crecen entre la tierra removida, espera que comience una operación urbanística en la que se iban a recalificar más de 92.000 metros cuadrados: 31.046 corresponden a los terrenos del Calderón y 61.251 a la Mahou.

Este cambio legal se llevó por delante de forma involuntaria la conocida como Operación Calderón. El Ayuntamiento de la capital había firmado en 2008 un convenio con el Atlético para que el club se trasladara al estadio de La Peineta, en el distrito de San Blas-Canillejas. Ganaba así un campo nuevo de 73.000 asientos, 20.000 más de los que tiene ahora, que construiría Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) con un coste estimado de 160 millones.

La operación, que no reportaría beneficios económicos al club —aunque en un primer momento lo diera por seguro—, se completaba con la demolición del Vicente Calderón y de la antigua fábrica de cerveza Mahou, para que FCC hiciera allí 2.000 viviendas y 160.000 metros cuadrados de zonas verdes. Además, la constructora soterraría el último tramo de la M-30 para completar el parque de Madrid Río. Al Ayuntamiento y al Atlético les saldría gratis. FCC costearía las obras (el contrato firmado con el club preveía un gasto de 218 millones, más 41 por la parcela) con la venta de los pisos.

La operación lleva paralizada prácticamente desde la firma del convenio en 2008. La fábrica de cerveza se ha demolido —Mahou optó por una política de hechos consumados—, pero el Calderón sigue siendo el estadio del Atlético. En La Peineta, las obras marchan a medio gas, siendo generosos, a la espera de conocer la decisión del Comité Olímpico Internacional. Contribuye a todo esto el pinchazo de la burbuja inmobiliaria: a FCC tampoco le urge sacar adelante la operación, toda vez que tendrá que adelantar el dinero y sólo hará caja con la venta de los pisos, al final. Y eso, si el mercado remonta entre tanto.

El Ayuntamiento y la Comunidad aprobaron la modificación urbanística en 2009, permitiendo tirar abajo el estadio y la fábrica para construir torres de hasta 17 alturas, es decir, muy por encima del límite legal fijado en 2007. Pero el Tribunal Superior estimó en enero de 2012 un recurso que bloqueó la operación. Consideró que no se habían motivado debidamente las circunstancias especiales que, según la ley de Aguirre, permitirían hacer esta excepción.

Tras conocerse la sentencia, Aguirre saltó con que la ley no se cambiaría, mientras que González, en ese momento su vicepresidente, templó gaitas y afirmó que la Comunidad haría “todo lo posible” por solventar el problema. La sentencia se recurrió en todo caso ante el Supremo, alegando precisamente la disposición transitoria de la ley de 2007. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid data de 1997, es decir, es anterior al cambio de 2007, y según el Ayuntamiento la Operación Calderón es sólo una modificación puntual, por lo que no debe verse afectada por la limitación de alturas.

Pero por si acaso el Supremo no lo viera así, y, sobre todo, para evitar la inseguridad jurídica que supone estar pendiente del recurso de casación durante años, la Comunidad quiere resolver de un plumazo la cuestión con su arma más poderosa: la capacidad legislativa. Así, en el anteproyecto de Ley de Patrimonio, que podría concluir su tramitación parlamentaria en verano, se añade un nuevo párrafo a la disposición transitoria: “En todo caso, no será de aplicación dicha limitación al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor de la ley 3/2007, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a dicho suelo”.

Así pues, la limitación de alturas de Aguirre no afectará al suelo que ya era urbano al aprobarse la ley, hágase lo que se haga con él. El diputado regional Modesto Nolla (PSM) cree que, al mantener “por obcecación” el “disparate” de Aguirre, González se ha “visto obligado a improvisar un nuevo remiendo a ese despropósito”, cuando “lo único sensato que podría hacerse es derogar la esperpéntica limitación de alturas que Aguirre se sacó de la manga”.

Si finalmente se aprueba el anteproyecto en su redacción actual, Fomento de Construcciones y Contratas podrá construir sus torres junto al río Manzanares. El Atlético ganará un campo nuevo que, según su presidente, Enrique Cerezo, podría estrenar en verano de 2015. Y la ciudad tendrá, por si finalmente le hace falta, un estadio olímpico.

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