A buenas horas mangas verdes

La delincuencia y la opacidad han sido, como es sabido, los dos grandes quebrantos que han arruinado el crédito político del PP valenciano. Al amparo de su hegemonía electoral y arrogancia, tanto el medro como la corrupción han alcanzado cotas escandalosas y el mutismo, cuando no la mentira, han sido a menudo la chulesca respuesta a las preguntas de la oposición. La feroz depresión económica ha sido, al fin, la puntilla a la primacía de un partido y un gobierno que, después de tres avasalladoras legislaturas e incontables derroches, afronta por vez primera la previsible derrota y el cambio. Aunque, eso sí, venderá cara su piel y se disfrazará de lagarterana si preciso fuera para redimir su penosa imagen. Y en ello está.

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ese verso suelto de los populares, ha decidido poner techo de cristal a la corporación que rige, convirtiéndola en un singular alarde de transparencia. Gastos, ingresos, subvenciones, iniciativas, decretos, patrimonios, intereses y retribuciones del personal de la casa, en fin, todo aquello que interese a los administrados figurará en la web que todos los grupos han aprobado por unanimidad y los ciudadanos podrán consultar sin trabas. Es un raro precedente y un compromiso que pronto podremos verificar. Su mero enunciado, y no digamos si cuaja, es una bofetada a la política opaca, arbitraria e irrespetuosa de su partido para con los administrados y quienes les representan.

Casi en sintonía con este anuncio de strip-tease institucional el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en las Cortes que la próxima ley revisada de Enjuiciamiento Criminal contemple la posibilidad de que el juez adopte como medida cautelar la inhabilitación de los políticos imputados o encausados aun cuando estén desempeñando cargos. Esta reforma se debate todavía como proyecto y ni se sabe cuándo llegará a ramos de bendecir por el riesgo que supone condenar a cautelarmente a nadie que resultare inocente. No obstante, esta norma u otra similar acucia porque lo realmente arriesgado y depredador para la vida pública es que las ladroneras, cual es el caso de la muy nutrida valenciana, sigan viviendo del erario que depredan a pesar del cúmulo de presuntos y a menudo graves delitos que pesan sobre muchos de sus individuos.

A este respecto, es justo anotar la actitud del molt honorable Alberto Fabra distanciándose de la tropa corrupta heredada, que ha ido sutilmente neutralizando, pero que sigue viva en su poltrona y pesando como un baldón. En este capítulo ha demostrado buena voluntad, pero ha carecido de coraje acorde con la gravedad del problema para hacer limpieza de quienes son piedra de escándalo, como los diputados imputados en las Cortes Valencianas, que ya deberían haber sido expulsados al grupo mixto, pues algunos de los cuales son puro y penoso escándalo con patas. Díaz Alperi, Sonia Castedo, Rafael Blasco, Milagrosa Martínez y algún otro sobre quienes que se alarga la sombra del trullo.

Son gestos para recuperar el crédito político, pero tardíos y blandos. A buenas horas mangas verdes, que alecciona el refrán. El nefasto legado de Francisco Camps y su muchachada demanda una catarsis más enérgica y la recuperación de las constantes democráticas mediante un terapéutico tránsito por el ostracismo. Quienes en su día les sucedan ya están aleccionados contra el desmadre que se ha derrochado durante estos últimos 18 años.