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Las Vargas se tienen que mudar

Tres generaciones de una familia conviven desde hace casi una década en chabolas de Fuencarral Sobre el terreno, que forma parte de la Operación Chamartín, pesa una orden firme de desalojo

Pilar Álvarez
María Jesús Vargas (con el jersey de rayas), con dos de sus hijas y un nieto.
María Jesús Vargas (con el jersey de rayas), con dos de sus hijas y un nieto.luis sevillano

“Por lo menos esta vez no nos tiran en invierno”. María Jesús Vargas busca el consuelo en la meteorología. Cuando se vayan, y parece que será en breve, al menos no nevará ni hará frío como las tres veces anteriores. Habla sentada en el sofá ralo, rodeada de hijas, sobrinas, nietos y con Andrés Navarro, el marido, sentado al fondo de la habitación comiendo un pastel. Desde la ventana de la vieja fábrica transformada en casa plurifamiliar, se ve el camión cargado de cartones. Navarro los vende a seis céntimos el kilo. Enseña el tique de venta: 780 kilos, 46,8 euros.

“Yo nací debajo de un árbol, al lado de un río”, dice el hombre. Eran años de frío en campamentos destartalados y vida nómada, recuerda. “Ahora todo es más fácil”. Entre la fábrica de ladrillo y una docena de chabolas situadas en la parte de atrás se reparten desde hace casi una década tres generaciones de las Vargas. Viven en una explanada del distrito de Fuencarral, rodeada de lomas. Es un terreno jugoso, propiedad de una promotora y parte de la operación Chamartín, el proyecto municipal de ampliación de la Castellana que quedó en barbecho por la crisis.

Si obviamos cartones y chatarra, parecería una de esas calles de pueblo con las puertas de las casas siempre abiertas y los familiares desfilando de una a otra para tomar café. La miseria, que existe, está por fuera. Bajo las paredes de madera, los suelos lucen brillantes, las televisiones y las chimeneas siempre están encendidas y las ollas hierven al fuego. Esta tarde se cocinan torrijas y el descampado huele a Semana Santa.

Hace unos días, los moradores de la mitad de las chabolas recibieron una notificación del juzgado que les ha revolucionado. Deben comparecer el 2 de abril, a partir de las 9.00. Creen que ha llegado, otra vez, la hora de los derribos, de la mudanza. En el Ayuntamiento confirman sus sospechas. El expediente de disciplina urbanística lleva abierto cuatro años. Sobre sus chabolas pesa “una orden firme de desalojo y autorización judicial de entrada en domicilio”, según una portavoz del área de Urbanismo, que asegura que el asentamiento “es ilegal y no legalizable”. La fecha está por concretar, añade la portavoz. La fijará el juzgado.

El día dos de abril, Manuela Cortés Vargas, segunda generación, prevé ir temprano al juzgado. Lleva una semana de ajetreo enre el papeleo del expediente y las visitas al hospital para vigilar la fiebre al menor de sus cuatro hijos, que nació con hidrocefalia y tiene una salud muy delicada. No para un segundo. Va de puerta en puerta, de chabola en chabola y avisa a unos y otros para que no se despisten, para que presenten papeles y busquen alternativas que les eviten quedarse en la calle. Varias familias están rellenando formularios para que Cáritas les ayude a conseguir casa, aunque desde la organización explican que se trata de viviendas transitorias. También aguardan la lista de espera del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid).

Para Manuela seria la segunda mudanza. Su chabola se quemó en 2006. “No dio tiempo a coger nada, los niños se quedaron en la calle y en pañales”. Construyeron una nueva al otro lado de la misma explanada. Cada mañana, viste a sus hijos con el uniforme y los lleva al colegio Vasco Núñez de Balboa, un centro públicos del distrito con 71 alumnos, de los que el 70% son de etnia gitana. Dos generaciones de los Vargas han aprendido a leer, escribir “y defenderse en la vida” en este centro, según fuentes del colegio, que también está en riesgo. La Consejería de Educación prevé cerrarlo para el curso que viene si las familias no lo consiguen frenar con sus movilizaciones. Es posible que los niños Vargas se tengan que mudar de colegio y de casa en unos meses.

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Manuela viste vaqueros, jersey largo y deportivas y se siente moderna. Su madre, Adoración Vargas, da una vuelta de tuerca y habla de sí misma como una “gitana light”. Con 54 años y 11 hijos no cumple algunos de los tópicos sobre los gitanos que se repiten en televisión. Se separó de su marido, Antonio. “No nos entendíamos”, afirma mirando con unos ojos celestes que nadie sabe explicar de donde vienen. El exmarido la mira con un mohín desde la mesa. Él vive en el descampado, ella en un piso protegido. Además de separarse, ha ampliado la familia con yernos que también rompen las costumbres: un marroquí, un dominicano y un colombiano. Una de las hermanas pequeñas está “apalabrada con un payo español” que trabaja en en barrio. La primera y la segunda generación de la familia ha crecido en las chabolas.

Algo que Manuela Cortés quiere evitarle a su hija Amanda. La chiquilla se pasa la tarde enseñando diplomas del colegio, canciones y dibujos a la visita. En mayo hará la comunión. A la entrada del descampado hay una lavadora, un viejo ordenador y otros trastos, la “chatarrilla” con la que Manuela espera costear la fiesta de su niña. Aún no sabe si será en el descampado o no.

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Sobre la firma

Pilar Álvarez
Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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