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El Consultivo constata que Empleo otorgó 30 millones en ayudas irregulares

La Junta pidió el visto bueno del órgano para reclamar el dinero a las empresas

Javier Martín-Arroyo
Griñán recibe de Juan Cano Bueso la memoria anual del Consejo Consultivo que preside este último.
Griñán recibe de Juan Cano Bueso la memoria anual del Consejo Consultivo que preside este último.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha confirmado que la Junta concedió de manera irregular 30 millones en 83 subvenciones directas a empresas del fondo para empresas en crisis que ha motivado el caso de los ERE. La Consejería de Economía necesitaba estos dictámenes para ahora reclamar a los empresarios el dinero, concedido durante una década por la Dirección General de Trabajo. Estos 30 millones forman parte de la partida de 73,8 millones concedidas de manera directa a las empresas, una partida que previsiblemente será considerada nula en su totalidad por el órgano.

El presidente del Consultivo, Juan Cano Bueso, aclaró ayer que las ayudas directas han sido declaradas nulas porque fueron otorgadas por los ex directores generales Javier Guerrero y Juan Márquez con discrecionalidad, arbitrariedad y carecían “total y absolutamente” del procedimiento establecido por ley, informó Efe. Algunas incluso carecían de solicitud por parte del empresario.

Hasta ahora, la Junta ha remitido al Consultivo 220 expedientes. De ellos, ha analizado 83 para los que autoriza a la Junta a reclamar el dinero, y ha devuelto al Ejecutivo 93 expedientes porque presentan defectos formales en su tramitación o han caducado o presentan. Pero esto no significa que el plazo impida la recuperación del dinero. Los expedientes disponen de tres meses pero no prescriben y ahora serán reiniciados, para así evitar la indefensión del empresario. Eso sí, el órgano consultivo ha pedido a la Junta que le devuelva los 93 expedientes poco a poco, para no saturar su capacidad de emitir estos complejos dictámenes jurídicos. Al margen de estos 93 expedientes el órgano tiene pendiente de resolver 23 para las próximas semanas.

La excepción de los expedientes analizados son siete casos en los que seis de ellos el Consultivo considera que no debe reclamarse el dinero porque la finalidad era lícita o se trataba de ayudas sociolaborales, que la Junta ha remitido como excepción. Entre ellos figuran una subvención de Empleo a una asociación de minusválidos y otra al Obispado de Cádiz, que el órgano estima no fueron entregadas con mala fe y el tiempo transcurrido es demasiado prolongado. “No hubo procedimiento pero las razones y pagos están motivados”, aclararon fuentes del Consultivo.

El matiz de estas siete subvenciones, con formato de ayuda sociolaboral [es decir, destinadas a los trabajadores y no a los empresarios] es que el Consultivo estima que la Junta no debe pedir su reintegro a los trabajadores. El órgano con sede en Granada ya consideró nula la ayuda del ERE de la firma malagueña Hitemasa, pero aclaró que debía primar “la seguridad jurídica y la confianza legítima de los ciudadanos respecto de los actos firmes de la Administración”. Tanto en estas siete subvenciones como en algunas de las 23 pendientes de dictamen, la casuística es muy diversa. “Son ayudas excepcionales que se podrían haber dado de manera correcta con otro procedimiento”, subrayan fuentes del Consultivo.

Bueso ha entregado hoy la memoria del año 2012 al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El órgano recibió el año pasado 1.300 solicitudes para que emitieran un dictamen, un 45% más que el año anterior. De los dictámenes emitidos, 862 lo han sido en sentido favorable a la resolución de la Administración, 121 en sentido desfavorable y 93 han sido devueltos.

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En 28 ocasiones, las administraciones consultantes no han actuado de acuerdo con el Consejo, lo que supone que en el 96% de los casos se ha resuelto conforme al sentido del dictamen, un porcentaje que Bueso califió de “impresionante”.

El 63% son consultas procedentes de la Junta; el 36% proceden de la Administración local y un 0,18% de universidades y organismos de derecho público. Por órganos remitentes, 462 dictámenes fueron solicitados por Administaciones locales, 367 por la Consejería de Salud y 215 por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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