Adolescentes con segunda oportunidad

Un adolescente sale un día enfadado de clase, descarga su ira prendiendo fuego a las papeleras que se va encontrando de vuelta a casa, come, se echa una siesta y sigue su vida como si tal cosa. Hasta que unas semanas más tarde, le llega la citación de un fiscal de Menores para que declare por aquellas papeleras que, según varios testigos, él incendió. De la noche a la mañana, el chico se ve envuelto en un proceso judicial.

Escenas como éstas son habituales desde que hace 13 años entró en vigor la ley de responsabilidad penal del menor, uno de cuyos principios es darle al infractor de entre 14 y 18 años una segunda oportunidad que facilite su reinserción. Entre las penas que contempla para las infracciones menos graves están las medidas en beneficio de la comunidad, que persiguen que el chico “comprenda que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que la prestación de los trabajos que se le exigen es un acto de reparación justo”, señala el texto legal. Traducido a la práctica: en el caso del menor que quemó las papeleras, si el juez le considera culpable puede acabar, por ejemplo, condenado a ayudar al servicio municipal de Parques y Jardines a hacer un inventario de mobiliario roto.

En el año 2012 se ejecutaron en Andalucía 1.378 medidas en beneficio de la comunidad. La Consejería de Justicia e Interior tiene activos 360 convenios de colaboración con Ayuntamientos para impulsar la ejecución de estas prestaciones y el objetivo es ampliar el número de municipios implicados. “Es importante que el infractor cumpla la pena lo más cerca posible de su casa”, señala la directora general de Justicia Juvenil, Carmen Belinchón. La proximidad no es solo beneficiosa para que el menor pueda cumplir su condena sino porque, a menudo, la víctima es el propio pueblo o un parque o una plaza del barrio.

Justicia mantiene 360 convenios con municipios para aplicar estas penas

A cambio, el chaval consigue que en su entorno le vean asumir un nuevo rol. “Los chicos suelen estar estigmatizados y es muy positivo que los vecinos vean que puede ser responsable y trabajar por los demás”, señala María Luisa Morales, una de las coordinadoras de la Asociación Alternativa Abierta, una entidad que colabora con la Junta y los jueces para la aplicación de estas penas.

A la entidad llegan los jóvenes cuando el juez les ha ordenado que preste un servicio en beneficio de la comunidad. Los técnicos de la asociación entrevistan al infractor y a su familia para sondear con qué organismo o asociación puede participar el chico, que siempre tiene que dar su visto bueno. “Es importante recabar toda la información del chaval, su nivel educativo, sus aficiones, sus habilidades. A lo mejor nos llega uno que va muy bien en los estudios y puede hacer de apoyo escolar a otros jóvenes”, explica Morales. La pena elegida suele estar, con todo, relacionada con el daño que cometió.

La mayoría de los jueces imponen una prestación y son los técnicos los que seleccionan la actividad que más se adapta a las necesidades del menor. Algunos magistrados, sin embargo, prefieren fijar condenas concretas para resarcir a las víctimas y agitar la conciencia del chaval. Como cuando el juez de Granada Emilio Calatayud juzgó a unos jóvenes que habían causado daños a escaparates y una puerta de un Corte Inglés y les impuso ayudar a los profesionales encargados de arreglar lo que ellos habían roto.

“Ellos lo ven como una obligación. Pero lo bonito es que muchos de los chavales que empiezan por obligación luego siguen de forma voluntaria”, afirma la coordinadora de Alternativa Abierta. “Son medidas sancionadoras, pero, sobre todo, muy educativas”, recuerda la directora general de Justicia Juvenil. Los datos, asegura, respaldan el éxito de estas medidas: según un estudio reciente de la Universidad de Almería, el 80% de los menores que han cumplido una medida judicial no reincide. “Es importante que los hechos acaben convirtiéndose en una anécdota. Que sea la última vez que esa persona pisa un juzgado” afirma Belinchón.