Tres centinelas para doblegar a los narcos
Los fiscales antidroga de Cádiz abogan por agilizar la reforma que les dará el control de las investigaciones de narcotráfico Los funcionarios desvelan que las organizaciones son como pequeñas y medianas empresas que funcionan al margen de la ley
Hay niebla. Siempre que sopla el levante, las nubes se posan sobre Gibraltar. Por este Estrecho, cruza la mayor parte de la droga que trata de entrar en España. Y en este día de cielos cubiertos los tres fiscales que luchan contra esta lacra en la provincia de Cádiz se han encontrado en Algeciras. Asisten a un seminario de Eurojust, una organización de la Unión Europea para incentivar la cooperación entre países en materia de justicia. Los tres fiscales están acostumbrados a que su batalla a favor de la salud pública esté cubierta de nubes difíciles de despejar.
Cádiz es la única provincia española que tiene tres fiscales dedicados a la lucha contra la droga. Ana Villagómez y Emilio Miró, en Cádiz y Algeciras, respectivamente, iniciaron esta tarea en exclusiva en 2005. En 2010 se sumó María Ángeles González, en Jerez con la competencia en una de las zonas más sensibles, el bajo Guadalquivir. En estos años han combatido una lacra que se ha llevado la vida de cientos de personas. Y que ha torcido y sigue torciendo los caminos de demasiada gente.
“Aquí no viven las grandes fortunas de la droga”, resume Ana Villagómez. “Aquí, como mucho, hemos podido incautarnos de una casa ilegal, un coche o uno o dos barcos”. Los fiscales antidroga de Cádiz saben que aquí no están los líderes, pero sí las piezas fundamentales para que la mercancía llegue a su destino. De todas formas, llegar a esas cabezas de la estructura se les antoja una misión casi imposible.
¿Quién está detrás de estas bandas? ¿Quiénes son? Sus investigaciones apuntan a que son organizaciones dirigidas desde Marruecos, aunque con numerosos intermediarios. En cada escalón hay un jefe. Y cada jefe tiene sus trabajadores. Y también a subcontratados. Su función es la de transportar la mercancía, si es hachís desde Marruecos; si es cocaína, desde América; introducirla en la costa gaditana, llevarlas hasta las denominadas guarderías (garajes, naves o chalés) y distribuirlas para su consumo.
Los fiscales desvelan que son auténticas empresas. Al margen de la ley. Pero empresas al fin y al cabo. “Son pequeñas y medianas empresas. Su estructura es maleable y flexible porque necesitan de puntos de vigilancia, guardias, cargadores, que, muchas veces, contratan a última hora. Pero tienen una rápida adaptación. Si cae una parte de la organización, se recuperan inmediatamente”, detalla Emilio Miró, fiscal de Algeciras. Y esa adaptación tan rápida es lo que dificulta la labor de cuerpos de seguridad y la justicia. Hace unos años llegaban grandes alijos de dos o tres toneladas de hachís en embarcaciones que alijaban a pie de playa. “Cuando la Guardia Civil puso radares en toda la costa con el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), empezaron a desplazarse a otras zonas, pero regresaron. Y, para camuflarse, utilizaron pequeñas lanchas, barcos pesqueros o yates recreativos”, añade Miró. Los narcotraficantes son grandes emprendedores y suelen innovar para adelantarse a los perseguidores. Ahora, por eso, los alijos son más pequeños y tratan de disimularse en viajes comunes. Las playas no son únicos destinos. También lo son los muelles de pesca o los puertos deportivos.
La gran parte de la droga que entra en España lo hace por Cádiz pero no se queda. Viaja a otras comunidades o países. La provincia gaditana es un lugar de paso. Por eso las grandes fortunas no están aquí. Además, aunque las hubiese, es muy complicado demostrar que un lujo ha sido comprado con dinero de la droga. “Lo suelen poner a nombres de familiares o conocidos. E investigar a cada uno de ellos es algo que enreda los procesos”, detalla Ana Villagómez. En su anterior memoria, la de 2011, porque la de 2012 todavía no se ha publicado, la Fiscalía Antidroga de Cádiz alertó de que la droga era un negocio importante en una economía deprimida como la gaditana. Una frase que levantó bastante revuelo. Un año después la matiza. “Es pronto para saber si la crisis ha llevado a más gente a dedicarse a esto. Lo que es cierto es que el tráfico se mantiene e incluso aumenta”, señala la fiscal de Cádiz.
La provincia de Cádiz representa el 3% de la población de toda España pero por aquí entra casi la mitad de hachís que llega a la península. 2012 fue otro año de aumento del narcotráfico. Se alcanzaron las 170 toneladas de hachís, 13 más que en 2011. También han crecido las denuncias un 13% con respecto al año anterior. Esta semana el Ministerio del Interior ha revelado que Cádiz fue también cabeza, con Pontevedra, en la estadística de incautaciones por cocaína de España con 3,7 toneladas.
En muchos de los alegatos, los detenidos suelen defender que acudieron al tráfico de droga porque no tenían otra forma de meter dinero en sus casas. Pero los fiscales se resisten a creer que esa justificación la comparte la mayoría de la sociedad gaditana. “De verdad, que no es así siempre. Lo que sí existe es la indignación de mucha gente que ve cómo su familia pasa muchas penurias mientras el de al lado, con una práctica ilícita, consigue dinero”, opina Emilio Miró. A María Ángeles González le tocó vivir el terrible asalto de un helicóptero de Vigilancia Aduanera que abortaba un alijo por parte de vecinos de Sanlúcar que terminaron llevándose la droga. “Fue algo excepcional, que se produjo en un lugar muy determinado como es Bonanza, en una barriada muy castigada por la droga. No es justo generalizar con toda una ciudad o una provincia”.
La crisis sí ha podido mover a algunos a buscar una salida económica a lo desesperado. Villagómez pone el ejemplo del considerable aumento de casos de mulas, personas que transportan dentro de su cuerpo droga en su paso por la frontera, sobre todo, en Ceuta y Algeciras. Esa misma crisis no ha lastrado el mercado de la droga. Los datos dicen que, al contrario, se mantiene y aumenta. “Puede ser que el consumo en España haya podido caer porque los que tenían dinero para comprar cocaína ahora no lo tengan pero se sigue vendiendo a otras personas en otros países”, señala la fiscal de Jerez María Ángeles González.
Otro aspecto que preocupa es el aumento de la violencia. En algunas operaciones los policías han empezado a aprehender armas. “Hay más casos de ajustes de cuentas, secuestros, robos entre bandas”, recuenta la fiscal de Cádiz, Ana Villagómez.
La droga no se lleva tantas vidas como hace tres décadas, aunque sí han vuelto a producirse incautaciones de heroína. Los fiscales reunidos en Algeciras evitan hablar de legalización. Dicen que no es su terreno opinar sobre si esto ayudaría o no a acabar con el negocio del narcotráfico. Lo que sí defienden es que la droga sigue dañando la salud de muchos y, sobre todo, frustran las trayectorias de jóvenes cegados por el dinero rápido. Son ellos los que suelen caer y acabar en la cárcel. “A los que están arriba es más difícil pillarles”, admiten los fiscales. Se lo reprochan muchas veces. Es entonces cuando recuerdan que ellos son guardianes de la ley. Centinelas de la salud pública aunque a veces, como hoy, haya niebla.
La necesidad de mandar en las averiguaciones
Los fiscales quieren mandar. Quieren ser los responsables iniciales de las investigaciones de narcotráfico y después, si procede, acudir a un juez de garantías que avale su trabajo. Pero ahora, con la legislación actual, las pesquisas corresponden a los cuerpos de seguridad y el juez instructor vela por ella. El anterior Gobierno de Zapatero y el actual de Rajoy anunciaron reformas, todavía no acometidas, para dar más poder a los fiscales.
“La ley procesal es muy antigua y eso lleva a procedimientos muy largos o a que falle la efectividad”, lamenta Ana Villagómez. Su compañero en Algeciras, Emilio Miró, pone un ejemplo. “La mayor parte de los juicios los dedicamos no a demostrar si alguien traficó o no, sino a demostrar que los métodos con los que les llevamos a juicio son legales o no. Y esa no puede ser la principal batalla”, se queja. La reforma de la ley procesal mejoraría, según los tres fiscales, esta fase de instrucción porque, desde un primer momento, estaría supervisada por ellos. Además se espera que se introduzcan cambios a la hora de regular el uso de las tecnologías y medios de investigación como los agentes encubiertos. “Llevamos muchos años y sigue sin haber una regulación de escuchas telefónicas. Funcionamos con jurisprudencia”, protesta Villagómez. Los fiscales admiten que se siguen perdiendo casos por anulaciones de escuchas. Aunque dicen que, cada vez, son menos.
Si son los fiscales los que dirigen la investigación se acabará también con el problema de competencia de juzgados. Al menos así lo cree María Ángeles González. “Yo trabajo con 15 juzgados diferentes y cada uno quiere llevar el caso que toca en su localidad”, explica. Lo que sucede con el narcotráfico es que rara vez una banda actúa en solo un municipio. El sistema de partidos judiciales es decimonónico", añade.
La reforma debería traer más medios humanos y técnicos, aunque eso choca con el ambiente de recortes y ajustes que les rodea. La Fiscalía de Cádiz todavía no ha conseguido que a María Ángeles González la nombren fiscal delegada antidroga de Jerez, tarea que ejerce en exclusiva pero sin esta figura que sí tienen sus compañeros de Cádiz y Algeciras. Es una diferencia salarial y también de reconocimiento porque no puede asistir a todos los encuentros de coordinación ni asumir el poder que sí tienen los otros fiscales.
Ellos han visto evolucionar los sistemas para localizar, detener y controlar a los narcotraficantes. El Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil desplegó una vigilancia por toda la costa, aunque los narcos hayan sabido burlarla. El grupo GRECO del Cuerpo Nacional de Policía coordinó investigaciones sobre bandas organizadas. Los recortes lo han reestructurado pero, al menos, ahora se ha puesto en puesta en marcha una UDYCO, una unidad contra la delincuencia y el crimen organizado, con 55 agentes adscritos en la bahía de Cádiz.
Quedan tareas pendientes. Por ejemplo, esclarecer el robo de cocaína del depósito de la comisaría de Cádiz. “Sigue abierto”, resume sucintamente Villagómez. Al menos, ese robo permitió acelerar una modificación reglamentaria para agilizar la quema de droga y evitar el riesgo del almacenamiento prolongado. También se ha podido ya quemar droga de la provincia en incineradoras andaluzas sin necesidad de trasladar la mercancía a Asturias. Los robos en Huelva y Málaga se han dado por esclarecidos. El del depósito gaditano sigue bajo el misterio.
