Por qué se vacían las VPO

Los camiones de mudanza entraban y salían en el PAU 4 de Móstoles (Madrid), una zona nueva con buenas comunicaciones y bloques de viviendas protegidas (VPO). Menos de dos años después, en lugar de descargar muebles, los cargan. Las familias que estrenaban piso ahora lo abandonan.

Será el caso de Rafael, nombre supuesto, que está pensando en marcharse. La renta de 400 euros por el piso, más 100 euros por el garaje, serviría en parte para rebajar el precio de compra- Tiene que asumir gastos —como la revisión de la caldera o el seguro— que se suman a los 576 euros de gastos fijos, incluyendo los de comunidad e IVA.

No le falta trabajo y puede afrontar el pago de la renta. Su problema no es ese, sino descubrir que alguien vive en su trastero, que tiene que subir andando porque han robado el contrapeso del ascensor, que el verano pasado vio un tiroteo que se saldó con un muerto y descubrir que el propio Ivima retrasa el pago de los gastos de comunidad por las viviendas desocupadas, que son muchas.

Quienes dejan vacías viviendas de protección oficial pública VPO no son solo los que no pueden pagar, son también quienes no pueden aguantar más el deterioro del barrio y de la convivencia, y no es por falta de vigilancia.

Parte del problema se explica porque el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima)  gestiona 22.000 viviendas y en la selección de inquilinos contempla unos parámetros que no incluyen ingresos mínimos que garanticen que el inquilino podrá afrontar los compromisos de mantenimiento. Fuentes del Instituto explican que sí afrontan los gastos de comunidad de los pisos vacíos, pero que la tramitación de las facturas se demora varios meses.

 La experiencia de Rafael es que su barrio se está convirtiendo en un gueto y que las viviendas vacías van en aumento.

Precisamente, la Defensora del Pueblo ha salido al paso de las mil quejas anuales que recibe, y como su tarea es la de supervisar la actuación de la Administración Pública, ha pedido información a las comunidades autónomas sobre el parque de viviendas protegidas vacías de su propiedad y ha elaborado un estudio.

Se ha dado de bruces con una jungla normativa y con que no hay manera de llegar a cifras fiables cuando ni siquiera la denominación es la misma en cada región. Por otra parte, la voluntad de colaboración no sobra. A todas las comunidades menos a una ha tenido que requerirles aclaraciones adicionales. La que lo ha hecho bien, es el País Vasco, pero hay otra a la que no ha habido tiempo de volver a pedir información, la madrileña.

Madrid tiene inscritos 3.268 en el registro de demandantes de VPO 3.268

Ha identificado más de 250.000 VPO públicas en España que pueden llegar a 300.974. Estarían vacías 13.501 y disponibles, 9.752. Y por el lado de la demanda de VPO, las comunidades que han contestado permiten identificar 332.529 inscritos en sus diferentes registros, las que los tienen.

No todas han contestado. Y las que lo hacen dan datos sorprendentes: Madrid tiene 3.268 inscritos. Contrasta con los 72.000 solicitantes en Cataluña o los 82.600 de Andalucía. La magnitud de la cifra madrileña sitúa a esta comunidad entre las de Murcia y Ceuta. La explicación es que los registros miden diferentes situaciones y requisitos.

Respecto al servicio de inspección algunas comunidades como la madrileña no aportan datos. Solo cuatro —de 17 comunidades más dos ciudades autónomas españolas— declaran el número de inspectores con que cuentan. Y bate récord La Rioja con 16, seguida de la Comunidad Valenciana con seis; Aragón con cuatro, y Murcia con tres.

La Defensora del Pueblo destaca “la ineficacia que supone que bienes útiles, en los que la Administración ha invertido fondos públicos o incluso son de su propiedad, sin embargo, se encuentran sin uso. El desajuste además implica incumplimiento de la ley, deterioro urbano y conflictividad social”.

Se centra en las viviendas promovidas y construidas por la Administración autonómica. No incluye el parque municipal.

Al remitirle la información sobre viviendas vacías los Gobiernos regionales no han diferenciado las desocupadas no disponibles y las disponibles (entre las que no se pueden incluir las ocupadas ilegalmente), así que las cifras del informe vuelven a ser una aproximación. En el caso de Madrid, 1.890 viviendas en noviembre del año pasado de las que 284 estarían disponibles.

La radiografía de la vivienda social desocupada abarca situaciones que van desde la del que no reside porque, contra lo que la ley exige, tiene otra vivienda familiar hasta los que renuncian antes de ocuparla.

En el informe sobre Viviendas protegidas vacías se recoge que “desde 2010 el 25% de los adjudicatarios renunciaban a las llaves y la proporción ha ido creciendo”. ¿Por qué? La Defensora del Pueblo ha investigado de oficio: imposibilidad de encontrar financiación o pérdida de empleo. Otro motivo es el de la insatisfacción con el municipio o el inmueble. También permanecen vacías algunas hasta que se reparan si se han dejado en mal estado o bien por problemas de gestión: la entidad gestora desconoce el fallecimiento del titular o se demora en la readjudicación cuando se queda vacía. Otra causa es que el precio a pagar por la compra o la renta, en ocasiones, supera el de la vivienda libre de la zona.

También alude el informe a situaciones como las que han motivado que abandonen sus casas los vecinos de Rafael en el PAU 4 de Móstoles, por conflictividad y vandalismo vecinal, un fenómeno que lleva el de la ocupación irregular. En un año, según destaca la defensora, el Ivima ha pasado de reconocer 185 a 766. Otro dato: preveía invertir cinco millones de euros en dos años en vigilancia para evitar tales ocupaciones.

La institución diferencia nítidamente al desalojado por desahucio, en cuyo caso hace un llamamiento ante la entidad financiera, y los ocupantes ilegales de viviendas protegidas —mucho más difíciles de desalojar que los anteriores— para los que solicita una labor ejemplarizante y el agravamiento de la sanción por reincidencia para evitar los frecuentes conflictos vecinales.

La defensora, entre otras, hace la recomendación de que la gestión pudiera encomendarse a entidades sin ánimo de lucro o asociaciones de vecinos que podrían hacerla de una forma más próxima.

Recomienda también la institución presidida por Soledad Becerril que las VPO vacías públicas se recalifiquen pasando de venta a alquiler, una demanda en línea con lo que prevé el recientemente aprobado Plan Estatal de la Vivienda. Asímismo recomienda la reducción de las rentas o relajar algunas condiciones de acceso.

Aboga por la creación de un censo o registro que permita obtener información a nivel estatal. “Deben constituirse y mejorarse los registros sobre la situación de las viviendas protegidas. En estos deberían inscribirse tanto las de promoción pública como las de promoción privada desde el momento de obtener la calificación definitiva hasta que transcurra el plazo de régimen de protección o se produzca la descalificación”, indica el informe.

Tal registro sería un antídoto contra las bolsas ocultas de viviendas vacías y agilizará la ocupación de la vivienda. También tendría ventajas de gestión constituir un censo de demandantes. Permitiría afinar el diseño de la política de vivienda y ajustar la promoción a la demanda, reduciendo costes de gestión.

Las ventajas son claras incluso desde el punto de vista de lucha contra el fraude. Eso sí, requiere medios como contar con planes de inspección que la Defensora del Pueblo define como un deber.

La institución concluye que no se ha cumplido el mandato constitucional de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna.

También recuerda que la función social delimita el derecho a la propiedad privada, de la misma forma que la libre empresa en nuestra economía de mercado busca la mayor productividad legítimamente pero, por imperativo constitucional, deberían crearse las condiciones favorables “para el progreso social y económico de todos y no solo de algunos”, como indica el informe.