La Generalitat se propone ampliar el copago en las prestaciones sociales

El modelo actual de Bienestar Social no es sostenible y la Generalitat se ha propuesto que le cuadren los números también en el ámbito social. Para ello, el Gobierno catalán aprobó ayer la memoria de un anteproyecto de Ley de Protección Social, que pone las bases de un nuevo modelo que ineludiblemente pasa por aumentar el copago. “Mantener la sostenibilidad del sistema pasa por una mayor corresponsabilidad, vinculada al nivel de renta y patrimonio”, dijo ayer la consejera de Bienestar Social, Neus Munté.

El copago ya está actualmente implantado en muchos de los servicios sociales, como las residencias o la dependencia. También existe en el ámbito farmacéutico o en el educativo (algunas guarderías y la universidad). El objetivo de la Generalitat es, ahora, extenderlo. Eso no significa que todos los servicios serán de pago, ya que todavía el proyecto está en su fase inicial. “Lo que puede suceder es que se aumente el nivel de copago en los servicios donde este ya existe o que se introduzca en algunos donde ahora no lo hay”, explicaron fuentes del Departamento.

La nueva normativa va en la línea del intento, frustrado hasta ahora, de la Generalitat de aumentar el copago en las prestaciones de dependencia. El departamento anunció el año pasado que quería que los usuarios, que hasta ahora pagan un máximo del 9% del servicio, abonarán hasta el 13%. La reforma quedó paralizada en verano, cuando el Gobierno central también anunció su intención de revisar el sistema de copago, todavía por concretar.

El nivel de renta y patrimonio

La consejera Neus Munté reiteró en varias ocasiones que no se eliminarán prestaciones sociales, pero avisó. “Hay que acentuar lo que es imprescindible. Si esto implica una reordenación del modelo de prestaciones actual, pues lo haremos”. La Generalitat quiere que la futura Ley de Protección Social sea una “ley paraguas”, según la calificó Munté, que marque los criterios a seguir las normativas más sectoriales en materia de infancia, vivienda o pobreza. También influirá en los precios que fija la cartera de Servicios Sociales.

La Generalitat busca así contener el gasto ingente que suponen las prestaciones sociales, cada vez más demandadas. El enquistamiento de la crisis ha disparado los niveles de pobreza infantil hasta el 26,4% y la tasa de exclusión social hasta el 26,7%. Y ello en un momento crítico para las finanzas de la Generalitat que ya han causado un recorte del presupuesto del Departamento de Bienestar Social del 11% (212,5 millones menos) en dos años. Munté ya ha reconocido en alguna ocasión que puede haber un nuevo tijeretazo en su ámbito en las cuentas que la Generalitat está ultimando. “Necesitaríamos más y querríamos más. Los recursos son los que son y queremos dar respuesta con lo que tenemos”, reconoció ayer la consejera, quien aseguró que con la nueva ley se “blinda” el Estado del Bienestar.

Las entidades del sector piden dotación presupuestaria

El anuncio de la reforma normativa despertó ayer las críticas de los partidos de izquierda y los elogios contenidos de las entidades sociales. Para la diputada del PSC, Eva Granados, el sistema actual “ya está blindado” con el marco legislativo actual. “Por ejemplo, tenemos una Ley de la Infancia, lo único que tiene que hacer el gobierno es cumplirla”. Desde ICV, su portavoz Dolors Camats, aseguró que redefinir el modelo social “es para CiU recortar, privatizar y externalizar, como ya se ha visto en sanidad”, informa Neus Vidal. Desde Ciutadans, Jordi Cañas terció que la prioridad no es elaborar una nueva ley, sino saldar la deuda con las entidades sociales. El sector reclama a la Generalitat 435 millones, de los cuales 280 millones son de Bienestar Social.

Por su parte, la presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras, celebró el anuncio de la consejera. “Está haciendo suyo el discurso del tercer sector. En estos momentos difíciles hay que establecer prioridades. Lo importante del copago es que no afecte a la equidad. Algunos copagos no son recaudatorios, sino regulatorios, para evitar los abusos”, justificó Guiteras. Pero además de buenas intenciones, el sector pide precisión. “Falta concreción y dotación presupuestaria. No se trata tanto del qué hacer —eso ya lo sabemos—, sino el cómo y el cuándo", remachó Jordi Gusi, gerente de la patronal ECAS.