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Un aula catalana deberá enseñar en castellano si un alumno lo pide

El Tribunal Superior de Cataluña rechaza la atención individualizada

La Generalitat recurrirá el auto: “La lengua del grupo no se puede cambiar”

Si una familia de Cataluña pide la educación bilingüe —más horas en castellano en la escuela—, la Generalitat deberá dársela no solo al alumno afectado, sino a toda la clase. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) en un auto que la Generalitat ya ha dicho que recurrirá. El auto aclara las ambigüedades sobre el alcance de la medida, que no habían despejado sentencias anteriores dictadas por ese mismo tribunal y por el Supremo, la última vez, en febrero.

“El sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno. Lo acordado afecta al alumno juntamente con sus compañeros”, explica la sala de lo contencioso en una de las resoluciones judiciales más claras emitidas hasta ahora sobre esta polémica. El tribunal entiende que eso puede afectar al resto de los alumnos. Lo resuelve así: “Podría argüirse, tal vez, que esta decisión afecta a los escolares que forman parte de la misma clase que el hijo de la parte actora [la familia castellanoparlante], y cuyos padres pueden querer y desear que el modelo lingüístico actual no se modifique. Ahora bien, ello no es óbice a lo acordado”.

La resolución esclarece un asunto confuso de la última sentencia del Supremo, en la que aseguraba que el derecho del alumno a recibir las clases en castellano “no se satisfacía con la prestación de una atención particularizada en castellano, sino con la entera transformación del sistema”, de modo que los hijos de la familia demandante “junto con sus condiscípulos, utilizaran, en proporción que la Generalitat estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular”, pero limitado al colegio y al curso del demandante. El texto había dado pie a distintas interpretaciones y ni la Generalitat ni algunos expertos dedujeron que la medida debía extenderse a todo el grupo.

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, que ve un ataque global al sistema educativo catalán, aseguró ayer que no acatará. “No contemplo ejecutar la sentencia en sus términos porque espero que el recurso que hemos presentado \[al Supremo\] nos será favorable”, aseveró. Rigau lamentó que lo que debía ser una decisión que afectara a casos particulares salpique a más familias. “Es imposible que se cambie la lengua del grupo. Esta no es casual, ni cambia año a año. Forma parte del proyecto educativo del centro”, informa Maiol Roger.

El tribunal argumenta: “Es sabido que el derecho fundamental a la educación (art. 27 CE), en su aspecto lingüístico, no garantiza ningún derecho de opción a recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales. Es la Administración educativa quien organiza y establece la prestación de este derecho. Y cabe, como es lógico, que modifique puntualmente el sistema si así lo establecen los tribunales que ‘controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican”.

Las demandas de las familias hasta ahora iban en la línea de pedir más presencia del español en las aulas, ya que toda la enseñanza se imparte en catalán, salvo la asignatura de lengua castellana. Es la única comunidad con dos lenguas oficiales que solo tiene una vía de escolarización y esta se realiza en la lengua de la región de forma predominante. En el País Vasco, las familias pueden escoger entre tres modelos en los que se juega con las proporciones de los idiomas.

La sala dice que lo que quieran

los otros padres “no es óbice

a lo acordado”

El TSJC incide en que la presencia de las dos lenguas oficiales en la enseñanza debe ser más equilibrada (tal y como apuntó el Tribunal Constitucional en 2010 en su sentencia sobre el Estatut), pero declina establecer los porcentajes, algo que vuelve a dejar en manos de la Generalitat. Esta Administración es, según los tribunales, la que debe establecer la presencia del castellano “en la proporción que se estime razonable”. En la resolución, el tribunal hace una crítica abierta al modelo de inmersión actual. “Una cosa es que el catalán sea el centro de gravedad y otra que ocupe todo el espacio” y, seguidamente, afea que solo “se emplee el castellano tres horas semanales”.

El auto da la razón a 10 familias que habían defendido que no se garantizaba la presencia de la lengua castellana al mismo nivel que la catalana solo con la atención individualizada —el profesor, durante la clase, explica al alumno en castellano lo que necesite. También los exámenes y las comunicaciones con las familias son en castellano—. Hasta ahora era la medida que usaba la Generalitat para cumplir las sentencias. Los magistrados no la consideran suficiente, aludiendo a una sentencia anterior del Supremo, que establece: “La atención individualizada en castellano conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos clase por razón de lengua habitual”.

Aunque el auto del TSJC arroja luz sobre muchas dudas generadas por sentencias anteriores, abre nuevos interrogantes. ¿Qué pasa con el derecho del resto de familias para seguir recibiendo las clases en catalán? ¿Cómo se conciliarán los derechos de unos y otros? ¿Se podrían crear líneas exclusivamente en castellano? “El auto coge una vía equivocada e injusta al tomar la fórmula ‘por uno, todos’. Hay una vulneración clarísima de los derechos del resto de los alumnos”, defiende Joaquim Arenas, experto en política lingüística. Arenas, como Albert Branchadell, profesor de Filología Catalana de la Autónoma de Barcelona, considera inviable crear grupos para los alumnos que pidan castellano. “No se puede porque es ilegal y vulnera la Ley de Educación de Cataluña”, dice Branchadell, quien augura que con este auto habrá un aluvión de peticiones de escolarización en castellano. Este curso lo pidieron 17 familias.

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