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El supervisor de centros privatizados toma posesión con críticas de los médicos

Los facultativos lamentan su carácter político y no técnico El elegido es expresidente del PP de Fuenlabrada

Manuel Molina Muñoz jura el cargo.
Manuel Molina Muñoz jura el cargo.COMUNIDAD DE MADRID

La privatización de la Sanidad en Madrid ha dado hoy un paso más, con la toma de posesión del supervisor de los cuatro centros de salud —de los 27 previstos en un principio— y los seis hospitales que el Gobierno regional va a privatizar. Manuel Molina Muñoz ha jurado el cargo y pasará a encargarse de la Dirección General de Seguimiento y Control de los Centros Sanitarios. La Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM) ha criticado que la elección haya sido de carácter político y no técnico. Molina es médico de profesión y hasta la semana pasada portavoz del PP en Fuenlabrada, municipio gobernado por el PSOE.

La portavoz de AFEM, Fátima Brañas, ha manifestado que la consejería ha perdido "una gran oportunidad" para demostrar su voluntad de control de los centros de gestión indirecta pues, a su juicio, no basta con decir que hay una Comisión de Control. "Lo importante es que pueda ser y sea un mecanismo de control real y para eso no puede estar politizado", ha agregado Brañas.

El titular del ramo, Javier Fernández Lasquetty, cree que supondrá "una garantía para las personas que ven con desconfianza" el modelo de gestión privada que el Gobierno regional quiere implantar. Sus funciones abarcan la supervisión, vigilancia y control de cumplimiento de las obligaciones del prestador del servicio, el impulso de auditorías de control de actividad, la verificación de actividades a pacientes de otros hospitales públicos distintos del que tiene como referencia, así como la propuesta de procedimientos sancionadores o deducciones económicas en el caso de que la concesionaria incurra en el incumplimiento de sus funciones.

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Brañas sostiene por su parte que "sin información no hay posibilidad de control" de la evolución económica y asistencial de los centros de gestión externailzada y agrega que Afem viene denunciando desde hace seis meses que el Gobierno regional "no ha presentado hasta la fecha ningún dato que avale su plan privatizador.

El titular madrileño de Sanidad ha asegurado que la nueva dirección no supondrá un gasto extra, porque asume las funciones que hasta ahora desarrollaba el órgano supervisor de la Jiménez Díaz, que tiene un concierto particular con el Gobierno regional. El consejero ha indicado que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el jueves pasado se acordó también la publicación de los indicadores de resultados de todos los centros sanitarios de gestión directa e indirecta, junto con una comisión asesora que constituirá por profesionales y sociedades científicas en próximas semanas. Esta función recaerá en la Dirección General de Atención al Paciente.

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La portavoz de Afem también reprocha la forma elegida para la creación de la Comisión Asesora en Indicadores de Calidad de la Asistencia Sanitaria, pues considera que se está "reconociendo" que

actualmente "no se disponen de tales indicadores". Lo que no se conocen aún son los pliegos de condiciones con los que se privatizará la gestión sanitaria de los centros. Lasquetty lleva anunciando un mes y medio que el documento estará listo "en semanas".

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