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Ayuntamientos socialistas de la Vega Baja saldrán del consorcio de basuras

Ocho municipios lanzan un ultimátum contra el vertedero de Ortiz en la comarca

Alcaldes y portavoces socialistas de la Vega Baja reunidos este sábado.
Alcaldes y portavoces socialistas de la Vega Baja reunidos este sábado.

Los cinco alcaldes socialistas de la comarca alicantina de la Vega Baja, además de representantes de los tres municipios donde gobiernan en coalición, lanzaron este sábado un órdago a la presidenta de la Diputación alicantina, Luisa Pastor. Irán hasta el final en su reclamación de detener la construcción del macrovertedero de Albatera hasta que se resuelva el caso Brugal, nacido precisamente en la Vega Baja por los contratos de la basura de Orihuela, la capital comarcal. Uno de sus principales imputados es el adjudicatario del macrovertedero, Enrique Ortiz, así como el anterior presidente provincial, José Joaquín Ripoll. Si el martes el consorcio vota a favor de la instalación, los cinco municipios socialistas —Rafal, Benferri, Los Montesinos, Rojales y San Isidro— someterán a voto plenario el abandono del consorcio. También lo harán aquellos en los que los socialistas gobiernan en coalición: Orihuela, Catral y Jacarilla. Entre todos suman un 34% de la población comarcal.

Los socialistas dan por hecho que comenzarán a abandonar la agrupación de localidades del plan zonal de basuras de la Vega Baja el próximo martes. Será una marcha que durará dos años, el periodo de tiempo necesario para que un municipio pueda salirse de un consorcio.

Manuel Pineda, alcalde de Rafal y secretario comarcal socialista, manifestó tras la reunión del sábado que “el PSOE no quiere ser partícipe de una proyecto manchado de corrupción” y reiteró que “en manos de la presidenta Pastor está el poder de anular el contrato mientras el caso Brugal dure”. “Aún no sabemos ni el precio del tonelaje”, dijo de un proyecto todavía inconcluso. “El macrovertedero no lo quiere ni Albatera (del PP)”. Esta posición la vienen manteniendo los socialistas hace ya meses, “pero la presidenta no ha contestado”, apuntó Pineda.

El Consorcio pagó 20.570 euros por un informe legal de seis folios

Luisa Pastor, a quien este periódico no pudo localizar ayer, viene manteniendo que existe una sentencia judicial que obliga a construir el vertedero en Albatera, aunque estuviera planificado en la pedanía de Torremendo (Orihuela). El movimiento vecinal —del que formó parte el alcalde ecologista de Orihuela, Monserrate Guillén— consiguió que no se pudiera construir allí el vertedero, pero la sentencia desvió su emplazamiento a Albatera. Entretanto, la UTE adjudicataria formada por Enrique Ortiz y Cespa pide más de tres millones de indemnización por la parcela comprada en Orihuela para el proyecto de vertedero.

Según los socialistas, la UTE consiguió la adjudicación del vertedero y, el 18 de junio de 2008, los mismos socios constituyeron la sociedad Novalis Medio Ambiente, SA con el objetivo de transmitirle el contrato público del plan zonal. Esto “nunca lo ha autorizado el Consorcio”, avisan, pese a la petición de la sociedad en octubre de 2009 sin que se cumpliera ninguno de los requisitos legales exigidos para la cesión. Por ejemplo: la acreditación de la solvencia de la nueva mercantil Novalis Medio Ambiente.

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La posición socialista ha pasado de conciliadora a beligerante: “No vamos a permitir que los ciudadanos paguen por sus chanchullos, caprichos y errores. La señora Pastor será tan responsable como su antecesor, José Joaquín Ripoll, si permite que se siga desarrollando un contrato situado en el epicentro del caso Brugal”. Tampoco cree el PSOE que deban pagar los ciudadanos de otros municipios. Mientras se construya el vertedero la basura de la vega Baja irá a las plantas de Xixona, Villena, Elche, Alicante y Murcia. Las empresas de la UTE participan por separado en la gestión de algunas de ellas. En la de Alicante, es exactamente la misma UTE Cespa-Ortiz la que lo gestiona. “Nadie ha pedido permiso a esos consorcios”, señaló Pineda, aunque todos están controlados por el PP.

108.200 euros se gastan en dietas a funcionarios y políticos con sueldo

Los socialistas también han echado cuentas y han encontrado más motivos para irse. La plantilla del Consorcio tiene dos empleados: un gerente y un administrativo, “que nadie sabe quiénes son”, dicen las fuentes socialistas: “Los gastos de personal ascienden a 157.200 euros, 94.000 para gerente y administrativo y casi 64.000 restantes para gratificaciones del personal adscrito al Consorcio”.

El personal adscrito consta de un tesorero, una secretaria, una interventora, dos técnicos y sendos administrativos, además de un coordinador, que trabajan en la Diputación. “Si sumamos gratificaciones e indemnizaciones por asistencia, el Consorcio está pagando 108.240 euros al año a funcionarios que ya tienen su sueldo y a algunos políticos que ya cobran dedicación exclusiva en sus municipios”, dicen las mismas fuentes, “eso es casi un 30 % del presupuesto” del consorcio. El 25% lo pone la Generalitat, el 15% la Diputación y el 60% los ayuntamientos.

Ni la actitud de la Diputación ni los números cuadran a los socialistas. Tampoco ayudan los 20.570 euros por seis folios de un despacho de abogados de Valencia para apoyar el informe de la secretaria del Consorcio destinado a contestar a Cespa-Ortiz sobre su reclamación de indemnización por el terreno de Orihuela. La cita del martes del consorcio parece directa al divorcio.

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