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Euskadi apela al “blindaje foral” para eludir la reforma de los municipios

El Gobierno, las diputaciones y los municipios exigen una cláusula de salvaguarda

La presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea, en primer término, asiste en febrero pasado a la reunión del Consejo de Finanzas.
La presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea, en primer término, asiste en febrero pasado a la reunión del Consejo de Finanzas.

El Gobierno vasco, las tres Diputaciones y los Ayuntamientos se han levantado como un resorte, en bloque y sin fisuras, contra la pretendida reforma de los municipios que ha diseñado el Gobierno central. Las instituciones vascas se han sumado a la ola de reacciones contrarias que en el resto de España ha suscitado el anteproyecto de ley sobre Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local. A falta de conocer cuál será su concreción definitiva tras las modificaciones que, con toda seguridad, experimentará el citado texto legal en el trámite parlamentario, el País Vasco quiere anular los efectos que podría tener su aplicación en esta comunidad autónoma. Esgrime la ausencia en el anteproyecto de la “cláusula de salvaguarda foral”, un blindaje que todas las leyes de régimen local suelen contener para excluir su aplicación en Euskadi.

El “blindaje foral” es la principal vía que empleará Euskadi para sortear una reforma de los ayuntamientos que altera el actual mapa municipal, asegura Rafael Jiménez Asensio, doctor en Derecho por la UPV y consultor de las instituciones vascas en este asunto. Estas no quieren que la podadora que tiene preparada el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pase por Euskadi. “La reforma pretendida no se adecua a la realidad económica de los entes locales vascos, por lo que resulta innecesaria, y no respeta las peculiaridades institucionales propias de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, recogidas en la Disposición Adicional Primera de la Constitución. Esta es una de las argumentaciones formuladas por el Gobierno vasco, las diputaciones y Eudel en su escrito de alegaciones remitido conjuntamente al ministerio.

De acuerdo con la primera redacción del anteproyecto legal que reforma la administración local española, el Gobierno del PP pretende una reorganización de las competencias municipales, la clarificación de los servicios para evitar duplicidades, reducir la estructura y los costes de los municipios, entre otros fines que buscan una mayor eficiencia y ahorro en las prestaciones públicas.

Las instituciones vascas consideran que las medidas previstas por Hacienda resultan “totalmente desproporcionadas” y están inspiradas por una visión “puramente económica y financiera” que olvida “otros valores como la democracia y el desarrollo y garantía del estado social”. En ello coinciden Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, gobernadas por otros tantos partidos —PP, PNV y Bildu, respectivamente—, aunque, de las tres diputaciones, la primera emplea “un discurso más conciliador” con los propósitos de Montoro, según consta en la alegación que el consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, ha enviado al secretario de Estado Antonio Beteta.

Álava, en manos del PP, es la institución “más conciliadora” con las medidas de Montoro

El alegato del Ejecutivo autonómico es contundente. Considera la nueva delimitación competencial de los municipios un “desapoderamiento ex lege de competencias” en el ámbito educativo, sanitario y de servicios sociales. Hacienda pretende que estas sea ejercidas en adelante por las instituciones autonómicas —diputaciones o Gobierno, en el caso vasco—, a las que atribuye el ejercicio de la competencia y su titularidad.

El anteproyecto, que deberá someterse al informe del Consejo de Estado, delimita el catálogo de competencias que asumirán los entes locales, que deberán ajustarse a un “coste estándar” de los servicios municipales para evitar un gasto público excesivo. Establece un régimen de intervención para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y limita los sueldos de alcaldes y concejales, así como el número de liberados. Con estas medidas, Hacienda prevé un ahorro de 7.129 millones de euros en el conjunto de España. Aplicando el peso que se otorga a Euskadi en el cálculo del Cupo (el 6,24%), en esta comunidad se ahorrarían 444,8 millones.

Euskadi advierte del riesgo de “privatización” de los servicios públicos, del carácter “centralizador y homogeneizador” de la reforma. Jiménez Asensio asegura que en esta comunidad autónoma “la resistencia es total”. “Las tres diputaciones piden la excepción total de través de una cláusula foral”, añade. Este blindaje se da por hecho si se respeta la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo pasado, por el que insta al Gobierno del PP a que el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local “refleje expresamente la singularidad foral del entramado institucional vasco”.

Esta singularidad, hace constar el Gobierno de Urkullu, no está recogida en el actual texto, que “reduce a la nada” el sistema foral de régimen local y “vulnera la Constitución y el Estatuto de Gernika”.

Eudel y Udalbiltza se plantan

La Asociación de Municipios Vascos, Eudel, considera que la reforma local está construida “con la errónea apreciación de que los municipios son incumplidores y carentes de la diligencia debida”. “Grave enfoque en el caso vasco”, asegura en su escrito de alegaciones, en el que destaca “la calidad de los servicios” que prestan los ayuntamientos de Euskadi. Eudel sostiene que la reordenación de competencias es “lisa y llanamente” una “supresión de espacios de responsabilidad” de los entes locales.
La organización que preside Ibone Bengoetxea, del PNV, muestra su “absoluto desacuerdo” con la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes y la limitación de las retribuciones a los empleados públicos, porque supone “una intromisión” en la negociación colectiva vasca en este ámbito. “Este anteproyecto desconoce abslutamente las peculiaridades del municipalismo vasco”, según Eudel.
Manuel Zafra Víctor, director general de Administración Local en la Junta de Andalucía (2008-2010) y profesor de Ciencia Política y de la Administración Pública, opina que en Euskadi “se puede plantear un problema de constitucionalidad muy serio” con la reforma.
Udalbiltza, por su parte, sostiene que “dañaría enormemente la capacidad y autonomía” municipal, asegura su presidenta, Mertxe Aizpurua, quien critica que el Gobierno del PP no haya contado con las instituciones locales, ni reflejado “las diferentes realidades del Estado” al redactar el anteproyecto. La gravísima situación financiera de muchos ayuntamientos de España afectará a los vascos si se lleva a cabo la reforma”, añade.